Las víctimas de esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno de Alberto Fujimori pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano juzgue por estos casos al recientemente indultado ex mandatario. La abogada María Ysabel Celdano, de la organización Demus, informó que en la próxima sesión de la entidad se pedirá el cumplimiento del acuerdo de solución con el Estado peruano.

La cita está programada entre el 22 de febrero y el 2 de marzo, y la profesional fue clara al indicar que la CIDH le debe indicar “al Estado peruano que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia”.

“No es posible que la gracia presidencial impida que la investigación prosiga, concluya y denuncie a los responsables”, agregó. Fujimori recibió el indulto y derecho de gracia del Estado peruano el 24 de diciembre de 2017 donde se le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión y lo excluye de juicios en curso y a futuro.

La abogada recordó a la prensa que hay 2.166 denunciantes en una investigación preliminar a cargo del fiscal Luis Landa. Dicha causa ha sido archivada dos veces por el Ministerio Público de Perú.

Entre 1996 y 2001, se realizaron 272.028 ligaduras de trompa y 22.004 vasectomías por un programa estatal de control de la natalidad, orientado a personas de escasos recursos y zonas rurales.