Ya es un hecho que el próximo 16 de enero será feriado en la región Metropolitana, así como el 17 lo será en La Araucanía y el 18 en la región de Tarapacá. ¿La razón? La visita del Papa Francisco a nuestro país, que ha desatado una antigua polémica entre quienes consideran que un gobierno debiera garantizar que las personas puedan contar con facilidades para seguir la visita del jefe de la Iglesia Católica -a pesar de que las autoridades han insistido en que la medida tiene por objetivo garantizar el desplazamiento y hacer frente a eventuales emergencias asociadas a la visita- y quienes creen que en Chile debiera asegurarse que la autoridad no manifieste simpatías por ningún credo específico.

A ratos parece que la discusión es obsoleta, pero tanto la coyuntura de la visita papal como varios de los planteamientos más controversiales de las campañas políticas esgrimidos en la última elección presidencial muestran que la pregunta está más vigente que nunca: ¿es Chile un Estado laico?

Con la Constitución de 1925, que vino a reemplazar el texto vigente desde 1833, en Chile se separó claramente la Iglesia del Estado y se estableció la libertad de culto. Con esto, el país aseguró la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral. Sin embargo, a juicio de la profesora titular de la U. de Chile, doctora en filosofía y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Olga Grau, esto no asegura la condición laica de nuestra institucionalidad. “La Constitución del año 1925, pese a que hizo una diferencia respecto de las constituciones previas que eran favorables a la Iglesia Católica, no declaró formalmente y de manera explícita la condición laica del Estado, aunque su contenido expresa la división del Estado y la Iglesia al asegurar la diversidad, pluralismo e igualdad en el ejercicio de todos los cultos religiosos. Llegó a ser parte del sentido común por varias décadas que se vivía en un Estado laico”.

Pero depende de lo que se considere como tal. Para Alejandro Ramírez, filósofo, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile y autor del libro Epistemología y ateísmo. Examen de las argumentaciones y justificaciones de la creencia teísta (2016), si bien desde un punto de vista formal es posible afirmar que Chile es un Estado laico, pues “la cuestión de lo laico no refiere a poseer fe o no, sino a pertenecer a una orden religiosa”, desde lo no formal “es difícil aceptar tan claramente que Chile tenga un Estado laico. Porque la cuestión es que el Estado parece en varios sentidos ‘comprometido’ con intereses religiosos, especialmente católicos, aunque seguramente en distintos grados y maneras. Debiera considerarse, por ejemplo, lo que aconteció con el programa de educación sexual Jocas; o lo que sucede con lo trabajoso que resulta instalar políticas públicas relacionadas con el aborto; o en la participación de los gobiernos, representantes de Estado, en ceremonias religiosas, no importa cuán ecuménicas sean; o en los símbolos religiosos que soportan las Fuerzas Armadas”.

La ambigüedad que existe en esta materia es un hecho que sorprende a Alejandra Araya, doctora en historia y directora del Archivo Central Andrés Bello de la U. de Chile, quien señala que este “es uno de los debates más aplazados y el hecho más soslayado de nuestra historia reciente”. Araya plantea que lo que la Constitución vigente garantiza como derecho es la libertad de culto, la libre manifestación de las creencias y la libertad de conciencia, lo que permite que “los argumentos religiosos sean válidos en el debate público, que funcionen como norma ética y que, por ejemplo, los representantes de las religiones con personalidad jurídica puedan opinar en los medios de comunicación públicos y estatales”. Impensable en países que se han definido explícitamente como laicos, señala la historiadora, quien ejemplifica con el caso mexicano. “Al asumir el presidente Fox, en 1999, su familia le regaló en el acto público de toma de mando un crucifijo. Fue amonestado públicamente pues es el jefe de Estado y era una ceremonia pública de Estado, por lo que estaba fuera de lugar hacer cualquier manifestación pública de su opción religiosa. En Chile, recién en el años 2013 se aprobó un proyecto para modificar el juramento de las autoridades de la administración pública que dice ‘¿Juráis por Dios Nuestro Señor y por estos Santos Evangelios que, en ejercicio de vuestro ministerio, guardaréis la Constitución y las leyes de la República?’, para agregar luego de la aceptación que ‘Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande’”.

