La luz se cuela en diagonal por medio de un agujero en el techo. Cae justo sobre la cara de Jonathan e ilumina parte del entorno. Es un sol conocido, pero quema distinto. En otra latitud. A su alrededor, un voluminoso cerro de cebollas. Toma el cuchillo y sigue en la monotonía de la tarea: cortar las raíces, los dos polos y pelarlas. Las moscas se triplican cada día que pasa. Cabizbajo, se pregunta qué estará haciendo su familia en Haití.

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A mediados de septiembre, Jonathan (24) se bajó en el terminal San Borja de un bus proveniente de Iquique. Era el fin de su gran viaje que comenzó tomando un avión desde Gonaive, al norte de Haití. Su primo Daniel, que ya llevaba un tiempo en Chile, le comentó que le tenía trabajo seguro con un comerciante que vive cerca del persa Biobío. Al visitarlo todo salió como fue previsto: era un buen inicio.

Juan, el comerciante, lo primero que hizo fue pedirle a Jonathan su pasaporte y lo guardó en un cajón de su habitación. Hizo todas las labores que le pidió, satisfaciendo horarios y exigencias. La paga prometida eran 15 mil pesos diarios. Así, cada jornada, de 9 a 16, Jonathan cortó las cientos de cebollas que se acumulan en el suelo de la casa – fábrica (las cuales acumulan putrefacción ya que fueron compradas por mayor para hacer empanadas); abrió cuanta malla de limones se le pidió; hizo tareas de aseo y limpió tanto piso como utensilio le fue encomendado, de lunes a lunes durante un mes completo.

Pero Juan no cumplió. Le pagó solo 60 mil pesos.

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En una ola migratoria sin precedentes en nuestro país, Chile recibió el año pasado más de 44 mil ciudadanos y ciudadanas provenientes de Haití. Solo en el primer semestre del 2017 esa cifra fue igualada, por lo que se proyecta que sean casi 100 mil los haitianos que se establecerán en nuestro país en apenas 12 meses, según grafica un informe de la PDI publicado en El Mercurio.

Encontrar una vivienda decente se hace difícil, pero un trabajo estable se hace aún más. Y sin embargo, es imperativo. La ley chilena le exige a los inmigrantes un contrato indefinido, requisito fundamental para fijar residencia temporaria y salir de la condición de turista, la cual dura 90 días. Después de eso, automáticamente se pasa a ser irregular.

El Instituto Católico de Migración (INCAMI) es un departamento de la Iglesia Católica que funciona hace 62 años tratando asuntos migratorios. Lauro Bocchi, su director, certifica que los casos más delicados que han tratado en las distintas asesorías que ofrecen han sido aquellos relacionados a haitianos que compran, en su desesperación, contratos falsos: “Lo hacen porque disponen de tres meses para conseguir un contrato, lo que es difícil. Las empresas no suelen emplear haitianos, ya que deben hacerle un contrato indefinido en el menor tiempo posible y sin tiempo de prueba, a diferencia del chileno, que sí lo tiene”.

Es en este contexto que el trabajo ambulante y precarizado se torna la única salida, el sustento y opción de supervivencia para quienes han llegado al país sin poder conseguir empleo estable. El Super 8, tradicional oblea, inundó las calles de Santiago a niveles insospechados. En la distribuidora La Mundial explican que es debido a su bajo coste y gran demanda: comprando una caja de 24, el costo de cada uno es de $120 pesos.

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Martes por la tarde. El sol rebota con furia en el asfalto de Avenida Matta. Son miles los transeúntes que riegan las avenidas como ríos cargadas de micros, autos y gritos. En la esquina con calle San Diego, Daniel (31) se pasea con una caja reforzada con cinta adhesiva. Vende Super 8 aquí desde que entendió que sus intentos por encontrar trabajo se desmoronaban. Vive en Chile hace 17 meses, todos ellos trabajando en la calle. Siempre con una sonrisa en la cara y un avanzado español, nos cuenta de su natal Puerto Príncipe: “Es muy lindo, hay muchas playas. Allá tengo tres hermanos, cinco hermanas, mi esposa y mis tres hijos”. Comenta que le gusta vivir aquí, “pero es frío. Lo bueno es que me dejan trabajar tranquilo. Los carabineros ya no me dicen nada. Pero a veces me dan ganas de volver”.

