Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer creada en 1998, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (REDTRASEX), denunció este miércoles 6 de diciembre la persecución y hostigamiento por parte de agentes de seguridad del Estado de Chile hacia las trabajadoras sexuales, evidencia contenida en el Informe Nacional del Estudio sobre Violencia Institucional 2017.

La lucha histórica de las trabajadoras sexuales ha sido por el derecho al trabajo y la regulación del comercio sexual. La regulación de tal derecho ha visto dificultades por la indefinición de la legislación chilena respecto del trabajo sexual adulto y consentido.

La legislación chilena no penaliza el ejercicio del trabajo sexual entre personas adultas, sin embargo, el Código Sanitario en su artículo 41 reconoce el trabajo sexual pero restringe el comercio sexual en espacios cerrados; mientras el artículo 343 del Código Penal sanciona las ofensas a la moral y las buenas costumbres, facultad legal que utiliza la policía para hostigar a las trabajadoras sexuales, lo que se denomina como violencia institucional.

Los actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas a las que apelan las personas que ejercen violencia institucional son principalmente Carabineros de Chile, uniformados y civiles, agentes policiales de la PDI, inspectores municipales, inspectores sanitarios y, en el ámbito de la justicia, los fiscales y funcionarios del poder judicial.

Las denuncias por violación a los Derechos Humanos de trabajadoras sexuales se reflejan en el la “Encuesta de Violencia Institucional” aplicada por las dirigentas de Fundación Margen entre los meses de mayo y agosto de 2017.

En concurrido encuentro con la prensa nacional sostenido el pasado 6 de diciembre, las mujeres trabajadoras sexuales denunciaron una serie de acciones represivas bajo la ley de control de identidad, siendo las más importantes: allanamiento de rutina sin orden judicial a lugares de contacto, estableciendo una estrategia policial de hostigamiento y estigmatización de las zonas de la ciudad donde se concentra el trabajo sexual.

Entre las situaciones de violencia institucional que enfrenta el trabajo sexual en Chile, destaca la situación de vulnerabilidad de parte de las trabajadoras sexuales frente al constante hostigamiento de los agentes de seguridad, amparados en la aplicación de la Ley 20.931 que posibilita el control de identidad preventivo. Tal resquicio legal se utiliza no sólo para perseguir a jóvenes pobres y migrantes, sino que también a trabajadoras sexuales.

Algunas de las cifras que dan cuenta de esta realidad, destacan lo siguiente:

·         Un 61,21% de las mujeres que declara haber sido retenida por las fuerzas de seguridad señala que esto fue debido a un control de identidad preventivo.

·         Un 74,39% de las mujeres que relatan haber vivido allanamientos en sus lugares de trabajo menciona que éste fue debido a un control de identidad preventivo.

·         De estas mujeres que vivieron allanamientos, un 84,14% señala que éste fue realizado sin una orden judicial.

·         Un 73,81% de las mujeres encuestadas declara haber sido detenida por revisión de antecedentes y controles de rutina, ambas medidas que superan las facultades de las fuerzas de seguridad.

·         Un 63,23% de las mujeres que vivieron algún tipo de violencia no denuncia formalmente por miedo a represalias.

Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer recalcó que estas situaciones se deben al vacío legal en materia de regulación del trabajo sexual y que sólo la regulación del trabajo sexual detendrá la violencia policiaca e institucional que viven a diario las trabajadoras sexuales.