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Ex funcionario FMI por informe adulterado: «Hay coincidencias curiosas, como los contactos de López-Claros con la derecha chilena»

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr | Publicado: 15.01.2018
Ex funcionario FMI por informe adulterado: «Hay coincidencias curiosas, como los contactos de López-Claros con la derecha chilena» luis eduardo escobar |
El economista Luis Eduardo Escobar revela la gravedad de los hechos en torno al informe “Doing Business” del Banco Mundial y relata a El Desconcierto las dificultades para modificar informes dentro de los organismos internacionales.

Desde que este fin de semana el periódico norteamericano The Wall Street Journal reveló las irregularidades del informe llamado “Doing Business”, la actualidad política ha situado al Banco Mundial (BM) y sus informes económicos en el ojo del huracán.

Este lunes, el economista jefe del organismo, Paul Romer, reveló que la causa de las modificaciones tiene que ver con cambios reiterados en la metodología del informe, que clasifica a los países de todo el mundo por la competitividad de su entorno empresarial.

Quien, en cambio, no se ha pronunciado más desde este domingo ha sido el economista boliviano involucrado en la supuesta manipulación política, Augusto López-Claros, quien habló de «cambios metodológicos completamente justificados y transparentes».

Para entender cómo los efectos para el país de un escándalo económico de tal envergadura y las certezas que hoy podemos esperar de los organismos internacionales, El Desconcierto conversó con el economista y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Luis Eduardo Escobar.

– ¿Cómo valora usted los hechos y las reacciones que se han producido desde que este fin de semana se conoció la manipulación de los datos del ranking de competitividad del Banco Mundial?

– Los hechos en sí mismos son preocupantes por varios motivos. En primer lugar, porque ponen en cuestión trabajos técnicos de organismos internacionales a los que nosotros recurrimos con frecuencia, entonces cuando empiezan a haber cuestionamientos no sólo de la calidad técnica, sino también de la intencionalidad política de ciertas mediciones que se supone que son objetivas, esto es sumamente preocupante. Respecto la reacción, creo que en algunos ámbitos ha sido exagerada. Hay una suerte de ‘caza de brujo’, en vez de tratar de entender lo que pasó. Y ahí nos falta mucha información. Tenemos los datos de Paul Romer, pero es curioso la forma en que él operó en este caso, haciendo una denuncia pública cuando lo usual es que estas cosas se hagan dentro de las instituciones e informando a los gobiernos afectados directamente.

También es curioso que el único país afectado sea Chile cuando una cambia una metodología. Deberían haber otros países y, de alguna manera, Romer apunta a esto. Dice que Chile es de los más afectados pero es posible que hayan otros también. Sobre eso, tampoco sabemos.

– ¿Esta información que falta, podría tener que ver entonces con un caso más global y que traspase el caso chileno?

– Hay que saber si es sólo Chile el que se afectó o no. Si la incorporación de los cambios afectó a diversos países de distintas maneras, podemos discutir sobre la metodología. En cambio, si es sólo nuestro país puede ser que haya una intencionalidad política y entonces necesitamos saberlo.

– Esta, de hecho, ha sido la lectura que se le dio desde el primer momento. Quizás hasta ahora que Romer no abrió esta otra opción no se empezaría a leer así.

– Exactamente. Nos falta información, justamente.

– Usted trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Coincidió alguna vez con Augusto López-Claros mientras estuvo en el Banco Mundial?

– Nos conocemos pero nunca trabajamos juntos ni nunca fuimos amigos, tampoco.

– ¿Qué tan fácil puede ser alterar unos datos como los del ranking de competitividad?

