La meta de alcanzar un estadio de progreso económico sustentable, comparable a los países desarrollados, no se logra con las recetas y propuestas de la derecha. En esta columna sostenemos que tanto la arquitectura del sistema económico como el menospreciado y relegado papel del Estado en el fomento productivo, ambos bastiones programáticos de la derecha, imposibilitan conseguir el desarrollo económico prometido.

La precariedad del modelo económico

A pesar de lo que nos quiere hacer creer la derecha, su candidato, el gran empresariado y la ortodoxia económica del país, la recesión económica obedece a las características del modelo económico y sus incapacidades estructurales para enfrentar periodos de contracción económica. Una de las particularidades de la economía nacional es su nivel de apertura comercial. Chile es uno de los países con mayor cantidad de Tratados de Libre Comercio en el mundo. Según la Dirección General de Relaciones Comerciales Internacionales (DIRECON), posee más de 25 tratados comerciales asociados a más de 60 países del mundo. Esta apertura ha redundado en que actualmente exportamos casi la misma cantidad de recursos de los que se importan (balanza comercial casi en 0), con un fuerte predominio exportador hacia los países asiáticos (29% China, 9% Japón, 7% Corea del Sur y 2% India según datos de The Observatory of Economic Complexity). Este escenario redunda en una posición de alta dependencia y vulnerabilidad económica frente a posibles recesiones de la economía internacional. De ahí el dicho “cuando China se resfría, a Chile le da pulmonía”.

Por otro lado, la estrategia base para el desarrollo productivo del país ha Estado sustentada en la explotación de manera intensiva de recursos naturales, sin agregar mayor valor a los productos extraídos, despreocupados del alto daño ambiental obtenido en el proceso. El cobre y sus derivados representan más del 40% de la matriz de exportación del país. A ello se le suman pescados, frutas, vegetales, madera y otros metales. De chips, desarrollo tecnológico o innovación en la producción de manufacturas derivadas de estas materias primas ni hablar. En esta línea, Chile presenta una amplia diferencia y rezago al resto de los países de la OCDE en relación a los indicadores de diversificación y desarrollo industrial, como datos sobre productividad verde, demanda verde y gastos en I+D. En todos ellos, somos el país con peor rendimiento (según datos OCDE), destruyendo y depredando el medio ambiente y la naturaleza.

Similar brecha presenta el desarrollo del capital humano y educación. Contamos con un amplio déficit y desequilibrio estructural de capital humano avanzado que no permite generar innovación productiva y derrama tecnológica. De la cantidad de doctores que se encuentran en formación a través de programas de financiamiento público, solo el 14% se relacionan a sectores industriales y productivos. Por ello no es sorprendente constatar que el país posee magros resultados en niveles de productividad, en especial cuando comparamos con los países de la OCDE. Las intensividad en la extracción de materias primas de la estructura productiva del país, reproduce una matriz industrial con bajos niveles conocimiento y tecnología, pobre inversión en capital humano y un alto rentismo empresarial. Existe una débil demanda por trabajo especializado y experto. En cambio, se privilegia la subcontratación, aumenta la precarización laboral (o flexibilidad como le llaman) y la oferta de trabajos de baja especialización.

Asimismo, la caída en la evolución de los factores productivos se encuentra directamente relacionada a las debilidades del sistema de innovación y tecnología de los procesos. No solo producimos bienes y servicios de muy bajo valor agregado, sino que a costos altísimos, de una baja calidad, poco confiables y nada competitivos en otros mercados. Chile posee el nivel más bajo de gasto en I + D e innovación de los países de la OCDE, especialmente en el mundo privado (lo que refuerza el rentismo extractivo). En todas las dimensiones medidas estamos en la parte más baja de la escala, como por ejemplo poseer universidades entre las mejores 500, publicaciones en revistas de prestigio, primeros 500 inversores empresariales en I + D, familias de patentes tríadicas y marcas registradas.

La precariedad del modelo económico constituye el talón de Aquiles para avanzar en un desarrollo económico. Representa la falla de origen que debemos superar para alcanzar una estructura económica sustentable que avance hacia un sistema económico resiliente frente a los shocks externos, que fomente el desarrollo de nuevas industrias y nuevas tecnologías, que proteja los bienes y servicios producidos en el país, y que en suma, permita generar el progreso económico que impulse un Estado garante de los derechos sociales, superando el modelo subsidiario impuesto en dictadura.

