“Nadie se imagina que estoy sobrevolando Perú. Ya estoy en pleno territorio peruano, en el aire; casi siento que lo he pisado. Ya se percibe el pálpito del Perú aquí”.

Era el 6 de noviembre de 2005 y un emocionado Alberto Fujimori -de entonces 67 años- sobrevolaba por su natal Perú en un avión privado que lo llevaba desde Tokio rumbo a Chile, previo paso por Tijuana. Había pasado un lustro desde que -en medio de acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos en su contra- dejó su país y renunció a la presidencia de la República vía fax para radicarse en Japón.

Pero Fujimori hizo una jugada arriesgada. Casi sin consultarle a nadie, embarcó rumbo a Chile, pero con un objetivo final: Volver a disputar la presidencia de Perú en 2006. En esa época, ninguna condena caía todavía sobre los hombros del peruano-japonés, por lo que decidió volver al Perú y apuntar a la inmunidad presidencial.

El viaje fue de tintes hollywoodenses. A México, Fujimori habría entrado con su pasaporte japonés, lo que le habría evitado ser detenido pese a la orden de captura internacional de Interpol. Este hecho provocó el posterior despido del secretario de Gobernación mexicano y un inesperado conflicto entre los entonces amigos Vicente Fox y Alejandro Toledo, presidentes de México y Perú.

“¡Estamos a 20 kilómetros de Lima!”, dice un emocionado Fujimori mientras sobrevuela Perú en noviembre de 2006

El estratégico aterrizaje en Santiago

Alberto Kenya Fujimori Fujimori (79) gobernó el Perú por una década, entre 1990 y 2000. Durante su mandato, pasó de todo: Un auto golpe de Estado, el control casi absoluto del país, la persecución y asesinato de opositores y la aplicación a ultranza del neoliberalismo lo que se conoció como el “Fujishock”.

Fujimori eligió específicamente Chile como el inicio de retorno triunfal. No solo estaría muy cerca de su país, sino que tenía antecedentes que le permitirían planificar bien: Dos de sus cercanos colaboradores estaban radicados en Chile y los sendos procesos de extradición solicitados desde el gobierno de Perú habían fracasado.

Se trataba de el publicista argentino Edgardo Borobio, quien era cercano al ex asesor de inteligencia y ex mano derecha de Fujimori en el poder, Vladimiro Montesinos. La aparición de los llamados “vladivideos”, registros de Montesinos pagando coimas o acordando tratos especiales, fueron la gota que terminó de derrumbar al gobierno de Fujimori años antes. A Borobio, el Estado peruano lo acusó de asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Sin embargo, la Corte Suprema chilena estimó que en los “vladivideos”, el argentino simplemente estaba ejerciendo su profesión.

El otro caso era el de Eduardo Calmell del Solar, también auto exiliado en Chile. Ex director del diario limeño Expreso y de Cable Canal de Noticias, también se le rechazó la extradición, pese a que los videos lo mostraban recibiendo una coima de dos millones de dólares por parte de Montesinos.

El ex mandatario peruano esperaba que en su caso pasara lo mismo que con Carlos Menem, ex presidente de Argentina, quien también fue solicitado para una extradición desde Chile en 2001, los que fueron rechazados. Por eso, desde el entorno fujimorista se mostraron siempre confiados en la “imparcialidad” de la justicia chilena.

Fujimori también fue selectivo con sus defensores. Eligió a los prestigiosos abogados Francisco Veloso y Gabriel Zaliasnik para su defensa. El primero fue quien estuvo detrás de la defensa en el proceso de extradición de Menem. El segundo se ha hecho conocido en el país por sus defensas en casos como Spiniak y posteriormente en SQM y Penta, donde actualmente defiende al desaforado senador Iván Moreira.

El arribo de Fujimori sorprendió a todos y provocó un remezón en Chile. Los policías, pese a una orden de captura internacional activa, ni siquiera advirtieron su presencia en el aeropuerto. Fujimori salió raudo rumbo al Hotel Marriot de Santiago. Estuvo 10 horas libres antes de que fuera tomado detenido por una orden judicial proveniente de Perú. Pasó la noche en una celda de tres por tres metros en la Escuela de Gendarmería.

El entonces gobierno peruano, presidido por Alejandro Toledo -hoy prófugo de la justicia de su país por recibir coimas de parte de la constructora Odebrecht-, inició a contrarreloj la solicitud formal de extradición.

Fujimori estuvo 10 horas libres antes de ser detenido en Santiago. Aquí, es llevado a la Escuela de Gendarmería, donde pasaría los próximos seis meses.