– Es muy difícil. Si se llegara a demostrar que esto fue lo ocurrido en este caso, debiera tener consecuencias muy graves para el autor, si es que efectivamente fue él. Es bien difícil porque nadie trabaja solo en estas cosas. López-Claros era jefe de la unidad que hacía esto dentro del Banco Mundial  y tenía cierto prestigio haciendo estas cosas porque las hacía antes en el Foro Económico Mundial (FEM). Él ayudó a montar el índice de competitividad del FEM, que por cierto era mucho más subjetivo que el que tiene el Banco Mundial, tiene mediciones más cuantitativas. Es bien curioso lo que ha pasado en esta oportunidad. Y además hay coincidencias curiosas, como el hecho de que López-Claros era un tipo con buen contacto con la derecha chilena, que trabajó en Chile en una época y que es boliviano.

– Después de lo ocurrido, ¿queda puesto en entredicho la importancia que le damos a los informes y documentos elaborados por los organismos internacionales para implementar las políticos públicas de los gobiernos?

– En la parte macroeconómica, Chile ha estado menos pendiente de los organismos internacionales desde la década de los 90. Anteriormente dependíamos mucho de los organismos financieros internacionales porque teníamos problemas de balance de pagos, teníamos problemas para pagar nuestras deudas. Ahora, efectivamente, en América Latina, hemos tendido a darle cierta importancia a las recomendaciones de los organismos internacionales por dos motivos. Uno, porque se supone que son neutros políticamente, que es una de las cosas que ahora estaría en cuestión. Y, lo segundo, es que se supone que además técnicamente son competentes. Entonces es una manera de conseguir opiniones técnicas sin tener que tener a la gente dentro del propio aparato del Estado. Se accede a una diversidad de puntos de vista de una manera más expedita y a costos más razonables.

– Bajo esa lógica, quedarían demostrados los sesgos y las presiones de los lobbys políticos en la elaboración de estos documentos.

– Desde luego que sí. Y las decisiones que toman no son neutrales políticamente. Por ejemplo, cuando el FMI decidió junto con los países europeos y Estados Unidos que iban a hacer una política del shock después del colapso de la Unión Soviética, esta decisión tuvo muchos vicios políticos y la URSS no estaba en condiciones de cuestionar nada porque en aquel momento no podía pagar sus deudas. Muchas veces uno está sujeto a las decisiones que toman estos organismos internacionales, que tienen consecuencias políticas importantes y muchas de ellas se ven al largo plazo.

– ¿Qué le parece la respuesta que entregó López-Claros alegando que hubo una dimensión de género no considerada?

– Aunque los indicadores de género son muy importantes, sobre todo en Chile, no estoy seguro que lo sean tanto para un índice que mide la facilidad para hacer negocios, incluyendo las inversiones. Me pregunto si esto tiene importancia desde el punto de vista de cómo se hacen los negocios. Ayer estuve buscando cosas específicamente de género en el último índice publicado en la página web del BM, que tiene fecha de 2018, y no las vi. Entonces no sé de qué está hablando Augusto López-Claros.

El portavoz del BM dijo que ellos iban a hacer una investigación y que llamarán a una agencia externa para que evalúe esto. Es responsabilidad del gobierno de Chile preocuparse de la calidad de ese auditoría para aclarar este tema de una vez.

– ¿Cuál es el rol de las agencias de riesgo en la calificación de los países, el llamado a inversiones, las fluctuaciones económicas y todos los cambios de este tipo que experimenta nuestra economía?

– Hubo mucho debate sobre esto a partir de 2008-2009, cuando ellos andaban recomendando invertir en determinados tipos de papeles que, según ellos, eran de bajo riesgo y después resultaron ser un fracaso. Hay bastante cuestionamiento sobre eso. Pero más allá de eso, las agencias de riesgo representan los intereses del mundo financiero. Entonces también en cierto modo defienden los intereses de sus clientes. Las instituciones que quieren ser evaluadas tienen que pagar a estas agencias de riesgo por lo que hacen. Entonces las dudas son a quién sirven estas agencias de riesgo: ¿sirven a las instituciones que les pagan para que les hagan su evaluación, que son los emisores de papeles de deuda, o al gran público que tiene que invertir en estos papeles que emiten las instituciones evaluadas? Ahí también hay dudas sobre la independencia política de estas instituciones.

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