Durante el pasado jueves, el espacio de memorias Londres 38 interpuso una querella contra quienes resulten responsables del delito de sustracción y supresión de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados.

La acción se enmarca en la información revelada por el New York Times sobre la quema de microfilms y archivos vinculados a las actuaciones de los organismos de inteligencia del Ejército durante la dictadura militar, y en el informe de sumario que fue firmado por el general Ricardo Martínez, quien asumirá en marzo como Comandante en Jefe del Ejército.

En el informe, Martínez reconoce que se concretó el plan de destruir información archivada en los años 1980 y 1982. Al respecto, la querella señala que “la información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de las acciones operativas realizadas esos años. En este sentido, la resolución de la Investigación Sumaria viene a corroborar la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de información podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA)”.

Para Londres 38 la quema de archivos no fue una práctica aislada, sino que tuvo que ver con la intención de los organismos estatales de mantener “la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”.

A juicio de la entidad, un reconocimiento explícito de las Fuerzas Armadas sobre estos archivos podría ser relevante para determinar el destino de las miles de víctimas del régimen que aún siguen desaparecidos.

La querella fue presentada por los abogados de Derechos Humanos, Magdalena Garcés y Sebastián Velásquez, junto a representantes de Londres 38 y activistas de Derechos humanos. La acción judicial se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia llevada a cabo por el sitio de memoria, que busca relevar la necesidad de realizar todas las acciones que permitan establecer la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante el régimen militar que siguen en impunidad.