Asuntos públicos e Iglesia

La última elección presidencial se vio cruzada por temas “valóricos” y otros derechamente propiedad de determinadas creencias religiosas. Mientras candidaturas como la de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se manifestaron a favor de un Estado laico y la candidata llegó a decir que “yo, por ejemplo, no soy creyente y preferiría como Presidenta no participar en un Te Deum Evangélico o del Te Deum Ecuménico al que invita la Iglesia Católica”, el actual Presidente electo, Sebastián Piñera, planteó en su publicidad de campaña que “después de Dios, la familia es lo más importante”. El mismo Piñera, a fines de agosto, señaló que estaba dispuesto, a petición de grupos conservadores ligados a la Iglesia, a “revisar” la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Por su parte, el candidato José Antonio Kast, que después de la primera vuelta se plegó al comando de Piñera, involucró en varios de los capítulos de su franja presidencial al influyente pastor David Hormachea, quien llega a millones de personas a través de 800 estaciones de radio cristianas que transmiten su programa en América Latina y que llamó a votar por Kast porque “ama el matrimonio entre un hombre y una mujer y es contrario al aborto”.

La académica Olga Grau está totalmente en contra de la intervención de las creencias religiosas en este tipo de debates. “No sólo las campañas políticas deberían carecer completamente de argumentos o afirmaciones de carácter religioso en el contexto de un Estado laico, sino que debería existir en el discurso político la total prescindencia de referencias a una religión o Iglesia determinadas que se expresan habitualmente como prueba de firmeza e integridad moral. Un aspecto positivo de la modernidad fue la diferenciación de lo relativo al ámbito de la fe, de las creencias religiosas que pertenecen a la dimensión individual y a comunidades particulares que se forman en torno a esas, de lo referido a la dimensión ética, que se relaciona con la dimensión política de los seres humanos viviendo en sociedad y donde las discusiones políticas se deben dar en términos de apelación a la razón”.

Lo mismo opina la académica Kemy Oyarzún, doctora en filosofía, profesora titular de la U. de Chile y coordinadora del Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Humanidades, quien plantea que “no debieran las campañas políticas estar cruzadas por discusiones religiosas. Me sorprendió el otro día que en su discurso el Presidente electo haya invocado a la Nación y a Dios, en agradecimiento a su éxito electoral. Creo que con eso experimentamos un retroceso. Las convicciones religiosas influyen en el ámbito cultural de un país como Chile. Eso es inevitable. Como es inevitable también el influjo de lo laico en nuestros imaginarios a través de la historia. Una figura presidencial no debiera tomar ‘partido religioso’. Chile es un Estado con múltiples creencias, costumbres, rituales, usos. Es un espacio con territorios y subjetividades heterogéneas. Todas y todos debiéramos caber en estos cruces de verdades, en ese transitar abierto y plural que es el Estado. Habitamos aquí comunidades laicas, comunidades ritualistas, comunidades científicas, comunidades creyentes, comunidades agnósticas. Y la presidencia debe invocar a ese conjunto plural, propio de la sociedad abierta que tanto nos está costando construir”.

La deuda intelectual con el laicismo

Alejandra Araya se asombra de la escasa cantidad de artículos en torno a la cultura laica y el bajo número de intelectuales trabajando sobre este tema. Plantear esas discusiones, señala, “es un hecho fundamental para establecer los márgenes de una república democrática, efectivamente democrática, pues seríamos capaces de destrabar asuntos que atacan directamente el respeto a los derechos humanos, como el reconocimiento de las mujeres como sujetas al no reconocernos propiedad sobre nuestros cuerpos al primar una concepción religiosa sobre la vida. Hacer esta discusión desde estudios en profundidad dotaría al debate sobre lo público y la educación pública de un contenido clave para la construcción de una sociedad de pares; cuando escucho ‘calidad’ no veo por ninguna parte la capacidad de discutir sobre laicidad”.

Uno de los problemas, plantea, es que no están claros los hitos, los recorridos, los textos y los autores de este debate en Chile. Por ello, anuncia, la Cátedra Neruda, fruto de una alianza entre la Fundación Pablo Neruda y el Archivo Central Andrés Bello, ha propuesto como proyecto estudiar las bases de la cultura laica en Chile, con el fin de aportar con dicha genealogía y actualizar el debate no sólo en el marco de las demandas de una nueva Constitución, sino que como gran deuda de los intelectuales contemporáneos. “Como ha dicho Julia Kristeva, no hemos sido capaces de construir una ética no religiosa. La laicidad no es sinónimo de anti-religioso, ni religioso sinónimo de católico. El imaginario sobre el miedo nos domina cotidianamente y por ello es un tabú decirse laico y es políticamente correcto decirse tolerante o plural, que en la gran mayoría de los casos se usa como comodín frente al conflicto, pero que no define nada”, sentencia Araya.

*Publicado originalmente en Palabra Pública