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Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y defensor de uno de los imputados en el caso Luchsinger Mackay, conversó con El Desconcierto sobre la «operación política comunicacional» que, según él, encabeza el Ministerio Público en contra de Francisca Linconao, quien se encuentra de viaje en Bolivia.
El viaje de la machi Francisca Linconao a Bolivia ha levantado la alerta del Ministerio Público. Aunque la autoridad ancestral explicó que se trata sólo de «un paseo», y que además no pesan sobre ella órdenes de detención ni medidas cautelares, varios representantes de la Fiscalía han puesto el grito al cielo por su marcha hacia el país andino.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, explicó que cuando conocieron la noticia este jueves solicitó «de inmediato y de manera urgente» una orden de detención en contra de Francisca Linconao. Sin embargo, la demanda no fue aceptada.
Otro que no se quedó callado fue el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien señaló que “esperamos que ella vuelva voluntariamente o, si no, tendremos que pedir la extradición en razón de los tratados que tenemos, en particular el del Mercosur”.
Linconao, que hace dos semanas viajó a Argentina durante unos días sin ningún problema, fue declarada absuelta del juicio por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Sin embargo, la semana pasada la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el juicio y ordenó repetir este procedimiento, que iniciará el próximo 26 de febrero.
El abogado de la Defensoría Popular y defensor de uno de los imputados en el caso Luchsinger Mackay, Rodrigo Román, conversó con El Desconcierto sobre la postura que el Ministerio Público ha adoptado ante la salida de la machi de nuestro país.
¿Cuál es su opinión sobre la polémica que ha encendido el viaje de la machi Francisca Linconao a Bolivia?
Se trata de una operación política comunicacional encabezada por el mismísimo fiscal nacional [Jorge Abbott], lo que es ciertamente un tema peligroso desde la perspectiva del Estado de derecho y de cómo las instituciones tienen que funcionar de conformidad a la ley. El Ministerio Público tiene que actuar con objetividad, sin embargo, cuando ayer el colega Abbott anunció un posible proceso de extradición, él bien sabe que está blufeando porque no procede extradición alguna en el contexto procesal actual. El Ministerio Público es parte de esta estrategia comunicacional que tiene como propósito consolidar su pretensión punitiva, pero que en el fondo saben que es imposible y que no van a conseguir una condena porque no tienen pruebas. Así, aunque el juicio se haga dos veces o se haga diez, el único camino posible va a ser una segunda absolución.
¿Qué le parece la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco de anular la sentencia absolutoria?
El fallo carece de toda razón jurídica y más bien estaría fundado en las razones políticas que han rodeado el caso. Pero bien saben las cortes que los tribunales no pueden fallar si no es de conformidad con la ley. Y lo que hicieron en su momento los jueces del Tribunal Oral de lo Penal de Temuco, a mi entender, fue emitir un veredicto absolutorio fundado precisamente en lo que señala la ley. Entonces, lo que se viene, necesariamente, será una nueva absolución porque es la misma prueba.
¿Cómo cree que se va a desarrollar el segundo juicio, que algunos jueces ya se restaron de asumir?
Los jueces se complican con este caso. Los tres que estuvieron en el primer juicio, ahora -por ley- no pueden estar. Quienes sean los jueces dentro del Estado de derecho -que dicen que tenemos- lo que corresponde es que se valore la prueba que tiene el Ministerio Público. Y eso la sabe el fiscal nacional, el fiscal regional y los fiscales del caso. Saben que van a perder nuevamente el juicio.
