Fuente: Agencia Uno (archivo). |
La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) presentó una demanda en contra del máximo cargo de la Fiscalía por acciones que, según los trabajadores, derivan en acoso laboral, hostigamiento y vulneraciones a la libertad sindical.
La ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía Nacional tenía que ser motivo de satisfacción y festejo para el conjunto de los funcionarios del Ministerio Público, aprovechando que, el mismo 17 de octubre, celebraban también el 18º aniversario de la institución.
Sin embargo, no fue así para todos. De hecho, algunos de sus trabajadores acusan que ni siquiera fueron invitados al evento. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras agrupados bajo la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip). La organización gremial -y sus asociados- fue la única excluida de ambas actividades. Ante la sorpresa, el colectivo dirigió una carta al jefe de gabinete de la Fiscalía Nacional, Mauricio Salinas Chaud.
“Por supuesto que están invitados. Se dirigió invitación a todos los presidentes de asociaciones. No tengo claro qué habrá ocurrido en su caso, pero desde ya le ofrezco todas las disculpas, pero esperamos contar con su presencia”, respondió Salinas.
Así se daba el punto de quiebre entre los funcionarios de la Fenamip y las autoridades de la Fiscalía. Fue la gota que colmó un vaso que venía llenándose desde hacía meses y que, finalmente, llevó a los empleados organizados a presentar una demanda ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago por prácticas antisindicales en contra de la organización.
Son muchos los casos de acoso laboral, hostigamiento y vulneraciones a la libertad sindical que denuncian los funcionarios públicos. Los implicados también son múltiples, sin embargo, las principales acusaciones recaen sobre el fiscal nacional, Jorge Abbott; y los altos cargos de la Fiscalía Regional Occidente: el fiscal regional, José Luis Pérez Calaf; su director ejecutivo, Rodrigo Lazo; y el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la misma Fiscalía, Antonio Lupayante.
El conflicto entre altos cargos y trabajadores del Ministerio Público ha llevado a la Fenamip a presentar dos demandas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2008 y en 2014, y otras dos ante los tribunales laborales de Chile (2016 y 2017). Los líderes sindicales denuncian que las malas prácticas que ocurren al interior de la Fiscalía se deben a la autonomía que tiene esta instancia, que no se somete a la fiscalización de ningún organismo externo.
El 1 de agosto de 2016, la presidenta de la Fenamip, Paulina Ruíz, habló con CNN acerca de las condiciones laborales de los trabajadores del Ministerio Público. En su discurso, criticó que en el organismo se violaban los derechos fundamentales sistemáticamente, entendiendo que los derechos laborales son derechos humanos de tercera generación. Según recoge la demanda presentada, al día siguiente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un correo electrónico a los empleados recriminando a la Fenamip y a su presidenta por los dichos pronunciados ante las cámaras de televisión.
En el texto, el fiscal nacional manifestaba su “profundo malestar y decepción por el equívoco mensaje” que la dirgenta pronunció y aseguró que su organización sólo tiene “una representatividad relativa” y la acusaba de “sembrar gratuitamente la desconfianza entre todos quienes tenemos el orgullo y responsabilidad de servir al Ministerio Público”.
Tras ese mensaje, Ruíz fue citada a declarar en una causa abierta en su contra por “Otros hechos”, instruida por el mismo fiscal nacional con el fin de investigar sus dichos a la prensa. “Abbott inició la investigación penal bajo el fundamento de que si Paulina Ruíz señalaba que existía esta vulneración a derechos fundamentales tenía que denunciar el hecho y señalar cuáles eran los delitos que se estaban cometiendo para que el fiscal nacional iniciara una investigación al respecto. La indagación se abrió bajo la causa de “Otros hechos” porque no había ningún delito en sus declaraciones”, explica a El Desconcierto Fabio Trujillo, director de la Fenamip y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Occidente (Asffro), que acoge a 160 personas y representa un 70 por ciento del total de trabajadores de la instancia.
El conflicto que en aquel entonces se abrió entre Abbott y la Federación provocó que los funcionarios públicos presentaran la primera demanda contra el fiscal nacional por prácticas antisindicales. En la investigación, fue citada a declarar toda la plana mayor del órgano persecutor, un hecho insólito y que, para los empleados, corroboró la realidad que se vive al interior de la institución.
