A pesar de que la pena de muerte fue derogada en Chile en 2001, por estos días, 17 años y tres gobiernos después, en la discusión pública nuevamente se ha vuelto a hablar sobre si se debería echar pie atrás en el tema o no.

El hecho que gatilló el debate es la brutal muerte de una lactante de 1 año y 11 meses en Puerto Montt debido a las agresiones y abusos sexuales que recibió de parte de su padre, y puso al hashtag #LeySophia, que pide por un endurecimiento de las penas, entre lo más comentado por estos días. Lo anterior además se ha alimentado de declaraciones de figuras públicas como el senador Iván Moreira (UD), quien ha abogado públicamente por la causa y anunció que pedirá que el asunto se vuelva a discutir en el Congreso.

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Eso incluso aunque desde el punto de vista legal ello no es posible ya que “los países que han abolido la pena de muerte no pueden volver a instaurarla, según el artículo 4 del Pacto de San José, al que Chile suscribió”, explicó a El Desconcierto el abogado Jaime Winter. De este modo, “además del repudio de la comunidad internacional, Chile se vería expuesto a una serie de sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

A pesar de lo anterior, no es primera vez que parlamentarios de la derecha actúan en favor de reinstalar este tipo de condena, que actualmente existe en la legislación chilena sólo en caso de guerra. Ya en 2001, cuando la modificación que eliminaba esta pena estaba recién promulgada, un grupo de parlamentarios solicitó restaurarla, y entre ellos se encontraba Rodrigo Álvarez (UDI), el ex ministro de Energía y ex subsecretario de Hacienda durante la primera administración Piñera, el futuro ministro de Minería Baldo Prokurica (RN), y el emblemático UDI Pablo Longueira.

Ocho años después, en 2009, otro grupo volvió a intentarlo, esta vez proponiendo modificar el Código Penal para restituir la pena en casos de violación con resultado de muerte a menores de 14 años. Entre los diez parlamentarios que secundaron la moción estuvieron las UDI Marisol Turres y Claudia Noguiera, y el futuro ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward (UDI).