La conspiración chileno-japonesa y el caso Lucchetti

“No se arrepiente de haber ido a Chile, porque nunca descartó la posibilidad de ser detenido. Pero pensaba que las autoridades no lo discriminarían, y le darían un trato similar al de otros casos como el de Carlos Menem“, dijo Zaliasnik a la prensa internacional después de la detención de Fujimori. Una y otra vez, desde el entorno del fujimorismo se insistió en que el único sistema judicial que le daba garantías de lo que ellos llamaban un “trato justo”, era el chileno.

El fujimorismo veía distintas salidas posibles: el rechazo a la extradición -lo que le permitiría volver a disputar la presidencia-, retrasar la misma por un tiempo o que solo se acreditara un delito menor, que pagara con poco tiempo de prisión efectiva. Así lo revelaron años después cables de Wikileaks, que mostraron el detalle de la crisis política que generó el arribo del ex dictador.

Un cable desde la embajada de Estados Unidos en Lima reveló que el gobierno peruano entendió de inmediato la estrategia fujimorista. Alargar la extradición “considerando la pobre calidad de las presentaciones que Chile ha recibido de Perú en otros casos de extradición”, según dijo el entonces canciller peruano Óscar Maúrtua.

Apenas se enteró de su arribo, el mandatario peruano Alejandro Toledo llamó directamente a su par Ricardo Lagos para pedirle que el ex dictador fuera enviado inmediatamente al Perú. El mandatario chileno optó por no contestarle, pues estaba molesto porque solo días antes Toledo había promulgado la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, que demarcaba unilateralmente los límites marítimos entre ambos países, dando inicio al conflicto que terminó con un juicio en la Corte de La Haya.

Otro cable pone en palabras del propio Alejandro Toledo la tesis de que Fujimori “compró” influencia en Japón y Chile. “Las preocupaciones de Toledo sobre una conspiración anti-peruana por parte de Chile y Japón parecen ser compartidas en los más altos niveles del gobierno peruano”, escribiría después Curtis Struble, embajador de Estados Unidos en Lima.

A esto se sumó la preocupación en el gobierno peruano por el polémico caso Lucchetti. En el marco de los delitos de Vladimiro Montesinos, estaba el interceder en la disputa judicial que sostenían la empresa de pastas con la alcaldía de Lima, la que había cerrado una de sus plantas por razones ambientales a fines de los años 90.

Los empresarios chilenos Andrónico Luksic Craig, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco fueron acusados de tráfico de influencias con Montesinos. El propio ex asesor de Inteligencia aceptó la culpabilidad de este caso y su ex mano derecha, Humberto Rozas, declaró que Lucchetti dejó un cheque por 250 mil dólares -que habrían sido usados para la campaña de reelección de Fujimori- a cambio de la interceder ante la justicia por el cierre de la planta en Lima. Otra testigo, ex asesora de Montesinos, aseguró que Luksic pagó 2 millones de dólares al ex mano derecha del fujimorismo.

El caso finalmente quedó en nada para los chilenos, pues la Corte Suprema peruana declaró la prescripción de los delitos. Pero esta ofensiva -que provocó la rabia de Luksic, considerado un empresario importante para el entonces gobierno chileno- también fue vista como un elemento en contra para lograr la extradición desde las altas esferas del gobierno peruano.

En medio de todo esto, el gobierno de Toledo logró enviar formalmente la solicitud de extradición el 3 de enero de 2006. Incluyeron 14 cargos criminales de violaciones a derechos humanos y casos de corrupción. Se trataba de doce cajas de documentos que pesaban 100 kilos y tenían más de 16 mil páginas de antecedentes. Entre los delitos, se incluyeron las matanzas de La Canuta y Barrios Altos, casos de torturas en el Servicio de Inteligencia del Ejército, espionaje telefónico a opositores, pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos y uso de fondos públicos en el pago de la deuda del argentino Daniel Boroboio.

Caso Fujimori en Chile llegó cuando la relación entre los presidentes Lagos y Toledo no era la mejor

Vacaciones de lujo y el nacimiento de la heredera

Fujimori era una celebridad en Chile. Hasta el país llegaron sus hijos e incluso, en abril de 2006, mientras seguía recluido en una celda de tres por tres en la Escuela de Gendarmería, se casó con su novia, la empresaria japonesa Satomi Kataoka.

El regalo por las segundas nupcias del ex mandatario llegaron un mes después. Era mayo de 2006 y por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema le otorgó la libertad bajo fianza a Fujimori, generando otro remezón en Chile y en el Perú.