Daniel se las ingenia para ganar más dinero. Asegura que los fines de semana trabaja con unos chilenos en el persa Biobío, “el Juan y la Paty”. Allí se dedica a vender empanadas y sopaipillas fritas, no sin quejarse de su falta de contrato. Mientras conversa, pasan dos chilenos que lo reconocen y saludan efusivamente. Uno de ellos es Andrés Contreras. Relata que Daniel pasa todos los días por la imprenta donde trabaja en calle Biobío rumbo a San Diego y aprovecha de vender su mercancía entre los trabajadores: “Ya somos amigos. A veces nos fía, le pagamos al día siguiente. Bromeamos diciéndole que venda cerveza, que ahí está la plata”. Sin embargo, entienden que puede que haya un chileno que lo esté engañando: “Le decimos que tenga cuidado, que si quiere nosotros le financiamos los superocho, que podemos hacer una vaca en la empresa, pero él dice que no”.

Daniel suele acompañarse de Jonathan, su primo, y Jill (42), un compatriota y colega. Él trabaja en la esquina de 10 de Julio con San Diego. Su laconismo se refuerza con su pobre español. Solo habla criollo y pinceladas de francés. Trabaja hace siete meses en la calle y tiene siete hijos que viven en Haití con su esposa. Ante la pregunta si le gusta vivir en Chile: “No. La gente me trata bien, pero no hay trabajo ni plata”.

En la intersección de San Diego con el Parque Almagro trabaja Misul, oriunda de Puerto Príncipe. Narra lo difícil que ha sido adaptarse a Chile: “Se gasta mucha platita en venir, casi $3000 dólares, y hay días donde no vendo casi nada, a lo más una caja o dos”. Apenas termine una venta y el semáforo dé la luz verde, vuelve a la esquina donde se emplaza la Universidad Central y mira al jardín interior. Ahí está saltando y corriendo Ashley, su pequeño hijo de 7 años, junto a otro niño chileno. A Misul le brilla la cara: “Llego aquí a las nueve y me voy a buscar a mi hijo al colegio a las una para almorzar”. Luego, concluye: “Cómo voy a trabajarle a un chileno, si con suerte me alcanza para mí”, y ríe.

/ Manuel José Pincheira

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En la sombra de un árbol de avenida Irarrázaval, Jhon Mergin (25) se queja del calor. “Hace bajar las ventas”, arremete. Viene de Las Caobas, ciudad de 45 mil habitantes eminentemente agrícola, enclavada en el centro de Haití. Lo acompaña Natasha, una joven que solo habla criollo. Detalla cómo fue estafado por un chileno: “Él se llama Lucho. Vive en Avenida La Granja esquina Uruguay. En un principio me ofreció trabajo vendiendo Super 8 y guagüitas, además de comida y una pieza en su casa. Todo iba bien; me hizo un contrato, pero no me pagó el segundo mes. Él es dueño de un restaurant y siempre le faltaba plata. Eso fue a fines de agosto”. Nunca lo denunció. Mientras la mirada se le pierde, finiquita: “Quiero sacar la residencia definitiva. Quiero seguir viviendo en Chile”.

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En cifras de la Dirección del Trabajo, al mes de mayo de este año se contaban 179 denuncias interpuestas por trabajadores haitianos debido a vulneraciones de sus derechos laborales. La cuenta ha tendido al alza, y siguiendo una simple proyección podemos ver que desde el 2014 ha aumentado en razón de 100 por año. El 2016 hubo 230 de ellas.

La académica de la Universidad de Chile y experta en migraciones María Emilia Tijoux sostiene que la razón de estos abusos es el estado obsoleto de la actual Ley de Migración: “El único decreto que existe es el firmado en 1975 por la Junta Militar. Hay un proyecto de ley, pero es racista. Ni el estado promueve protección a estas personas. Porque eso son, personas”.