La demanda interpuesta provocó que el fiscal nacional se sentara a negociar y se comprometiera con la Fenamip a llevar a cabo varias medidas, entre ellas la puesta en marcha de una mesa de trabajo para regular ciertos temas de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. “Queríamos adaptar el marco legal para poder avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos sindicales, por ejemplo, tener las garantías y facilidades para poder cumplir nuestro rol en relación a nuestros derechos laborales y fundamentales como dirigentes sindicales”, sostiene Trujillo.
Sin embargo, según los empleados públicos, los acuerdos -pactados el pasado mes de marzo- “no fueron cumplidos” y el fiscal general “no tomó cartas” en ninguno de los hechos denunciados hasta ahora. “Cuando le solicitamos al fiscal regional la autorización para reunirnos con los trabajadores, éste nos prohibió realizar las visitas en horario de trabajo, pese a que esto fue comprometido por Abbott”, lamenta Trujillo.
Si existe una área específica donde, según los funcionarios públicos, el hostigamiento es más duro y reiterado, ésta es la Unidad de Administración y Finanzas de la Fiscalía Occidente, dirigida por Antonio Lupayante.
Desde que Lupayante asumió la jefatura en septiembre de 2016 los desencuentros con la dirigencia sindical fueron costantes y, según se recoge en la demanda, en varias ocasiones disparó con comentarios discriminatorios a los líderes sindicales, ejerciendo «presiones injustificadas y temor» sobre los funcionarios que se desempeñan en su unidad. “De once funcionarios que conforman el área, sólo cuentan con seis activos, los otros están con licencia por estrés laboral o depresión”, sostuvo Trujillo, quien agregó que además en el área se han presentado tres renuncias de profesionales. Pese a que las desavenencias y malestares del equipo fueron trasladados a las autoridades regionales y nacionales, los trabajadores denuncian que no obtuvieron ningún acercamiento por su parte.
Entre las últimas sorpresas con las que han tenido que lidiar los empleados del Ministerio Público está la creación del llamado “consejo de delegados regionales”, una organización creada y coordinada por la Fiscalía Regional Occidente que tiene “como único propósito” levantar una figura similar a una asociación de funcionarios, “pero sin la democracia, ni formalidades que se necesitan, y que entraría en conflicto con las funciones propias de la ASFFRO”, describe la demanda. En definitiva, “el clásico paralelismo sindical que está dentro del catálogo de evidentes conductas antisindicales”, concluye el texto.
A pesar de que, inicialmente, la nueva organización promovió, a través de la jefatura, una serie de beneficios que los trabajadores llevaban tiempo reclamando, la Fenamip denunció la “obstaculización de los dirigentes regionales” ya que “el paralelismo sindical (…) coloca a la figura del delegado a la par, e incluso por sobre la figura del dirigente sindical, generándose así, una práctica que buscaría dividir el cuerpo de afiliados y erosionar la representación sindical que ostenta dicha organización”, esgrime el reclamo.
Para los mil trabajadores asociados a la Fenamip, que representan un 40 por ciento del total de funcionarios del Ministerio Público, la situación no resiste mayor espera y decidieron dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentan. Por eso, han hecho un llamado a los parlamentarios a promover iniciativas que permitan la competencia de la Contraloría General para pronunciarse sobre la legalidad de las actuaciones que se ejercen sobre los trabajadores.
«Ya es hora que esta problemática sea abordada por los parlamentarios y también por los candidatos a la presidencia del país» señaló Paulina Ruiz, presidenta de Fenamip. Y agregó: «No solo requerimos fiscalización externa para evitar despidos injustificados o represalias, sino también para enfrentar sumarios en los que no se respeta el debido proceso, reclamos en concursos públicos, u otras arbitrariedades que forman parte de las atribuciones del fiscal nacional y los fiscales regionales”.
La perseverancia de los funcionarios de la Fiscalía provocará que por primera vez se lleve a cabo un juicio laboral por una desvinculación improcedente de un profesional de la región de Los Ríos. Además, se acogió a trámite una segunda demanda por prácticas antisindicales contra el actual Fiscal Nacional. Si la Justicia avanza en esta dirección, todo hace pensar que el lema con el que los funcionarios públicos denunciaron su situación podría cumplirse -más tarde que temprano- y quizás sí que veremos al Ministerio Público en el banquillo.