Entonces es que la vida del ex mandatario cambió a la de un prófugo esperando por la extradición a un famoso extranjero vacacionando por Chile.  Arrendó una lujosa casa en un exclusivo barrio de Las Condes y mantuvo una activa vida social. Incluso se dio el tiempo de recorrer Chile con su nueva esposa.

De pesca por Zapallar, Quintero y Los Vilos, jugando golf en Chicureo, paseando por Santo Domingo, siguiendo la “ruta del vino”, en el lago Vichuquén o comiendo en el prestigioso restaurante Mare Nostrum de Providencia: La vida de Fujimori en Chile se transformó en los lujos de un divo que sabía que las cámaras lo buscaban.

“Allí, la vida es más sabrosa”, publicó la revista peruana Caretas en un reportaje que cuenta las excentricidades de su paso por el país en esa época.

Reportaje revista peruana Caretas

Fujimori arrendó una lujosa casa en un exclusivo barrio en Las Condes y luego otra aún más ostentosa en Chicureo. La Procuraduría del Perú calculó en 750 mil dólares los honorarios que tuvo que pagar Fujimori a los abogados chilenos Veloso y Zaliasnik. Además, pagó más de 83 mil dólares en el arriendo de las mencionadas casas donde vivió y más de 93 mil dólares en los servicios de seguridad.

Omar Chehade, el procurador, dijo que Fujimori vivió en Chile del dinero robado al Estado peruano. “Se da la gran vida con los millones de dólares que se llevó del erario nacional, de las privatizaciones y de los actos de corrupción que cometió”, dijo.

En medio de todo, el ex mandatario celebró su cumpleaños en Chile el 28 de julio de 2006, el mismo día que se celebra la Independencia del Perú y el mismo día en que Alan García asumió como nuevo presidente, con la mandataria chilena Michelle Bachelet como invitada en el Palacio Miraflores.

Para dichas elecciones -a las que pretendía llegar el propio Fujimori-, quien lideró al clan fue su hija mayor y ex Primera Dama, Keiko. Ella misma reconocería después que fue en Chile, ante la demora de la resolución de la extradición, que el propio Fujimori le pidió que se convirtiera en la nueva líder de su sector y en su heredera.

Keiko Fujimori arrasó en esas elecciones logrando la primera mayoría nacional como congresista de la República.

En tanto, en Chile el tema se volvió el posible peligro de fuga de Fujimori en caso de un fallo en contra en la Suprema. Esto se vio alimentado por el hecho de que traspasó su vivienda a un departamento, también en Las Condes, ubicado a escasos pasos de la embajada de Japón en Chile.

El propio Fujimori quiso poner fin a las especulaciones y cambió su residencia a una mansión en Chicureo, la que tenía canchas de golf, piscina y salón de fiesta. Antes de ser presidente, era profesor y rector universitario. La ONG Transparencia Internacional calcula en 600 millones de dólares la fortuna que forjó en los 10 años que estuvo en el poder, divididos en paraísos fiscales a lo largo del mundo. Solo ha devuelto al fisco peruano 160 millones.

Seis meses estuvo caminando libre por Chile Fujimori, antes de la justicia ordenara arresto domiciliario en su mansión en Chicureo.

Keiko Fujimori, la heredera / Agencia Uno

La extradición y el perdonazo

Pese a que en un primer fallo la Corte Suprema consideró que Fujimori no era extraditable a Perú porque no estaban acreditados sus crímenes, esta pequeña victoria duró poco.

El gobierno peruano apeló y el caso volvió a la Suprema. Mientras se resolvía, Fujimori hizo otra de sus excentricidades: Estando recluido en su mansión en Chicureo, fue candidato al senado japonés. Le fue pésimo, pero el hecho demostró que las influencias del ex presidente peruano en el país oriental continuaban vigentes.

Fue finalmente el 21 de septiembre que la Corte Suprema acogió la solicitud de extradición para Fujimori, después de acreditar cinco cargos de corrupción y dos por crímenes de lesa humanidad. Un día después, el 22, a 695 días de su sorpresiva llegada a Chile, Alberto Fujimori se embarcó, esposado, de vuelta al Perú.

En el año 2009, el anhelo de justicia de miles de peruanos y peruanas por fin vio la luz. Alberto Fujimori fue condenado a ocho años de prisión por usurpación de funciones y abuso de autoridad, a siete años por pagarle 15 millones de dólares a Montesinos y a 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

Estuvo solo ocho años recluido. Hasta la nochebuena del 2017, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynscki resolvió otorgarle la inmunidad y gracia presidencial. No solo se anularon sus condenas, sino que también todas las otras causas por las que todavía se le investigaba en la justicia, como otras matanzas masivas o la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas durante su gobierno.

Alberto Fujimori es un hombre libre, de nuevo.