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Comunidades chilenas y migrantes denuncian discriminación arbitraria en desalojo de campamentos en Antofagasta

Por: core | Publicado: 01.02.2018
Comunidades chilenas y migrantes denuncian discriminación arbitraria en desalojo de campamentos en Antofagasta Traslado a La Chimba | Twitter @GobAntofagasta
«Lo que queremos es participar de las decisiones y buscar alternativas conjuntas y participativas para vivir en zonas que no tengan riesgos, pero en base a criterios y  lugares consensuados. ¿O acaso no podemos participar de las decisiones que nos afectan directamente?», dicen diversos comités de vivienda de Antofagasta tras la decisión del Gobierno Regional de trasladarlos a La Chimba.

El pasado miércoles 31 de enero se cumplió el plazo límite impuesto por el Gobierno Regional de Antofagasta para que casi 90 familias de diferentes comités del Macrocampamento Balmaceda hicieran abandono de sus casas y se trasladaran a un barrio transitorio dispuesto en el sector de La Chimba.

Esto ha sucedido particularmente con familias que nos encontramos cercanas a torres de alta tensión.

Si bien entendemos el riesgo que conlleva nuestra situación, consideramos que las decisiones definidas por el Gobierno para trasladarnos no han contado con nuestra participación. No se ha tomado en cuenta el parecer de nuestros vecinos, ni tampoco se han hecho cargo de las más de 900 familias que vivimos en diversas situaciones de riesgo en los campamentos de Antofagasta hace 3, 5 o 10 años, habiendo cupo sólo para 110. Ante esto nos preguntamos: ¿Y qué pasa con las demás?

Hasta ahora han sido trasladadas aproximadamente 25 familias, con participación del efectivos del Ejército. El no acatar esta disposición nos deja ante la posibilidad de ser desalojados, sin opción de buscar otras alternativas o de participar con propuestas de las definiciones de traslado. Es por eso que hemos presentado un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el que ha sido admitido y a través del cual pedimos que no se vulneren nuestros derechos o al menos se escuche nuestro parecer. Lo que queremos es participar de las decisiones y buscar alternativas conjuntas y participativas para vivir en zonas que no tengan riesgos, pero en base a criterios y  lugares consensuados. ¿O acaso no podemos participar de las decisiones que nos afectan directamente?

No queremos trasladarnos al Barrio Transitorio de La Chimba, y acá damos nuestras razones:

-Porque no se puede considerar transitorio un barrio que implica una estadía de al menos 5 años, condicionado al avance de la construcción de viviendas sociales y con un cambio de gobierno que no sabemos qué trato dará a los campamentos.

-Porque la resolución de desalojo es de 2016 y recién dos años después se la invoca e informa a las vecinas y vecinos para hacerla efectiva.

-Porque el traslado supone mayor lejanía con nuestros puestos de trabajo, estudio de nuestros hijos/as y vinculación comunitaria.

-Porque consideramos que las condiciones del barrio transitorio no entregan las garantías de habitabilidad mínimas.

-Porque nos sentimos pasados a llevar en un proceso que no ha sido del todo transparente y que más bien busca cumplir una meta del Gobierno Regional.

-Porque consideramos una discriminación arbitraria que el Gobierno Regional defina nuestra salida por motivos de riesgo, cuando hay al menos 900 familias en situaciones de riesgo (eléctrico, por remoción de tierra, aluvional, etc.).

En consecuencia, ante el temor de un posible desalojo pero con la dignidad por delante, los/as dirigentes/as y vecinos/as:

¡Hacemos un llamado enérgico a todas las personas, organizaciones de pobladores, estudiantes, trabajadores/as y sociedad en general, tanto a nivel local y nacional, a que solidaricen con nuestra causa, la difundan en sus redes, envíen videos y saludos, participen de las actividades que realizaremos, firmen este comunicado o envíen los suyos propios en apoyo!

En otras palabras, que nos apoyen con acciones que tengan por objetivo dar a conocer nuestra situación y generar una salida digna y en donde las pobladoras y pobladores podamos participar directa y activamente en las decisiones que nos afectan y en nuestro derecho a la vivienda digna y adecuada.

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