Legitimidad de los procesos de diálogo  

En los últimos seis meses, un equipo multidisciplinario de nuestra fundación trabajó en el diseño de un Fondo de Apoyo al Diálogo que permita financiar procesos y actividades para la habilitación y facilitación del diálogo entre el Estado, las empresas titulares de grandes proyectos de inversión y las comunidades afectadas e interesadas. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de creación de una Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT) impulsado por la Alianza Valor Minero.

En el curso de la investigación para diseñar el fondo nos hemos encontrado con dos aspectos que consideramos de la mayor relevancia, tanto para la institucionalidad que esperamos que se desarrolle, como para las partes interesadas.

El primero de ellos es que, independiente del ministerio, institución pública-privada o figura en la que se ancle el sistema completo, se requiere necesariamente de la participación de la sociedad civil dentro de su sistema de gobernanza. No es absurdo prever que las empresas y el Estado -ambos aportantes al fondo- verán valor en estos procesos de diálogo, por tratarse de un mecanismo simétrico, transparente y eficaz para lograr acuerdos con la comunidad. Sin embargo, ¿de qué manera la comunidad legitimará los procesos que ocurran en este sistema?

Nuestra respuesta es: mediante la participación en la toma de decisiones. Las juntas de vecinos, las comunidades indígenas, las ONGs, los movimientos, en suma la sociedad civil, deberán tener cupos dentro del Consejo Directivo de la institucionalidad. No sólo la forma en la que se desarrollen los procesos de diálogo en un determinado territorio frente a un proyecto en particular son importantes, sino también la forma por la cual se toman las grandes decisiones del sistema: qué proyectos requieren de procesos de diálogo, cómo deben ejecutarse, las definiciones presupuestarias del sistema completo y de cada proyecto, entre muchas otras.

Sin embargo -y he aquí el segundo aspecto de relevancia que identificamos- para llevar a cabo esta participación, la sociedad civil debe organizarse y hacer uso de los sistemas existentes u otros que la misma institucionalidad defina, para elegir a sus representantes. El sistema de elecciones y funcionamiento de los consejos de la sociedad civil (Cosocs) aún no entrega garantías de representatividad, por lo que no consiguen reflejar las voces, necesidades e inquietudes de las personas en sus territorios.

Este último es un desafío país, cuya responsabilidad corresponde no sólo al Estado (pues debe diseñar y garantizar el funcionamiento de una institucionalidad que verdaderamente cumpla con el objetivo de real participación), sino también a los propios ciudadanos y ciudadanas, que debemos hacernos parte de los procesos que nos afectan a través de participación activa y constructiva.

Un Fondo de Apoyo al Diálogo efectivo tiene la obligación entonces de contar con una legitimidad asociada a un anclaje institucional, que asegure la participación del Estado y los gobiernos locales; junto a ello debe poseer una gobernanza que incluya a las comunidades verdaderamente organizadas, sector público y privado, sumando transparencia en su estructura. Igualmente, esta estructura deberá ser liviana y muy conectada con los territorios, para enfocarse en el logro de resultados y cuyos procesos puedan ser evaluados y auditados. En esta línea, el fondo sólo será útil si es valorado positivamente tanto por las comunidades, como por el Estado y las empresas y, al mismo tiempo, es ineludible que el financiamiento, proveniente del los titulares de proyectos estratégicos y el Estado, asegure una sostenibilidad financiera.

Sin duda enfrentamos grandes retos cuando hablamos de dar voz a los colectivos que nos representan a los chilenos, no obstante, creemos que una iniciativa como la Institucionalidad para el Diálogo Territorial, es una verdadera oportunidad para avanzar en procesos de diálogo incidentes, que aporten a la construcción conjunta de visiones y planes desarrollo local.