Durante la tarde del pasado jueves, fiscales y funcionarios/as del Ministerio Público recibieron en sus casillas de corre electrónico un mensaje del fiscal Nacional, Jorge Abbott, avisándoles sobre una nueva resolución interna.

La denominada “Política de comunicaciones del Ministerio Público” limita las expresiones públicas de los persecutores sobre casos de contingencia nacional que puedan ser investigados penalmente. También sanciona a quienes filtran información de causas, catalogándolo como un hecho de “corrupción”. 

Abbott sostuvo que la nueva política comunicacional establece “principios y valores” hacia dentro y fuera de la institución, “entendiendo que todos quienes trabajamos en la Fiscalía de Chile somos, en parte, responsables del resguardo de la imagen institucional”.

La resolución establece que no se puede entregar “información sensible” a terceros sin una autorización previa del Fiscal Nacional o Regional, según corresponda. El texto también especifica los canales a través de los cuales pueden hablar los fiscales con los medios.

Entre los párrafos más llamativos de la resolución se encuentra la idea que señala que “fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad. Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”.

Según consigna La Tercera, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, sentenció que “hay partes complicadas y que atentan contra la libertad de expresión, lucha que el gremio ha dado en forma histórica (…). Yo creo que esta es una especie de ‘ley mordaza’, nos preocupa este oficio”.

La resolución también advierte sobre el traspaso de información a terceros: “La filtración o divulgación indebida de información sujeta a reserva es una infracción grave de los deberes funcionarios, lo que para el Ministerio Público constituye un acto de corrupción, sujeto a sanciones administrativas y a las responsabilidades civiles y penales que correspondan“, precisa.

Por su parte, desde la Fiscalía Nacional manifestaron que “la política de comunicaciones en ningún caso puede considerarse una ‘ley mordaza’, pues se ajusta estrictamente a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del MP”. Además, especificaron que la idea de corrupción en las filtraciones fue incluida por solicitud del Consejo General de Fiscales.