Antes de ser designada ministra de Medio Ambiente por Sebastián Piñera, Marcela Cubillo se desempeñó por dos períodos como diputada de la UDI por el distrito 21 de la Región Metropolitana.

La hija del ex canciller de Pinochet, Hernán Cubillos, formó parte de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, cuando se discutió el proyecto que dio origen a la creación del Ministerio y la Superintendencia de la cartera. Aunque la diputada solo se presentó en el 25% de las sesiones de la comisión, su posición en las votaciones generales dejó en evidencia su postura frente a las eventuales sanciones a las empresas.

Según consignó El Mostrador, la futura ministra de Medio Ambiente presentó una indicación para limitar a la futura Superintendencia respecto del pedido de información a las empresas que estén llevando adelante un proyecto o puedan ser sancionadas: “La Superintendencia no podrá en ningún caso realizar requerimientos de información referida a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales”, se estableció.

Además, a la hora de decidir acerca de la capacidad del futuro ministerio para sancionar, suspender un proyecto o tomar otras medidas cuando un proyecto tenga un impacto ambiental no permitido, Cubillos y el actual senador Francisco Chahuán, además del diputado Alejandro García-Huidobro, pretendían poner nuevas barreras a la acción de la cartera, dejando en manos de un juzgado la decisión final sobre una sanción. 

La cláusula consignaba que “en todo caso, la suspensión a que hace referencia este artículo deberá ser autorizada previamente por el juez de letras en procedimiento breve y sumario con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción”. Al momento de votar, sin embargo, la indicación fue rechazada con solo tres votos a favor y cinco en contra.

Durante la discusión, la futura ministra señalaba que se deberían exigir mayores requisitos para su aprobación o hacer intervenir a otra instancia, como podría ser la judicial, o que, al menos, “se exigieran ciertos requisitos para que ella se aplicara mediante una resolución fundada”.

A la vez, Cubillos, Chahuán y García-Huidobro presentaron una larga cláusula para agregar el artículo 54 A a la ley que rige el ministerio, con el objetivo de retrasar una posible sanción contra alguna empresa: “En contra de las resoluciones de la Superintendencia, sea o no que aplique sanciones o medidas provisionales, la parte interesada podrá interponer un recurso ante un Panel de Expertos que deberá resolver conforme a derecho”, establecía.

Finalmente, la cláusula fue declarada inadmisible desde el Ejecutivo, ya que tocaba materias de facultar exclusiva de la Presidencia. No obstante, el grupo de parlamentarios integrado por Cubillos volvió a la carga intentando suprimir la letra b del artículo 4, que le otorgaba más obligaciones al ministerio.

“Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, sostenía el artículo.

A juicio de Marcela Cubillos, la cláusula contenía una “norma de carácter discriminatorio que rompe con el trato igualitario ante la ley”. Sin embargo, desde el Gobierno respondieron que dicha disposición tenía su origen en el Convenio 169 de la OIT.

En la misma sesión, Cubillos informó que se inhabilitaba de la discusión sobre el proyecto termoeléctrico Los Robles, en Constitución, por vínculo familiar con un ejecutivo de la empresa.