Con la interpretación de Javiera y Ángel Parra de algunas de “Las últimas composiciones” de su abuela Violeta y con el mensaje “Por un Chile más humano”, se lanzó el pasado viernes el Plan Nacional de Derechos Humanos en el Patio de los Naranjos de La Moneda.

Se trata de alrededor de 600 acciones a seguir en 15 temas distintos para los próximos cuatro años, que buscan satisfacer una necesidad que organismos internacionales ya habían recomendado, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries (57), asegura en conversación con El Desconcierto que el viernes fue el mejor momento de su gestión.

Una Comisión Calificadora Permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura; reconocimiento constitucional y representación política para los pueblos indígenas; facilitadores lingüísticos en establecimientos educacionales con concentración de extranjeros; la transición de un modelo de sustitución de voluntad de las personas con discapacidad a uno de plena capacidad jurídica; la promoción de leyes como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género.

Son solo algunas de las acciones que contempla el Plan, cuyo avance se podrá estar monitoreando a través de su sitio web.

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También hay una serie de medidas dedicadas a las mujeres, como impulsar la tramitación del proyecto de ley sobre su derecho a una vida libre de violencia y elaborar protocolos contra el acoso en espacios tanto educacionales como laborales. “No hay ninguna mujer en Chile que se libre de la discriminación. Ni las más potentes, ni las más frágiles. La conciencia de género es lo que puede sacar a las mujeres de la situación de subordinación en la que están“, asegura Fries.

Si el mejor momento de su gestión fue el lanzamiento del Plan, la subsecretaria asegura que el más difícil ha sido lidiar con cómo los medios tratan esta materia. “Siempre tengo algunas rabias con la prensa, porque cuando no sabe de Derechos Humanos suele meter las patas, y eso es muy difícil de sacar después. Se ve en el cómo se refieren a las personas migrantes en algunos titulares, las veces en que ‘justifican’ femicidios o cuando cuestionan las voces de universitarias respecto a acoso sexual. Ahí hay un tema pendiente”, sostiene.

La abogada justamente recibe a El Desconcierto en su oficina de Morandé con Moneda, para referirse al Plan Nacional.

—¿Qué significa para usted haber lanzado este plan, que marca la pauta a seguir a nivel estatal en materia de DDHH?

—Es el inicio de un camino, una ruta, donde el Estado en su conjunto empieza a mirarse en relación a los derechos humanos. Eso significa que tienes a los 23 ministerios, más algunos organismos autónomos, comprometidos con acciones que han logrado entender qué tenían que ver con el tema de derechos humanos. Uno esperaría que se responda al plan en términos de Estado, sobre todo si es un piso mínimo. No estamos siendo maximalistas en este plan, sino minimalistas, con acciones realizables y monitoreables, así que están todas las condiciones para que el próximo gobierno se sume y diga “también respetamos y garantizamos los Derechos Humanos”.

—El ministro de Justicia, Jaime Campos, puso la alerta sobre una eventual modificación que podría hacer el próximo gobierno del Plan.

—No tengo la misma percepción que el ministro. Me tocó en el INDH trabajar con el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que cerró el penal Cordillera, habló de cómplices pasivos. Tiene una convicción en materia de Derechos Humanos que espero que sea extrapolable a la mayoría de su coalición. Ese es el desafío que tiene el próximo gobierno. Si el Presidente Piñera no siguiera adelante con el plan, sería como decir que no está de acuerdo con los Derechos Humanos. Y eso no me parece que sea así.

—En cuanto al tema de memoria, ¿cuáles son las prioridades?

—Hay que mirar el tema de justicia, verdad y reparación en una lógica más integral. Estamos en un momento complejo en esa materia, de inflexión biológica. Esto significa que muchos perpetradores condenados estén libres todavía y se estén muriendo, y muchos familiares estén también muriendo y todavía tengan la pregunta de “¿Dónde están?”.

—¿Qué se hace ante ese momento de inflexión?

—Una de las medidas centrales es el plan de búsqueda de destino final de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos sin entrega de restos. Una segunda cosa importante es ir avanzando hacia una política pública de archivos por violaciones a los DDHH, porque en este momento de inflexión biológica lo importante es traspasar todo este conocimiento de lo que ocurrió a las nuevas  generaciones. La garantía del “nunca más”, verdad y memoria son cuestiones que hay que seguir relevando. Por eso la Presidenta el 11 de septiembre anunció el levantamiento del secreto de los 50 años para los tribunales de justicia, porque falta información.

—¿Cómo ve que ha ido decantando el debate sobre terminar con el secreto de la Comisión Valech?

—Ha ido decantando bien. Hay un sector importante que se comprometió a la confidencialidad. Ese es un estándar. Por otro lado hay otro estándar que se ha consolidado fuertemente y por el cual nos han hecho recomendaciones, que es que en materia de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad no se puede alegar reserva o secreto respecto de antecedentes que puedan servir para la investigación. Yo creo que aclarado eso, y combinados ambos factores, estamos en buen pie para avanzar con ese proyecto.

—¿Qué pasa con el cierre de Punta Peuco? Sobre todo con las expectativas que existían para el lanzamiento del Plan.

