Este viernes, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó dar una salida alternativa al proceso judicial que enfrentaba la minera no metálica SQM, imputada por los sobornos realizados por Patricio Contesse, su ex gerente general, a personas del entorno de Pablo Longueira, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, que se conocieron en el escándalo del financiamiento irregular de la política.

Pese a las críticas que se despertaron desde que el fiscal Pablo Gómez propuso la iniciativa, la justicia aprobó la suspensión condicional del procedimiento que contempla el pago de una multa de $2.550 millones: 900 los recibirá directamente el Fisco, mientras que los otros 1.650 irán a beneficio de un grupo de fundaciones: Debra Chile, que trabaja con niños con piel de cristal; el hospital sanatorio marítimo San Juan De Dios para jóvenes con daño mental, la fundación pequeño Cottolengo de Cerrillos y una fundación de preservación de la Cultura Rapa Nui.

El juez Luis Avilés dictó además que la compañía además debe elaborar un manual “de estándar internacional” que establezca políticas internas sobre el comportamiento necesario para prevenir este tipo de delitos.

Ante el acuerdo, el Consejo de Defensa del Estado manifestó su disconformidad. Consideramos que este es un caso paradigmático donde debería haberse impuesto una pena. Como Consejo estimamos que la salida alternativa debe mantenerse para casos que no comprometan intereses públicos relevantes, y consideramos que el caso SQM sí se comprometían esos intereses”, dijo María Inés Horvitz.

Dado lo anterior, una de las interrogantes que se abre es si las salidas alternativas se harán extensivas hacia otros imputados, como el mismo Pablo Longueira. 

Enfrentamiento entre el fiscal Gómez y el CDE

La audiencia de esta jornada estuvo marcada por el tenso enfrentamiento entre el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. “Esta es la señal de política criminal que está dando el Ministerio Público: la empresa paga coimas a políticos y cómo soluciona el problema, pagando”, afirmó la abogada del CDE Lupy Aguirre. A ella se sumó María Inés Horvitz, quien agregó: “Esta es una empresa que corrompió a un senador del Estado, cuya precisa labor es velar por el cumplimiento de las leyes”.

A lo anterior, el fiscal Pablo Gómez acusado a las abogadas de tirar frases para la galería y agregó: “Afortunadamente existe un poder judicial, estamos ante él y no ante la justicia de Twitter, porque estamos escuchando un alegato orientado a ese público”.

El CDE además señaló que evaluará recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la salida alternativa. En tanto, al conocerse la decisión, el renunciado fiscal Carlos Gajardo, uno de los emblemáticos persecutores de las platas políticas y quien renunció al conocerse también una salida alternativa en el caso de Iván Moreira, publicó una encuesta de confianza de los ciudadanos con sus sistemas de justicias y agregó: “Lo de los últimos días solo empeora las cosas”.