“He defraudado a compatriotas, a ellos pido perdón de todo corazón”. Esas fueron las primeras palabras que el ex presidente dictador, Alberto Fujimori, pronunció desde su habitación en la Clínica Centenario, en Pueblo Libre, tras recibir el indulto y el derecho de gracias del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El ex presidente (1990-2000) cumplía una pena de cárcel de 25 años por los casos de La Cantuta, en el que un profesor universitario y nueve estudiantes desaparecieron a manos del ejército peruano en 1992, y Barrios Altos, por el asesinato, en 1991, de 16 personas que compartían una pollada a manos del grupo militar encubierto Colina.

Desde el anuncio del indulto, el pasado domingo por la noche, los peruanos han salido masivamente a las calles a protestar en contra de la decisión de PPK. El nuevo escenario abre ahora muchos interrogantes. Más allá del futuro del caso Odebrecht, en el que el presidente -por ahora- logró salvar su cargo, la incertidumbre crece en torno a la estabilidad del gobierno peruano, el rol que adoptará a partir de ahora Alberto Fujimori en el panorama político peruano, y la batalla que las familias afectadas por los crímenes y represión del ex dictador librarán para que todo su dolor no quede impune.

Sobre el devenir del país vecino y los efectos que la sacudida política de las últimas semanas puede tener para Chile, El Desconcierto conversó con el abogado peruano y dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de nuestro país, Rodolfo Noriega. Un testimonio, el suyo, que habla desde la experiencia de más de 20 años de exilio para escapar de la persecución política que Fujimori perpetró indiscriminadamente hacia sus opositores.

PPK- fujimori

¿Cómo valora la decisión de Pedro Pablo Kuczynski como exiliado político peruano en Chile?

Simple y llanamente, es un pacto de impunidad. Es el pago del señor Kuczynski para mantenerse como presidente de la República, que no se decrete la vacancia presidencial y que el caso Odebrecht, en el cual él está implicado, no lo acoja.

¿Cómo le afecta a nivel personal ese indulto?

Yo fui refugiado, soy refugiado por un acto de persecución que se generó precisamente durante el gobierno de [Alberto] Fujimori, por ser abogado, ente otros, en el caso de La Cantuta. Por eso, estoy afectado directamente por la medida del PPK ya que Fujimori es responsable directo de la persecución política en mi contra, de estos 22 años que no he podido regresar a mi país, de la prisión política y de todo lo que afectó a mi familia. La pérdida de mi primera esposa y el exilio con mi hijo aún niño. En términos personales estoy afectado por esto porque el país tiene una deuda con la justicia y Fujimori en libertad no aporta a que se pague la deuda, al contrario, alimenta la impunidad.

¿Cuál será el costo para Kuczynski de su decisión?

El PPK salió electo en segunda vuelta precisamente por comprometerse a no indultar a Fujimori, firmó un pacto escrito con familiares del caso La Cantuta y otros más. Por eso se le considera como un traidor que incumple su promesa.

Kuczynski no tiene ninguna posibilidad de continuar en vilo políticamente y por sus condiciones de salud, que están más deterioradas que las de Fujimori. No tiene más proyección. Creo que lo que pretenden hacer es sellar todos los casos a partir de todo esto porque no sólo es el grupo de Kuczynski el que ha sido corrompido por Odebrecht, también lo fue el fujimorismo.

En su gobierno queda una situación de total inestabilidad: hay gente que se está fugando de su grupo político porque saben que seguir ahí es suicidarse. PPK tenía poca popularidad y seguir ahí va a ser caer hasta el piso. ¿Quién lo va a respaldar políticamente? Las personas están manifestando su repudio por esa cobardía. Eso va a tener un costo. Se habla de renuncias de ministros y ya ha habido un congresista de su bancada [Alberto de Belaunde] que ha presentado su renuncia. La situación es de mucha incertidumbre y esperamos que ante esto se produzcan cambios. Confío en la fortaleza del pueblo peruano para poder enfrentar lo que está ocurriendo.

¿El indulto supone una división real del fujimorismo con un coste para Fuerza Popular o simplemente es otra expresión más de las diferencias en el sí de la oposición?

El fujimorismo está dividido desde hace tiempo y tiene dos caudillos claros: Keiko y Kenji Fujimori. Los dos hermanos están pugnando por ser el continuador del criminal legado de su padre, y erguirse como presidentes de la República. Keiko ha fracasado dos veces pero, sin embargo, tiene muchos cuadros de su organización que le son fieles. La vacancia iba a ser decretada por su grupo que, días antes, había sufrido golpes tremendos porque cuando se revelaron las evidencias del caso Odebrecht en el que se implicaba a Keiko, los fiscales fueron a los locales del partido y encontraron evidencias. A los pocos días se descubrió el tema de Kuczynski.

Por otro lado, apareció Kenji usando la vacancia presidencial para poder favorecer a su padre. ¿Hay una pugna? Podemos decir que hay una diferencia, pero en realidad pugna como tal no sé porque los dos son hermanos, y representan los mismo, quieren hacer resurgir el caudillo Fujimori como tal. De hecho, hoy día ya ha hecho una declaración y ese, para mí, es el gran interrogante: ¿Puede resurgir el padre como caudillo de este grupo? Evidentemente que sí.

¿Hay opciones reales de que el Tribunal Constitucional revierta el indulto? Lo planteó este lunes Avelino Guillén, ex fiscal que impulsó el juicio que condenó al ex presidente.

En términos legales, la resolución del indulto y la gracia presidencial, que excluye al ex mandatario de un proceso judicial en etapa inicial, están cuestionadas. La gracia presidencial está cuestionada porque no se han cumplido los plazos del último de los casos, el llamado caso Pativilca, donde al ex mandatario se le acusa de ser responsable de la matanza de seis personas en 1992 a cargo del Grupo Colina. Por ese caso se pidió a Chile ampliar los motivos de la extradición y la causa está hoy en los tribunales chilenos. Si esto se resuelve dentro del los próximos 12 meses estarían dentro del período de 24 meses que se establecen como mínimo para poder entregar una medida de gracia.

Este solo elemento podría hacer que la resolución fuera revocada o se declarara su nulidad. Pero también está el tema de la medida del indulto como tal. Fujimori está condenado por casos de crímenes de lesa humanidad porque, si bien las cortes peruanas no los consideraron como tal, sí hablaron de delitos contra los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido que estos casos sean juzgados y condenados desde la justicia peruana, por lo que cumplen el rol de garantes de este proceso. De hecho, ya hay varias familias que se plantan acudir a la CIDH para observar la legalidad de la medida.

¿Crees que esto podría sentar un precedente para otros países que tiene condenas de décadas para los autores de delitos de derechos humanos cometidos durante las dictaduras de la región? En Chile por ejemplo, el caso más evidente es el de los presos de Punta Peuco, cuya situación no se demoró en comparar el ex candidato presidencial, José Antonio Kast.

Todos los males se contagian. A mí no se me escapa la mirada de lo que pasa en Argentina, donde Macri  niega la existencia de detenidos y desaparecidos. A mí no me escapan las declaraciones de Kast, que no son nada nuevos. Hay una tendencia en la región de buscar el punto final a los casos de este tipo de crímenes. Claramente, esto se puede extender y es riesgoso. Es un camino burocrático y reaccionario que pretende sellar de impunidad estos crímenes.