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Cuatro ex carabineros serán acusados por desaparición de José Vergara en Alto Hospicio

Por: El Desconcierto | Publicado: 15.12.2017
Los ex carabineros Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Manuel Carvajal Fabres y Abraham Caro Pérez serán acusados por el Ministerio Público como responsables de la desaparición del joven de 23 años, quien padecía esquizofrenia.

Durante el pasado jueves se realizó la audiencia de preparación del juicio oral contra los ex funcionarios de Carabineros que serán acusados por el Ministerio Público como los responsables de la desaparición de José Vergara, ocurrida en septiembre de 2015.

Según lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Iquique, se mantendrá toda la prueba testimonial, documental y pericial que ofreció el Ministerio Público para el juicio oral que se realizará próximamente. Esto, a pesar de que la defensa de los acusados solicitó la exclusión de algunas pruebas presentadas por la Fiscalía.

Sin embargo, la fiscal Virginia Aravena solicitó que se rechaza tal exclusión, ya que se trata de pruebas lícitas y argumentó que, dada la gravedad del caso, era imprescindible que fuera recibida en su totalidad.

El 13 de septiembre de 2015, José Vergara (23) -quien padecía esquizofrenia- fue detenido por Carabineros y abandonado en el desierto por una patrulla policial. Su paradero aún es desconocido y su familia no ha dejado de buscarlo y pedir ayuda para definir dónde está.

Por ello, la fiscal Aravena argumentó que «esta es la única causa en Chile por una desaparición forzada de una persona por agentes del Estado ocurrida en democracia, que tiene personas formalizadas y acusadas por estos hechos».

Además, agregó que el caso «exige no sólo nuestra obligación de investigar, sino también el derecho a que se conozca la verdad de los mismos, y es por ello que es necesario que toda la prueba sea presentada en el juicio oral».

Además, se resolvió mantener la prisión preventiva de los acusados Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Manuel Carvajal Fabres y Abraham Caro Pérez. La Fiscalía solicita una pena de 20 años de presidio por el delito de secuestro calificado y 3 años y un día por la falsificación de documento público.

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