Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez fueron detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos mientras realizaban tareas de rescate de refugiados para la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid). Los tres son bomberos y serán juzgados el próximo 7 de mayo en Grecia, después de que las autoridades griegas equipararan sus labores humanitarias con el tráfico ilegal de personas en grado de tentativa.

Su historia parte con el deseo de los tres de hacer algo por los miles de niños, mujeres y hombres que mueren ahogados en el mar en su desesperada huída de la guerra y la pobreza. Por eso decidieron viajar a Grecia para aportar su granito de arena. Llevaban unos días en la isla siendo parte del equipo de ProemAid y llevando a cabo entre seis y siete rescates al día. En turnos de noche y día, se organizaban de tres en tres (tierra y barco) para enfundarse sus trajes de neopreno y lanzarse al mar cuando recibían algún aviso de que había una embarcación en riesgo de naufragio. Así fue hasta que aquella noche, cuando mientras navegaban de regreso a tierra tras una falsa alarma, una patrulla marítima griega les invitó a acompañarles a puerto.

Fueron 72 horas de inseguridades y miedos dentro de un calabozo de Mitilene, del que pudieron salir tras pagar una fianza de 15.000 euros. “Es la criminalización de la acción humanitaria”, dijeron al poco de aterrizar en Sevilla (España) tras su liberación. “Vas allí a echar un cable, dedicas tus vacaciones a rescatar a gente y sientes que te lo pagan así”, sentenció entonces Julio.

Según comenta su abogada, Paula Schmid, a eldiario.es, los tres bomberos son acusados de intentar transportar a personas que no tenían permiso administrativo de entrar en Grecia. La Fiscalía griega en principio también les imputaba tenencia ilícita de armas, por unos cortacabos utilizados en los equipos de rescate, pero finalmente retiró esa acusación, comenta.

Los bomberos sevillanos llegaron a pedir a la Comisión Europea que no se castigara “a los que defienden la dignidad y derechos de las personas más vulnerables” e instan a “que no se pueda sancionar penalmente a las personas que facilitan la entrada o tránsito no autorizado de refugiados e inmigrantes por razones humanitarias”. Su petición lleva recogidas más de 164.000 firmas.

Según la abogada, los bomberos no son los únicos. “Hay 30, 40 o 50 casos en diferentes países de Europa que han sido criminalizadas por dar alojamiento a alguien, por ayudar a cruzar una frontera en coche, etc. Ese es realmente el problema”, indica.