Fue en septiembre cuando Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y otros siete reconocidos dirigentes mapuche, fueron detenidos en el marco de la mediática Operación Huracán.

La justificación fueron una serie de mensajes de WhatsApp y Telegram que, según se explicó desde el Ministerio Público, fueron recabados por funcionarios de inteligencia de Carabineros. Estos, supuestamente, comprobaban la participación de los imputados en una serie de atentados incendiarios en La Araucanía.

Todos quedaron en prisión preventiva, hasta que la Corte Suprema ordenó liberarlos porque la argumentación de la jueza carecía de fundamentos para sustentar la privación de libertad.

Ayer, en un giro completo en la causa, la Fiscalía cerró la investigación por la Operación Huracán y anunció una querella contra Carabineros, por la falsificación de pruebas en el marco de la investigación que tuvo a ocho mapuche detenidos. De hecho, el propio fiscal nacional, Jorge Abbot, reconoció que los mensajes que fueron utilizados como principal prueba contra los acusados “habrían sido incorporado con posterioridad a la incautación de los teléfonos, lo que constituye una irregularidad gravísima”.

Para Héctor Llaitul, esto demuestra “lo que nosotros sostuvimos desde un inicio, cuando fuimos apresados y procesados en el marco de la Operación Huracán, que las pruebas y evidencias no eran las que se decían, eran pruebas falsas”.

El líder de la CAM denuncia un “montaje muy elaborado de parte de la ANI -Agencia Nacional de Inteligencia- y de parte de Carabineros”.

“Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu“, dijo Llaitul a El Mostrador.

“Aquí lo que quedó en evidencia fue el actuar irresponsable, fuera de la ley inclusive, fuera de la institucionalidad del Estado, todo en el marco de persecución política en contra del pueblo mapuche, particularmente del Movimiento Mapuche Autonomista, del cual nosotros somos una expresión más, como CAM“, continúa Llaitul.

El dirigente mapuche afirma que no es la primera vez en que se les vincula a causas judiciales en base a pruebas de dudosa procedencia y resalta la importancia del giro que tomó ayer la Fiscalía, radicado en que “se pone en cuestión el trabajo de una institución como Carabineros”.

“El montaje tenía un particular objetivo político, que era sacar de circulación a una organización consecuente como la CAM, con 20 años de trayectoria, con políticas claramente definidas, con vocerías establecidas y por lo tanto, había una obsesión de parte de las autoridades, de golpearnos a como dé lugar“, dice Llaitul.

Carabineros tiene que hacerse responsable, no solamente en términos operativos, sino en términos políticos de su actuar, no en un caso en específico, sino en otros muchos, pero aquí también hay una responsabilidad política. Estamos hablando de una operación digitada por la Agencia Nacional de Inteligencia y la Ley de Inteligencia, que es una determinación política del más alto nivel, aquí está involucrado el gobierno de turno y la figura de un subsecretario, y en este caso no es menor la responsabilidad que le compete”, insiste.