La justicia argentina confirmó el procesamiento y embargo de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le investiga por el encubrimiento del atentado de la AMIA al impulsar la firma del Memorándum con Irán.

Según detalla Clarín, los cargos que recaen sobre ella son estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. De esta manera, revocaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesarlos a todos por traición a la Patria. De esta forma, fueron confirmados los embargos millonarios y la prisión preventiva sobre la viuda del también ex presidente argentino, Néstor Kichner.

Según la justicia, la ex mandataria y sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía. En la causa se determinó que el Pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA, “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

Los tribunales confirmaron el procesamiento contra la senadora nacional, y los demás imputados por encubrimiento al considerar que todos ayudaron a los a “prófugos a sustraerse del proceso donde se los imputó de haber cometido un crimen de lesa humanidad que ocasionó la muerte de un significativo número de víctimas”, además de una importante cantidad de heridos.

La causa se reactivó luego de conocerse una conversación del ex canciller Héctor Timerman con un directivo de la AMIA, en la que el entonces funcionario habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.

El caso AMIA se abrió tras el atentado que tuvo lugar en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. El hecho es considerado uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas,  y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado.