En seis meses, el Ministerio Público concretó una formalización y el inicio formal de la investigación contra 24 personas que se tomaron la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Cañete en junio de 2017. Las comunidades mapuche denunciaban los constantes casos de torturas contra niños y niñas mapuche, especialmente uno ocurrido en Huentelolen, cuya causa duerme entre las carpetas de la Fiscalía.
Patricia Tromelao estaba hablando por teléfono con el gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro (PS), cuando un centenar de Fuerzas Especiales irrumpieron en la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Cañete el 6 de junio de 2017.
Tromelao era la vocera de la toma en la que comuneros mapuche de distintas comunidades decidieron ocupar el edificio del organismo estatal. Desde el segundo piso del edificio, las comunidades mapuche que participaron de la acción colgaron un lienzo explicando la razón: «En todo el Wallmapu se violenta a los niños/as mapuche».
Solo 9 horas duró la ocupación. El gobernador Humberto Toro no fue al edificio, como pedían los comuneros. Solo se comunicó por teléfono con Patricia para decirle que ya había emitido una orden de desalojo.
Un mes antes, el 9 de mayo, Viviana Llanquileo veía cómo dos oficiales del Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros (Sipolcar) tomaban a sus dos hijos, de 2 y 3 años, y los ponían contra las ventanas de una camioneta policial. «Me decían que ellos serían carne de cañón frente a cualquier cosa que pasara”, dijo a El Desconcierto en un reportaje publicado en junio.
El día en que se tomaron la Conadi para denunciar la brutalidad policial contra niños y niñas mapuche, Viviana Llanquileo fue detenida y pasó la noche en el «calabozo» junto a las otras 23 personas que estaban en el edificio.
Seis meses después, las comunidades mapuche que realizaron la acción recibieron un nuevo golpe: el Ministerio Público formalizó a esas 24 personas por el delito de daños en la sede de la Conadi, a raíz de una querella presentada por el mismo organismo y por la gobernación de Arauco. Arriesgan hasta 540 días de cárcel y la restitución de los $12 millones en que fueron avaluados los daños de la toma.
Mientras tanto, la querella criminal que presentó la misma Viviana contra los funcionarios de la Sipolcar Carlos Espinoza, Nicolás Concha y Amador Cuevas, por torturarla a ella y a sus hijos, sigue durmiendo entre las carpetas de la Fiscalía de Cañete.
«La toma de la Conadi fue por esos niños, por su papá, que los de la Sipolcar casi lo matan. Aparte de eso, hay varios casos más, Fabiola Antiqueo, Brandon Hernández Huentecol, los disparos a la escuela de Temucuicui. Todo eso nos llevó a hacer saber y sentir lo que pasaba, porque si no hacemos esas cosas no se dan a conocer, quedan calladas, mueren en pequeñas noticias, esa es la rabia que una siente como padre, como madre, la rabia impotencia se sienten. Esto no pasa en cualquier parte, pasa solo con los mapuche», asegura Patricia Tromelao, vocera del Lov Huentelolen.
La comunidad y la familia Lepicheo Llanquileo presentaron un recurso de amparo y una querella criminal por los hechos ocurridos la tarde del 9 de mayo en el cruce Colo Colo, sector Huentelolen, al sur de Cañete.
La familia denuncia que fueron perseguidos por una camioneta blanca en la que iban cinco uniformados. Después de chocar el vehículo donde estaban Pedro Lepicheo, Viviana Llanquileo y sus dos hijos menores de edad, la camioneta impactó directamente el cuerpo de Pedro, que se había bajado del vehículo. Posteriormente, éste escapó corriendo, con cuatro funcionarios que lo salieron persiguiendo, sin lograr atraparlo.
En el documento que presentó Carabineros ante el recurso de amparo, aseguran que quien conducía el vehículo era José Lepicheo Machacan, hermano de Pedro. Según esta versión, lo vieron en el camino y decidieron perseguirlo por una orden de detención pendiente.
El problema es que José Lepicheo nunca estuvo en el lugar. «Estos funcionarios de inteligencia demostraron súper poca inteligencia. Carabineros debería expulsar de esa unidad a estas personas que actúan de motu propio, en base a sentidos que se equivocan. La pregunta en realidad debería ser cuántas personas habrán sido condenadas con el testimonio de estos mismos personajes, que dicen ‘yo lo vi’ o ‘él fue’. Por lo que podemos comprobar, ellos tienen serios problemas para distinguir a personas», cuenta Pablo Ortega, abogado querellante en la causa contra los funcionarios de la Sipolcar.
Cuando intentaron salir de la comunidad -diciendo que estaban en una zona de conflicto-, es que los Carabineros, según el relato de Viviana, pusieron a los niños de 2 y 3 años contra las ventanas para utilizarlos como «escudos humanos». «Eso demuestra una estatura moral muy baja de ellos, por muy legítimos que sean sus temores de salir de la comunidad mapuche. Desde el punto de vista jurídico, es inaceptable, es tortura sicológica hacia la familia de don Pedro Lepicheo y sobre todo de sus hijos, que han quedado con secuelas después de esto», afirma Ortega.
A seis meses de presentarse la querella criminal contra los funcionarios identificados -el capitán Carlos Espinoza, el teniente Nicolás Concha y el sargento segundo Amador Cuevas- y todos quienes resulten responsables, la investigación del fiscal Luis Morales no presenta mayores avances, salvo la toma de declaraciones. Otras diligencias solicitadas por la defensa se mantienen sin concretarse. «Es notoria la impunidad con que actúa Carabineros cuando se trata de niños mapuche», agrega Ortega.
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La molestia de las comunidades se acrecentó el pasado miércoles, cuando las 22 personas que participaron de la toma de la Conadi fueron formalizadas en el Juzgado de Garantía de Cañete por el delito de daños a la sede del organismo. A dos de ellas se les acusó también de desórdenes públicos.
Por el delito de daños, el Código Penal contempla penas que pueden ir desde 61 a 540 días de presidio o el pago de una multa, dependiendo de las conclusiones de la investigación. Se avaluó el daño del recinto en 12 millones de pesos, ya que en la querella la gobernación de Arauco asegura que los ocupantes destrozaron catorce muebles, dos puertas de madera, ocho puertas interiores con cerraduras, dieciocho tubos florecientes, dos vidrios, tres monitores de PC, cinco scanners, un notebook, tres impresoras, cinco sillas, ocho banquetas, sesenta sillas de usuarios, cinco escritorios de PC, dos banquetas de maderas y materiales de construcción.
Por si fuera poco, las partes querellantes -la gobernación de Arauco y la propia Conadi de Cañete- junto con el Ministerio Público solicitaron medidas cautelares: que ninguna de las 24 personas -todas mapuche- puedan acercarse al edificio de la Conadi.
Esto marca una llamativa situación. «La Conadi es el organismo para vincular al pueblo mapuche con el Estado, así que es increíble que a las personas que son usuarias de Conadi se les impida acercarse a la institución que el Estado tiene para ellas, no tiene ningún sentido», asegura el defensor público Javier Pereira, abogado de los 24 formalizados.
Eso sí, la solicitud de cautelar fue desechada por el magistrado Josue Marínez del Juzgado de Garantía de Cañete.
Además, la formalización también entrega un nuevo caso de comunicadores que se ven enfrentados a proceso judiciales en la tarea de cubrir el conflicto mapuche. Daniela Salazar, del medio Aukin, es parte de las formalizadas.
«La comunicación es una observación de derechos, porque en este caso en particular yo grabé el uso desmedido de la fuerza policial del desalojo. Finalmente, la comunicación es una evidencia de observación de vulneración y violación de derechos humanos que existe acá, y quienes ejercemos como comunicadores en este lugar nos vemos enfrentados a estas situaciones», asegura Salazar a El Desconcierto.
