Abogado inmobiliario utiliza a cierta prensa para comunicar sandeces

Todos sabemos que el papel impreso aguanta todo y de ello se sirven los lobbystas y los graves abogados de los grupos económicos para vender la pomada en sus resguardos de los intereses de sus vanidosos clientes, siempre éstos acostumbrados a sacar ventajas para sus proyectos de inversión en los diferentes mercados. En el ámbito inmobiliario, que es el que más conocemos, ya es grotesco como, con la ayuda siempre cariñosa de los funcionarios que se desempeñan en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) utilizan todo tipo de ardides para vulnerar las normas regulatorias establecidas ya sea en la Ley y Ordenanza General Urbanismo y Construcciones (L y OGUC) como en los propios Planes Reguladores Comunales (PRC). Dicho sea de paso, esos mismos funcionarios municipales a los constructores pequeños y medianos les hacen la vida imposible con todo tipo de exigencias.

En este medio digital independiente y por lo tanto no cooptado por los que mandan desde sus elegantes trincheras de CasaPiedra u otros centros de poder, ya nos hemos referido al episodio de la Inmobiliaria El Golf SpA, con nombre de fantasía Inmobiliaria Isidora 23, la que, para obtener un mayor coeficiente de constructibilidad en su proyecto de 2 edificios en altura en un cierto sector de Las Condes, con una inversión del orden de los US$ 100 millones, tuvo el descaro de informarle a la DOM respectiva que el terreno en donde se emplazarían esas estructuras tenía una superficie levemente mayor a la que le permitía -7.500,00 m2- el beneficio señalado, trampa que fue detectada oportunamente por los residentes de la zona, quienes con sus especialistas, objetaron por escrito el permiso de edificación Nº 31 del 21/03/16 y su posterior modificación Nº 621 del 14/11/16, en los cuales se decía que el terreno tenía 7.505,21 m2

Ahora bien, el 22/12/17 en el diario La Tercera se publica la festiva noticia que se observa en link en donde el abogado Jorge Bofill, contratado por la empresa que quería obtener privilegios indebidos, argumenta con ánimo asaz provocador que “El alcalde Lavín está poniendo sus intereses personales por sobre la ley” (?), incendiaria frase, con la cual intentaba llamar la atención de los lectores, lo que logró en el acto. Su invectiva al alcalde porque la construcción estaba detenida, pero con tan mala suerte para él que el mismo día 22/12/17, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, funcionario público que supervigila a los DOM,s, escuchando a los representantes de la inmobiliaria y de los vecinos, como también respondiendo los cuestionamientos por este caso formulados en la Contraloría General de la República por parte de la fundación Defendamos la Ciudad, emitió su oficio Nº 5470, vinculante para ese municipio, en el cual recogiendo el Estudio Topográfico del Idiem de la UCH, resolvió que la fusión de los 7 predios que originaron el terreno de las discordia era trucha y que, por lo tanto, ya sea el permiso de edificación como su modificación, no producen efectos.

Así las cosas, ahora la DOM de Las Condes a instancias de Lavín, deberá invalidar en breve plazo todos los actos administrativos asociados a este negocio y si los privados lo estiman conveniente, podrán interponer acciones judiciales en contra de lo resuelto por dicho Seremi, teniéndose presente que en estos nuevos tiempos de ataque frontal a la corrupción, difícilmente los magistrados van a acoger sus mendaces discursos de que ellos proceden siempre de buena fe y que tendrían derechos adquiridos por la alegada certeza jurídica, doctrina falaz, porque los derechos de propiedad en los países serios se obtienen solo si sus poseedores han respetado las normas jurídicas.

Como suponemos que la inmobiliaria no seguirá gastando plata en pago de honorarios a sus abogados, y que por ello no irá a la Justicia, pues las faenas de la obra, al no existir un permiso de edificación vigente, se tienen que mantener paralizadas, deberíamos entender que la inmobiliaria fusionará nuevamente los 7 predios para que el resultante llegue a la superficie de los 7.371,00 m2 indicados por el Idiem de la UCH. Luego solicitará un nuevo permiso de edificación, acogiéndose ahora a las disposiciones legales y no tratando de pasar el gol de sumar el 10% de mayor constructibilidad por el soterramiento de los cables, puesto que la Contraloría, en infinidad de ocasiones, le ha informado al municipio de Las Condes que ello es improcedente, asunto puntual que en su oficio 5470 del 22/12/17 el Seremi aludido por alguna extraña consideración prefirió pasar por alto.

Estamos dando cuenta de este deplorable suceso, el cual tiene relación directa con el edificio de 22 pisos, que tiene una razón más grave de ilegalidad, según dictamen Nº 040724 del 21/11/17 de la Contraloría, localizado en Isidora Goyenechea y El Bosque Norte, también comuna de Las Condes, vendido recientemente en US$ 107 millones por una filial del Banco Santander al grupo Angelini.

Lo curioso es que estas 2 altas inversiones tienen en común a un mismo arquitecto proyectista, Pablo Letelier, quien como observamos, tiene la tendencia a equivocarse cuando llena los datos en los formularios de las solicitudes de permisos de edificación, motivo por el cual sería necesario que hiciera un breve curso técnico en algún Centro de Formación Profesional o en el propio Colegio de Arquitectos para que en el futuro no se repitan los resbalones.