Durante el pasado martes, la ministra de Salud, Carmen Castillo, confirmó que la aplicación de la ley de aborto en tres causales no permitirá la objeción de conciencia a recintos de salud privados que reciban aportes del Estado.

El protocolo establece que en el caso de los recintos administrados y de propiedad de entidades privadas que mantienen un convenio con el Estado para la prestación del AUGE o donde la red pública no tiene cobertura, no podrán negarse a practicar abortos.

Según la ministra, esta norma se aplicará para todas las instituciones que entreguen prestaciones obstétricas y ginecológicas: “El Estado, cuando provee fondos para gineco-obstetricia, obviamente tiene que respaldar las leyes que son exigencia para nuestro sistema de salud pública”.

Existen al menos cuatro recintos que han manifestado previamente que se acogerían a la objeción: el Hospital de Pucón, de Panguipulli, el Parroquial de San Bernardo y el San José de Puerto Varas. Sin embargo, todos reciben aportes públicos.

“Los otros centros tienen que comprender que tienen un rol estatal y que tienen que prestar la atención o evaluar, en un futuro, ser objetores todos sus profesionales clínicos o eventualmente cerrar el servicio de ginecología obstetricia”, apuntó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

El caso del Hospital Parroquial de San Bernardo, que cuenta con 290 mil paciente del sector público en su servicio de ginecología y obstetricia, podría sumar complicaciones. Recientemente, el obispo de la comuna, Juan Ignacio González, aseguró que se intenta imponer la realización de abortos y no descartó acudir a tribunales.