Este es un registro de Daniela Salazar al momento del desalojo:
Su caso no es único en la llamada zona de conflicto. En 2008, mientras grababa el documental Newen Mapuche, Elena Varela fue detenida y acusada de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia. Estuvo tres meses en una Cárcel de Alta Seguridad y todo su material fue requisado. El Tribunal Oral en lo Penal de Villarica la absolvió de todos los cargos.
Los mismo pasó con el fotógrafo Felipe Durán y el documentalista Vicente Montesinos. El primero, conocido ampliamente por su trabajo en la zona, fue acusado de porte de armas, tenencia ilegal de explosivos y tráfico de estupefacientes. Tras un año en prisión preventiva, fue absuelto de todos los cargos.
El caso de Vicente Montesinos sigue la misma lógica. El documentalista independiente estaba registrando una actividad cultural en la comunidad Rodrigo Melinao de Pailahueque. Entonces, registra un allanamiento que involucró a más de 50 efectivos policiales que ingresaron al lugar donde se estaban niños y adultos. La prensa la llamó «Operación Tauro» y el Ministerio Público acusó al werkén de la comunidad, Hugo Melinao, de orquestar una escuela de guerrillas en La Araucanía.
Las imágenes del allanamiento se difundieron ampliamente por redes sociales. Un par de semanas después, el 4 de febrero de 2017, Montecinos es detenido en Collipulli, mientras la casa de sus padres en Santiago era allanada. Se le dijo que estaba siendo investigado por la difusión del libro «Kultrawe», que se refiere a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La investigación, dirigida por el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, aseguró que ese material promueve actos violentos y que se le podía imputar por la Ley de Control de Armas.
Finalmente, Montecinos no fue ni siquiera formalizado y después de tres meses le devolvieron el material de trabajo del documental que se encontraba realizando.
A ellos se suman otros casos como el de Richard Curineo, de werken.cl, quien en 2016 fue llamado a declarar por la PDI para que señale quienes eran sus fuentes informativas; Camilo Tapia, fotoperiodista que registró un allanamiento a una comunidad mapuche en 2015 y a quien le quitaron su tarjeta de memoria con el material; Massimo Falqui, fotografo italiano detenido en la vía pública, conocido por su trabajo con la comunidad autónoma de Temucuicui; y el caso de dos menores de edad de 10 y 12 años, quienes en 2014 registraron cómo Carabineros irrumpía en la comunidad Marriao Collihuinca. Tras requisar los aparatos con que grabaron, los apuntaron con sus armas de servicios y los trasladaron hasta la comisaría, donde estuvieron 4 horas privados de libertad. Este último caso motivó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Patricia Tromelao, Viviana Llanquileo y Daniela Salazar están entre las 22 personas acusadas de daños por el Ministerio Público. Aseguran que la toma fue pacífica y que todos los daños que se les imputan fueron producto de la entrada violenta de Carabineros. Mientras esperan los 3 meses de investigación, piden que la Fiscalía también avance en las otras investigaciones, las que tienen a los mapuche como víctimas. «Ellos tienen todo, las querellas, todo. Pero los papeles mueren ahí, para nosotros no hay justicia. Aquí el gobierno dice algo y se nos va encima todo el peso de la ley, para nosotros nunca hay justicia», dice, resignada, Patricia.
«Todos los disparos, los ojos que han volado producto de perdigones, los tímpanos rotos producto de los golpes, la gente atropellada, violentada, ¿qué pasa con eso? Nada. Tal vez, puede ser, que sean actos justificados de las fuerzas policiales, pero si no hay investigación transparente, queda siempre la duda. No se trata de decir ‘¿por qué no hay condenas?’, sino ‘¿por qué no investigan?’ El tema es diferente, es que la cancha debería ser pareja», afirma Pablo Ortega, y agrega que insistirán en las diligencias para obtener justicia para la familia.
Desde la gobernación de Arauco no respondieron las consultas de El Desconcierto para esta nota.
Desalojo de la Conadi de Cañete
