Curitiba, 10 de mayo de 2017. El ex presidente brasileño Lula da Silva se enfrenta al juez Sérgio Moro, que comanda las investigaciones judiciales en la llamada Operación Lava Jato. El diálogo que se reproduce acá -una pequeña parte del testimonio de aquel día- ya es conocido por muchos, una vez que se hizo viral en redes sociales, incluso en su versión en español, pero vale la pena recordarlo:

– ¿El departamento es suyo?
– No.
– ¿Seguro?
– Seguro.
– ¿Entonces no es suyo?
– No.
– ¿Ni un poquito?
– No.
– ¿O sea que usted niega que sea suyo?
– Lo niego.
– ¿Y cuando lo compró?
– Nunca.
– ¿Y cuánto le costó?
– Nada.
– ¿Y desde cuándo lo tiene?
– Desde nunca.
– ¿O sea que no es suyo?
– No.
– ¿Está seguro?
– Lo estoy.
– Y, dígame: ¿por qué eligió ese departamento y no otro?
– No lo elegí.
– ¿Lo eligió su mujer?
– No.
– ¿Quién lo eligió?
– Nadie.
– ¿Y entonces por qué lo compró?
– No lo compré.
– Se lo regalaron…
– No.
– ¿Y cómo lo consiguió?
– No es mío.
– ¿Niega que sea suyo?
– Ya se lo dije.
– Responda la pregunta.
– Ya la respondí.
– ¿Lo niega?
– Lo niego.
– O sea que no es suyo…
– No.
(…)
– Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?
– No, por eso le pregunto.
– Ya le respondí.

Tres meses antes de esa conversación kafkiana, Moro había realizado otra indagatoria a un ex presidente: Fernando Henrique Cardoso, líder de la derecha neoliberal brasileña, quien compareció como testigo y no como imputado. Muchos reos ligados a los delitos afirmaron que los hechos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, blanco de la Lava Jato, datan de hace más de 20, incluyendo todo el mandato de Cardoso e incluso antes, por lo que el magistrado consideró que los hechos anteriores a Lula ya han prescrito y no merecen mayor investigación.

En el diálogo con Cardoso -quien además es amigo personal del ex mandatario chileno Ricardo Lagos- parece que hable otro juez Moro, distinto al que habló con Lula: saludó amablemente, dándole un “buen día especial”, le dedicó elogios personales a menudo y se disculpó previamente siempre que preguntó cualquier asunto que podía poner al testigo en aprietos.

La mezcla de los dos episodios muestran cómo suele variar la conducta que tiene no sólo el juez Moro, sino también todo el equipo de Ministerio Público responsable de la Operación Lava Jato, que suele ser criticado tanto por los abogados defensores de los reos como por muchos de los estudiosos jurisconsultos más importantes de Brasil.

Al ser, la corrupción, una de las grandes preocupaciones instaladas en las sociedades actuales, cuando uno habla de críticas a las investigaciones puede sonar como una forma de justificarla o boicotear el combate contra ella. Y aunque es obvio que los investigados siempre harán ese tipo de movidas, el caso brasileño, en su complejidad, incluye otro tipo de cuestionamientos, que apuntan justamente a analizar los efectos de las operaciones, incluso su eficacia contra los hecho corruptos.

Pero los cuestionamientos sobre las exageraciones de Lava Jato -sobre si configuran o no atropellos al Estado de Derecho-, se dan solo para un lado del espectro político brasileño.

Sesgo ideológico

La Operación Lava Jato empezó en marzo de 2014, pocos meses antes del inicio de la última campaña presidencial, que terminó con la victoria de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves, la cuarta conseguida por el Partido de los Trabajadores (PT) sobre la derecha.

Aquella carrera presidencial fue marcada por los hechos investigados en el caso Lava Jato, y sobretodo los medios de Globo fueron los especialistas en mezclar el noticiero de corrupción con el de la campaña electoral, destacando sobre todo los hechos relacionados con Lula y el financiamiento de campañas para el PT, al mismo tiempo en que omitían hechos como el vínculo que mantenían los partidos opositores con algunos reos y constructoras investigadas.

