El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, y el director del Servicio Nacional de Consumidores (Sernac), Ernesto Muñoz, estuvieron entre quienes más destacaron y celebraron en octubre pasado la aprobación en el Congreso del proyecto que fortalece esta última institución y le entrega una serie de nuevas herramientas para regular, fiscalizar y sancionar empresas, lo que para muchos la convertía en un “león con dientes”.

Uno de los puntos que más se destacó fue que la iniciativa obliga a las empresas a responder los reclamos de consumidores -de no hacerlo recibirán una sanción-, y si dicha respuesta no es satisfactoria, se abre un espacio de conciliación para llegar a acuerdos que satisfascan a ambas partes, con preferencia a la reparación por sobre la imposición de multas (que pueden alcanzar hasta los $105 millones). Además, se crean nuevos mecanismos para que el Sernac pueda indagar con mayor facilidad los incumplimientos de las empresas.

Sin embargo, en medio de su paso por el Tribunal Constitucional (TC), las garras y dientes de la institución estarían en peligro, debido a que existe una mayoría de los diez ministros que lo integran que se manifestaron a favor de establecer que la función para sancionar no es constitucional, según consigna este lunes Radio Cooperativa, lo que es visto con preocupación desde el Sernac.

“Si bien no se conoce aún el fallo por parte del TC, ya que se trata de un proceso del cual no tenemos información, debo señalar que su efecto sería profundamente negativo, ya que debilitaría de manera importante el proyecto que busca equilibrar la cancha entre consumidores y empresas”, afirmó Muñoz durante esta jornada.

“Para proteger a las personas de los abusos, el Estado debe ser efectivo en sancionar a quienes no cumplen con la Ley. Cuando esto no ocurre, las malas prácticas continúan”, continuó, y mencionó como ejemplo el caso de las farmacias e Hites, que recientemente fueron denunciadas por la entidad por incumplimientos a la ley del Consumidor en información de precios y cobros que superan el límite de la tasa de interés (respectivamente). “Esto demuestra que lamentablemente con la ley actual, a muchas empresas les sale más barato infringir la ley”, agregó Muñoz.

La iniciativa que fortalece el Senac fue discutida durante más de tres años en el Congreso, y luego de ser aprobada, no fue recibida por el mundo empresarial. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, estuvo entre los más críticos y señaló que le preocupaba “la famosa facultad normativa, ya que este es un rol que corresponde principalmente al Congreso Nacional o al Poder Ejecutivo”.

De hecho, a mediados de noviembre desde la agrupación presentaron un inédito escrito al TC para frenar el despacho a ley del emblemático proyecto del gobierno, y que cambió el trámite por el tribunal desde un rutinario de control de constitucionalidad a un pronunciamiento específico sobre varias disposiciones, y que podría terminar con la iniciativa mutilada.