El Estado como actor secundario del desarrollo productivo

Numerosos son los estudios sobre las determinantes del desarrollo económico de las naciones (Rodrik, CEPAL, Wade, Larraín et al, entre otros), teniendo como paradigma el caso de Corea del Sur, el único país del mundo en transitar del subdesarrollo al desarrollo. Alcanzar el desarrollo requiere ampliar la matriz industrial y productiva, abarcando una multiplicidad de mercados,  y bienes y servicios con altos niveles de competitividad. En este objetivo, el rol del Estado es fundamental, como demuestra el caso coreano. Cualquier promesa de desarrollo y bienestar económico requiere de un Estado fortalecido, que resguarde y garantice tanto el respeto a los trabajadores y consumidores como a la libertad de emprendimiento y competencia.

Ante la incapacidad redistributiva del mercado, las grandes externalidades negativas del rentismo extractivo y la gran asimetría de información productor-consumidor, el Estado debe tener un papel protagónico en las transformaciones que la económica del país requiere. Sin la presencia activa del Estado, los desequilibrios del mercado impedirían un crecimiento económico sustentable, nuevas empresas, nuevos productos, nueva tecnología, se concentraría el capital (monopolio/oligopolios), entre otros efectos (ver Stiglitz). Estados débiles sin control sobre los mercados posibilitan la colusión, contratos irregulares, desequilibrios de mercados  (en Chile casi todos los mercados son oligopólicos) y un aumento de la desconfianza.

Hoy, el Estado concentra principalmente su operación y recursos en la provisión de “bienes públicos” (muchos entregados por privados vía concesión), quedando totalmente relegado el gasto en fomento productivo, innovación y tecnología. Según un estudio del BID, el año 2016 el Estado chileno gastó alrededor de 2,5% del PIB en seguridad pública. En la Ley de Presupuesto para el año 2018, alrededor de un 5% del gasto público estará destinado a infraestructura pública. En contraste, los recursos disponibles para fomento productivo, competitividad, innovación y tecnología representan cerca de un 0,8% del gasto público equivalente a un 0,2% del PIB aproximadamente. El promedio del gasto público de los países de la OCDE en I+D es de un 0,6% del PIB, encontrándonos a años luz del 1% de PIB que Corea del Sur invierte en ciencia, tecnología e innovación. El Estado está confinado al resguardo de la propiedad privada, la libertad de competencia y en la disposición de infraestructura para el desarrollo de los negocios, en desmedro de constituirse como un agente protagónico de las transformaciones económicas. Pero cuando quiere incentivar el desarrollo de las industrias competitivas y con indudables ventajas comparativas (lo que han hecho todos los países desarrollados), la ortodoxia económica, el gran empresariado y una parte importante y transversal de la élite política se oponen.

Lo paradójico, es que siendo Piñera el paladín del crecimiento y el desarrollo económico, durante su gobierno el gasto público en innovación fue mucho menor, cortando (literalmente) las pequeñas y limitadas políticas de desarrollo productivo e innovación que contaba el Estado. Eliminaron las restringidas políticas de clústers, disminuyeron ostensiblemente la disposición de capital de riesgo, semilla y fomento de incubadoras de negocios. ¿El argumento? Beneficiar a unas industrias por sobre otras, generando desequilibrios en la competitividad del mercado, siendo demasiado costoso para el Estado. Algo no solo engañoso, si no que totalmente regresivo en la búsqueda de diversificar la matriz productiva del país.

Las actuales condiciones estructurales del sistema económico y el limitado rol del Estado en la transformación productiva del país, restringen lograr el desarrollo y un mayor bienestar social y económico de la población. Alcanzar el desarrollo requiere ineludiblemente de un esfuerzo por superar la camisa de fuerza que representa el  actual modelo de Estado subsidiario y la panacea del crecimiento. El objetivo de crecer es relevante siempre que se entienda como un medio vinculado al desarrollo de políticas que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población más vulnerable, el respeto al medio ambiente, una mayor justicia redistributiva, más igualdad y libertad social. Si no, y parafraseando a un ex presidente de derecha, el crecimiento solo es música.