Son dos las sentencias que se han atribuido como fundamentos de nuestra democracia. La primera de ellas es que la esencia de la democracia es el voto. La segunda, que el voto constituye un deber cívico. El objetivo de esta columna es poder examinar críticamente los supuestos sobre los que reposan estas ideas, con la finalidad de contribuir a un debate sobre la democracia.

Que lo esencial de la democracia sea el voto supone considerar que el modo de participación política por excelencia es el acto del sufragio. Ello nos lleva a interrogarnos: ¿qué significa votar? En el marco de una democracia representativa, implica autorizar a un ciudadano, que posea los atributos de liderazgo político, a que se transforme en un futuro legislador. Es decir, la función del elector en tanto que ciudadano, no es la de legislar, sino la de delegar ese mandato a quien se considera un especialista en la materia.

Estamos entonces ante una democracia elitista, que reduce el acto legislativo a la labor de un grupo de especialistas, o que se consideran como tales y cuentan con la autorización de la opinión pública para detentar esa condición. El problema es que esa opinión pública se construye sobre la base de sus propias influencias, como si la especialidad que lo autoriza a gobernar fuese una hipótesis autocumplida, de modo es legítimo quien posee las condiciones y/o recursos para legitimarse, y no necesariamente quien exhiba los argumentos más verosímiles. Representar, además, consiste en modificar la naturaleza de lo representado.

Es interesante que se nos diga con vehemencia que lo esencial de la democracia es el voto, puesto que entonces la democracia deviene en un ejercicio fundamentalmente administrativo, toda vez que su esencialidad recae en un aspecto puramente procedimental. La democracia, vista así, consiste en administrar las instituciones del Estado, restando importancia a la disputa hegemónica hasta el punto de obliterarla, so pena de ser caricaturizado quien desafíe ese límite ideológico. De ello se desprende que nuestro concepto normativo de democracia tenga mayor similitud con la subjetividad totalitaria que con la posibilidad del conflicto y parece efectivo entonces que el totalitarismo –como nos lo dice Esposito (1996)– no es una exterioridad de la democracia, sino que su revés.

Si el acto del sufragio resulta de tanta importancia para el “funcionamiento” de la democracia, entonces debe ser instaurado como una responsabilidad moral. Es el deber cívico del ciudadano, y aquí surge la segunda interrogante ¿qué es un deber cívico? Es lógicamente una responsabilidad con el Estado. Pero el costo de la transgresión de ese “deber” es experimentado como un sentimiento de culpa.

El deber cívico con el Estado y financiero con las corporaciones, y la culposidad que acompaña el incumplimiento de ese deber, se ajusta a la condición religiosa que Walter Benjamin le atribuyó al capitalismo. Una moralidad absoluta, constrictiva y trascendental, que es el sustrato del capital. De este modo, el voto deviene en un acto de fe, y la democracia en una religión civil que exige la realización de sus sacramentos. La morosidad financiera y la abstención electoral se castigan moralmente. En un caso puede implicar costos penales, en el otro un descrédito ante el desinterés por la “participación”. Todo lo anterior, además, permite entender por qué las campañas electorales se nutren cada vez más de un discurso salvífico, apelando al miedo para su administración.

Si deber cívico es igual a responsabilidad con el Estado, estamos afirmando implícitamente que existe un vínculo consustancial entre democracia y Estado de Derecho, cuestión que evidentemente resulta del todo discutible, sobre todo si parafraseamos a un joven Marx, para quien la verdadera democracia implicaba la ausencia de un Estado, es decir el comunismo.

Podemos concluir que la participación política y el voto son  dos cuestiones distintas. Participar políticamente supone incidir en la legislación, es la preocupación por el gobierno de  la polis que lleva a involucrarse en los asuntos de la política. Por eso el aumento de la participación electoral, bajo las condiciones de nuestra democracia, no es correlativo al aumento de la participación política.

Por cierto, no intentamos decir aquí lo contrario: que los altos niveles de abstención electoral sean un indicador favorable que advierten del despunte subterráneo o extrainstitucional de una democracia participativa bajo otras modalidades de incidencia y que reclame espacios vinculantes, pero tampoco podemos celebrar el voto tal como hoy el electorado se percibe, es decir como un consumidor de mercaderías políticas que le provee una elite inscrita en un oligopolio político. Pensar una nueva democracia solo será posible en la medida que la condición para impulsar esa reflexividad, no se ajuste o reduzca a la protección del Estado de Derecho.


Periodista