De hecho, la operación hasta hoy se centra en los hechos relacionados con las empresas que financiaban más campañas del PT, mientras que ignora el financiamiento de las que preferían financiar a la derecha. Aunque al final todas las empresas del rubro inyectan recursos en ambos sectores, hay preferencias implícitas en los montos, hecho que, por lo que parece, Lava Jato no desconoce, sino que lo utiliza. También ha tratado de ignorar que la realización de las auditorías internas a Petrobras que permitieron el acceso a muchas de las informaciones de la operación e incluso llevó a la demisión de los ex directivos que fueron los primeros delatores, fue una iniciativa de Dilma.

Pero fue durante el breve segundo mandato de la ex presidenta que aumentaron las sospechas sobre el sesgo ideológico de Lava Jato. El periodista Luis Nassif es uno de los mayores críticos de la operación y cuenta que “en el año 2015 la Policía Federal y el Ministerio Público ya sabían que los ilícitos apuntaban mucho más al diputado Eduardo Cunha y al entonces vicepresidente Michel Temer que a Dilma Rousseff, porque estaban involucrados ex directivos de Petrobras ligados a Cunha y a Temer. Sin embargo, mantuvieron la tesis de que el PT y Lula eran los organizadores de todo. Eso favoreció el impeachment, al igual que el bajo perfil que se dio a los hechos llevados a cabo por Cunha mientras lideró el proceso de impeachment, ignorando que él era el principal operador político dentro de Petrobras”.

Tras el golpe liderado por Cunha y Temer y la posterior caída de Dilma Rousseff , y con Lava Jato bajo la sospecha de enfocarse solamente en ilícitos que involucren al PT, los casos ligados al diputado pasaron a tener más prioridad, llegando a su detención a finales de 2016. Otro crítico de Lava Jato, el economista Luis Carlos Bresser Pereira, también mantuvo sus críticas a la operación: “Aún con la prisión de Cunha, la mira de los fiscales siguió priorizando el PT y bajando el perfil a los casos de otros partidos, lo que hace dudar de una visión realmente amplia sobre la corrupción en las estatales brasileñas, que es un problema que existe desde antes de la presidencia de Lula. Quizás incluso antes de la fundación del PT, en los años 80, desde la dictadura militar (1964-1985)”.

El comentario de Bresser Pereira no es uno cualquiera. El economista fue ministro de Hacienda del gobierno de José Sarney (de derecha) y uno de los fundadores del PSDB (Partido Social Demócrata Brasileño, que pese a su nombre, es la principal fuerza política derechista y defensora del neoliberalismo en el país), al igual que el ex mandatario Cardoso.

El PSDB también tiene a muchas figuras citadas en las investigaciones de Lava Jato, empezando por Aécio Neves, su último abanderado presidencial y uno de los políticos más mencionados entre testimonios y listas de receptores de dineros ilegales de constructoras ligadas a Petrobras y otras estatales, sobre todo por el período en que fue gobernador del Estado de Minas Gerais. Otras figuras del partido que fueron citadas son Geraldo Alckmin y Beto Richa, gobernadores de São Paulo y Paraná respectivamente, además de José Serra, ex canciller de Temer y candidato presidencial derrotado por Lula en 2002 y por Dilma en 2010.

Sin embargo, ninguna investigación que involucra esas figuras ha tenido mayores avances. De hecho, el mismo día en que el Tribunal Regional de Porto Alegre ratificó la condena a Lula, el pasado miércoles, el Ministerio Público Federal de Brasil pidió archivar la investigación al senador José Serra (PSDB), quien fue el ex candidato presidencial contra Dilma Rousseff en 2010 y el primer canciller del gobierno de Temer.

Además de recibir platas de OAS y Odebrecht en sus campañas, Serra es acusado de recibir dinero de petroleras privadas extranjeras para su campaña presidencial de 2010. Curiosamente, el presidente de Petrobras durante todo el gobierno de Temer es una figura muy ligada a él: el economista Pedro Parente, cuya labor en la petrolera estatal ha sido la de acelerar el proceso de subastas de yacimientos petroleros brasileños, sin esconder el favoritismo a las empresas extranjeras, muchas veces sacando a Petrobras del camino.