Agrega que los vejámenes que sufren tienen que ver con la forma de ser “de la sociedad chilena, que le da lo mismo. No reacciona frente a esto porque encuentra que es normal que se les trate así”. La raíz, asevera, es herencia del período comprendido entre la dictadura y la transición a la democracia: “Con la Concertación se hace una diferencia radical entre inmigrante y extranjero. Cuando usted dice inmigrante no piensa en un español o en un inglés. Piensa en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Haití. El concepto de inmigración ya no se define como tal, sino que solo a seis países. Últimamente se volvió peor, ya que se piensa en el haitiano y esto se cruza con el color de piel”.

“En estas condiciones se entiende que un tipo miserable haga picar cebolla todo el día a un inmigrante, ya que a quién le va a reclamar”, remata.

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Juan García en apariencia tiene unos 50 años, macizo, barba incipiente de color algo rojiza y anteojos. Parte de su filosofía me la explicó una tarde de martes en su casa ubicada en Placer con San Isidro: en su trabajo “hay que hacer de todo” y “hay que saber dónde están las lucas”. Lleva 25 años vendiendo sopaipillas y empanadas fritas en la calle. Se jacta de tener tres carros de fritura funcionando. Detalla que le han quitado más de 150.

En su disfuncional hogar, las verduras y sacos de harina descansan al costado de las máquinas, en un pasillo que parece llevar a un living, pero solo desemboca en cebollas y cachureos apilados. Esta tarde, quizás como otras, da órdenes a algunos empleados que acarreaban cajas con limones y masas de empanadas hacia dos camionetas. Admite que sí trabaja con haitianos y que “éticamente” les paga 15 mil diarios, pero también que él no es la persona indicada para darles contrato“, ya que trabaja en la calle y “fuera del sistema”, como le gusta a él.

“Este trabajo es bien cansino”, se defiende; “no es algo muy espectacular que digamos. Regularizarme es cambiar todo mi sistema de vida”. Luego de preguntarle por alguna normalización de su negocio, admite que no impone ni da boleta, “solo sé dónde está la plata. Por eso yo no puedo ostentar más de lo que tengo, porque altiro me pesca el SII y me dice “¿y de dónde sacaste esto?”. Todo lo que tengo me lo ha dado la calle, nunca le he pedido dinero a un banco. No figuro en su sistema, ni tengo tarjetas”, concreta.

A medida que sigue la conversación él mantiene su actitud abierta y algo fanfarrona. Despide un leve hálito alcohólico. Explica que los haitianos tienen una “disciplina” que no va con él: “Ellos me piden contrato, pero hay que enseñarles a trabajar, como es el caso de Jonathan. El chileno puede ser vivaracho, pero con ritmo. Ellos no, tienen otra disciplina. Usan el celular a diario, hay que quitárselos para que funcionen mejor. Se demoran el doble en desmallar limones o en tareas en comparación a lo que uno se demora”.

Días después, conversando con Jonathan, describió su experiencia trabajando con Juan: “Cuando se emborrachaba me trataba muy mal, me gritaba y me decía cosas feas. Entonces, como yo quiero trabajar de buena forma, ya no trabajo con él, no me gustó”.

La tarde que Juan García mostró su infortunado imperio, antes de finalizar la conversación, hizo un último comentario: “Ellos no se llaman así, son apodos. Mira, ven, aquí guardo sus documentos”, y procede a mostrar dos pasaportes. Uno de ellos, el de Jonathan.

Según la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, este hecho puede configurar una situación de control; por tanto, puede tipificarse como delito de trata. Al final de este reportaje, a fines de octubre de este año, se han constatado a detectives de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la PDI todos los antecedentes recabados y se ha comenzado una investigación.

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La luz se colaba en diagonal desde el techo, alumbraba el cuchillo, el sudor en la frente y las ganas de prosperar. Es un sol conocido, pero quema distinto. En otra latitud. En todo el país se repiten las historias como la de Misul, Jhon y Daniel, que buscan a punta de esfuerzo el contrato, el reconocimiento. Un final feliz, pero quizás no a la chilena. A la haitiana. O como dice Jonathan: “Me gusta la gente que es buena, trabajar de buena forma. Quiero comer y vivir dignamente. Estoy bien en Chile y quiero ser feliz aquí”.

Jonathan / Foto: Manuel José Pincheira