—No tengo información. Se han vertido todas las opiniones a través de los canales regulares y la Presidenta, si define o no cerrarlo, lo comunicará cuando lo estime pertinente. Por una parte yo sé que es importante lo que significa simbólicamente Punta Peuco y, en ese sentido, entiendo la señal que se nos exige como gobierno. Pero también tengo que decir que no es una obligación ni un estándar en materia de Derechos Humanos. No hay ningún comité internacional que nos haya pedido cerrar Punta Peuco ni hay una obligación jurídica que lo diga.

Fries agrega que uno de los puntos que marcaron el año fue cómo se trataron los Derechos Humanos en el ámbito político: “Me sorprendió una especie de renovación de la defensa de los criminales de lesa humanidad. La aparición de una derecha profundamente anti Derechos Humanos es un hecho de cuidado”.

—¿Se refiere a la representada por José Antonio Kast en las presidenciales?

—Sí, claro. Es preocupante, porque no veo por ninguna parte dónde está su adhesión a los Derechos Humanos en toda su amplitud, que incluyen el pasado, el presente y el futuro, con todas las problemáticas que eso implica.

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“Acá tenemos un problema con los niños, la puerta de entrada a la vida”

Otro de los acontecimientos que marcaron el último tiempo para la subsecretaria fue el perdón a nivel estatal que hizo la Presidenta Michelle Bachelet por las cifras de muertes en el Sename, reconociendo que como sociedad y como Estado se les había fallado a niños, niñas y adolescentes.

—El último informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos mostró la persistencia de una serie de problemas en el Sename, entre ellos, vulneraciones, falta de personal psiquiátrico, rotación de directivos.

—Todo lo que señalan los informes anuales del INDH necesariamente deben ser recogidos por el gobierno. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que, como dice el ministro de Justicia, el sistema colapsó. No lo quisimos ver como sociedad durante mucho tiempo y los distintos gobiernos tampoco. Lo que queda ahora es repensar y proyectar el trabajo en términos de garantizar que los niños tengan posibilidades de protección a través de un defensor, que exista una ley que garantice los derechos de esos niños y que existan servicios especializados que sean del siglo XXI y no de principios del XX. En eso hay conciencia hoy día y creo que en el Congreso hay posibilidades de avanzar con bastante acuerdo.

—Este año bajó el debate político respecto al tema luego de la álgida discusión por la comisión Sename II.

—Es verdad, pero creo que hay cierta conciencia común de que éste sí o sí es un tema que hay que seguir proyectando. Lo que no puede pasarnos es que en un par de años más volvamos a tener este chaparrón de agua fría de cómo están viviendo nuestros niños en este país. Y no solo los del Sename. Acá tenemos un problema con los niños, la puerta de entrada a la vida, y con los adultos mayores, la puerta de salida. Si no tratamos bien esos dos extremos, tenemos mucho por avanzar.

—Otro de los temas que está presente en el último informe del INDH es la niñez trans, que hasta hace poco estaba invisibilizada.

—Es tremendo. Para las personas que tienen una mirada más conservadora es muy difícil entender el vértigo del género. La pérdida de la certeza respecto a las identidades sexuales los complica. En el plan está la Ley de Identidad de Género y la Presidenta de la República está reponiendo ciertos temas que en el debate se fueron perdiendo respecto a los menores de 18 años y de la autorización médica. Aquí se tiende a pensar que cuando uno habla del interés superior del niño o niña está hablando de ese interés filtrado por los padres, madres, jueces, médicos, etc., cuando en realidad no es otra cosa que ridiculizar el ejercicio de derechos progresivamente de acuerdo a la edad. Este sí creo que es un tema complejo para el gobierno que viene.

—Siguiendo con el tema de infancia, según documentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos existen registrados al menos 133 casos de niños y niñas mapuche que han sufrido violencia policial. ¿Cómo responde el Plan a este problema?

—Ahí hay un importante avance del plan, porque incluso Carabineros se compromete con medidas que tienen que ver con la detección oportuna de lugares de riesgo en los que se pueda cometer tortura. Que ellos mismos hayan asumido ese compromiso me parece de la primera importancia. Ahora, no basta que el Estado y sus funcionarios se comprometan. Ojalá viviéramos en el mundo de la fantasía donde todos cumplimos, pero no pasa necesariamente. Tienen que haber canales internos que permitan sancionar a las personas como se ha hecho en el caso de Carabineros. En ese sentido, el gobierno de la Presidenta ha avanzado muchísimo, porque hasta dos años atrás ni siquiera hablábamos de tortura, sino de violencia innecesaria o de apremios ilegítimos. Hoy existe ese delito y se van generando un conjunto de dispositivos para prevenir estas prácticas. Siendo un país que las ha vivido sistemáticamente en el pasado, es lo menos que podemos pedir.

—En sus dos últimos discursos de campaña Sebastián Piñera fue enfático en que se le den más atribuciones a Carabineros. En su sector, ha habido partidarios de militarizar La Araucanía.

—El Presidente Piñera ya sabe lo que es tocar guitarra. Le tocó negociar en el primer gobierno con las huelgas de hambre. Yo estuve ahí y me pareció bien, porque era para resguardar la vida de esas personas en huelga. Me imagino que él no piensa que esto se va a resolver solo con seguridad. Por cierto que hay un problema de violencia y que el Estado le ha fallado tanto a las comunidades mapuche, que tienen una larga historia de despojo, como a las personas que viven en La Araucanía, que han sido objeto de actos violentos. Pero eso no se soluciona con más seguridad. Ya hemos visto que no.