Casi un mes en huelga cumplen los médicos y médicas bolivianas que protestan en contra de las medidas que, según ellos, perjudicarán su trabajo profesional. Denuncian la aprobación de un artículo en el nuevo Código Penal que establece penas de entre dos y seis años de prisión, además de inhabilitación definitiva para ejercer, en contra de los profesionales que por impericia causen daño a la salud y la vida.

Los médicos –algunos de los cuales están en huelga de hambre– también se oponen a la creación de una “Autoridad de Fiscalización”, cuyo propósito es regular los servicios de salud, incluyendo las tarifas que ellos cobran.

El gobierno de Evo Morales, por su parte, respondió a la huelga con amenazas de despidos y trayendo brigadas de médicos cubanos para organizar “ferias gratuitas de salud” y culpa a los manifestantes de algunos de los fallecimientos acaecidos últimamente, una afirmación que los doctores rechazaron.

Por primera vez los huelguistas no solo dejaron de trabajar en los centros públicos, sino también en los privados, y recibieron el apoyo de enfermeros y farmacéuticos. También protagonizaron manifestaciones en todas las ciudades del país, como la de este martes en La Paz, que dejó un saldo de dos detenidos y tres heridos.

Hasta ahora la mala práctica médica no estaba expresamente tipificada como delito, y los casos se consideraban en base a normas más generales. Con la aprobación de las medidas, los médicos lamentan que en un “país litigador” como Bolivia, el cambio les impedirá ejercer con tranquilidad y aumentará el costo de los procedimientos. También señalan que muchos de los ejemplos que se presentan como negligencias o malas prácticas son resultado de la falta de tecnologías, inversión y recursos en el sistema de salud pública. Los líderes gremiales ya aseguraron que no levantarán la huelga hasta que el presidente se reúna con ellos y eche atrás las medidas.

Las autoridades, por su parte, defienden la necesidad de un instrumento preciso para sancionar la negligencia profesional, la cual ha causado muchas víctimas, y aseguran que el gobierno acordó con los dirigentes médicos las medidas que ahora estos objetan.