Los catalanes y catalanas vuelven este jueves a las urnas en unas elecciones, convocadas por el gobierno español de Mariano Rajoy, que serán claves para el futuro de la región. En total, 5,5 millones de personas están convocadas a votar para elegir a los 135 diputados del parlamento catalán.

Los primeros datos sobre la participación auguran unos comicios con una masiva respuesta de la ciudadanía, muy dividida entre partidarios y detractores de la independencia. A las 18h (hora española), la participación era del 68,3%, 5 puntos por encima de la que se registró, a la misma hora, en las últimas elecciones regionales, en 2015, cuando fue del 63%.

Pese a ser convocadas en día laborable, se espera un récord histórico de electores que demuestra que se trata de unas elecciones excepcionales, con candidatos a la presidencia en la cárcel, como el líder de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras, o en el exilio (Bélgica), como el presidente cesado Carles Puigdemont.

La victoria de este jueves se disputa entre ERC, Juntos por Catalunya (JxCat) y Ciudadanos -el único partido unionista-. Los tres grupos, según los sondeos, tienen opciones de ganar en una votación muy ajustada y que probablemente dejará un parlamento fragmentado y sin mayorías absolutas. La aritmética definitiva dependerá, en buena parte, de la decisión del millón de indecisos.

En juego, además de la composición del ejecutivo y el legislativo, está también la continuidad de la aplicación del artículo 155, que supuso la intervención del gobierno catalán en represalia al referéndum del 1 de octubre.

Llamado al diálogo

Un centenar de diputados de distintos países europeos instaron al gobierno español de Mariano Rajoy a establecer un “diálogo político” con el gobierno que resulte electo en Cataluña. Los parlamentarios de países como Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Letonia, Eslovenia, Reino Unido, Estonia o Finlandia, entre otros, expresaron, en una declaración conjunta, su “profunda preocupación” por la situación actual en Cataluña.

En la misma línea, pidieron al ejecutivo central que cese en “el uso de la fuerza”, en referencia a la destitución del gobierno catalán y a los encarcelamientos de los líderes independentistas y miembros del gobierno, y solicitaron su puesta en libertad.