Corfo y SQM: Adiós a la posibilidad de un Silicon Valley del litio en Chile

La reciente conciliación alcanzada entre Corfo y SQM respecto a la explotación de litio en el Salar de Atacama es un asunto profundo y complejo que invita a reflexionar en temas tales como corrupción, participación y desarrollo industrial en Chile. El vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán ha hecho grandes despliegues para convencer al país que el acuerdo no solo sería bueno, sino que se trataría del “mejor contrato del mundo”. También algunos funcionarios de gobierno y columnistas –aún sin conocer los términos precisos del acuerdo (recordemos que es confidencial)- se han sumado a esta celebración. Asombran las argumentaciones expuestas. En general alaban el acuerdo por los beneficios económicos que se obtendrían, pero hacen caso omiso a que fue alcanzado con una empresa corrupta, sin participación de los pueblos atacameños involucrados ni discutido con otros órganos del estado, y que, finalmente, no contribuye a un desarrollo industrial soberano. En tal sentido, hay al menos tres asuntos que son que son cruciales a la hora de evaluar tal acuerdo.

1. Ética y corrupción versus beneficios económicos

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

No será fácil explicar a las futuras generaciones el por qué un gobierno hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Contra la Corrupción y prefiere supuestos beneficios económicos de corto plazo por sobre el combate ejemplarizador contra la corrupción. De hecho, el acuerdo se cierra con una empresa que incumple resoluciones ambientales, que mantiene rentas impagas y lo más grave, que corrompe poderes del Estado, poniendo en serio riesgo el ordenamiento institucional y la propia democracia de nuestro país. Ciertamente, dentro de nuestro estado de derecho existían alternativas diferentes a la transacción recién realizada y el ejecutivo cuenta con herramientas eficaces para enfrentar estas situaciones.

2. Participación y políticas públicas

El acuerdo suscrito está muy lejos de constituir un modelo sobre cómo abordar la toma de decisiones en una sociedad diversa y compleja, que avanza hacia un desarrollo sustentable. Nunca se consultó a los principales incumbentes, las comunidades de Atacama La Grande representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños, ni al organismo técnico que el Estado se ha dado para ello, el Consejo de Minería No Metálica de Corfo.

En efecto, el Consejo de Pueblos Atacameños manifestó un “total rechazo” al acuerdo. Señalan que se deja “una vez más en la impunidad a esta empresa que ha explotado en forma desmedida los recursos hídricos del Salar de Atacama”. Y agregan que, con este acuerdo, Corfo “es irresponsable con el patrimonio territorial y en especial el ambiental de nuestras comunidades y también de todos los chilenos.” Denuncian asimismo que el “Vicepresidente de Corfo Sr. Eduardo Bitrán ha socializado este acuerdo CORFO-SQM con algunas de nuestras comunidades, ya que a pesar de que él fue informado que el Consejo de Pueblos Atacameños es la única institución representativa del territorio, se sostuvieron reuniones individuales con algunas de las comunidades más cercanas a las faenas SQM generando una afectación a nuestro tejido social”. O sea, un alto funcionario del Estado usando la premisa “dividir para reinar”. En tal sentido, no es sorprendente conocer la notica de que pocos días atrás la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de las comunidades de Atacama contra el acuerdo entre Corfo y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

Tampoco este acuerdo fue siquiera informado al Consejo de Minería No Metálica, el organismo creado por Corfo a instancias de la Presidenta Bachelet para precisamente aconsejar sobre estas materias.[1] El Senado y la Cámara de Diputados también desconocían que se estaba alcanzando este acuerdo. Menos se habló con la comunidad que desarrolla ciencia y tecnología: ni las sociedades científicas, ni los colegios profesionales, ni las universidades e institutos de investigación, ni las organizaciones de científicos jóvenes, es decir ningún organismo técnico colegiado fue considerado. Tal vez la razón sea que el acuerdo se consumó, como lo ha declarado el propio E. Bitrán, en sólo un mes (a pesar que desde hace muchos años se sabía de la importancia del litio y se podía prever el boom de la electro-movilidad). Con mayor razón entonces surge la pregunta: ¿es esa la forma cómo se construye una política pública seria y responsable, con mirada de futuro?

3. Recursos naturales y desarrollo científico-tecnológico

Vamos ahora al fondo de la conciliación. Sin duda lo más cuestionable del contrato para el Estado de Chile es haber aumentado la cuota de litio para SQM, hasta el año 2030, sin exigir un grado sustantivo de agregación de valor. Es increíble que una Corporación de Fomento permita que una empresa, SQM, pueda vender entre el 85% (al comienzo) y 75% (al final, el 2030) de la mayor producción mundial de litio, simplemente como carbonato de litio, que es el material básico, sin elaboración, obtenido del salar. Sólo un 15%-25% se deja para atraer industrias, nacionales o extranjeras, que agreguen valor en el país. Pero se trata, por desgracia, de una agregación de valor donde nuestros institutos de investigación y universidades no son protagonistas, sino ayudantes o espectadores. Corfo, en vez de aprovechar la oportunidad de usar el litio para entrar en la grandes ligas de la tecnología –y la ciencia- mundial y conversar como Estado de igual a igual con empresas y países líderes en electromovilidad y baterías, energías renovables no-convencionales, aleaciones livianas, fusión nuclear, se conformó con recibir las rentas del litio, como quien recibe dinero de arriendos detrás de un mostrador.

La línea de razonamiento principal para justificar el acuerdo se basa en que es muy superior al contrato anterior de los años 1993-1995. Se presenta como una astucia el haber logrado que ahora se tengan más regulaciones de tipo administrativo y ambientales, así como una modificación en el gobierno corporativo. Pero es evidente que un contrato de esta naturaleza, casi 25 años después, recogerá de modo natural las preocupaciones principales del siglo XXI: regulaciones ambientales, transparencia y medidas anticorrupción. Más si se negocia con SQM. Recíprocamente, al contrato de 1995, y coincidiendo en que era un pésimo acuerdo para el Estado, no se le podía exigir por ejemplo “monitoreo en línea” pues técnicamente en esos años aquello no existía todavía.

El punto principal que se omite es el siguiente: El litio -y las salmueras de los salares- no lo aprovechamos cuando dejamos que lo vendan como materia prima, por muy alta que sea la cantidad de dinero que recibamos a cambio. El litio es hoy día un material clave en la energía, y como tal cobra importancia en la medida que nosotros mismos hacemos los productos tecnológicos que multiplican su valor: pastas, cátodos, celdas, baterías… y por qué no, autos eléctricos. Teníamos ahora la oportunidad de crear un Silicon Valley del litio en Chile, con encadenamientos productivos que involucraran a científicos e ingenieros jóvenes, técnicos, emprendedores,  chilenos talentosos y audaces, deseosos de empujar a nuestro país hacia el desarrollo, y que los beneficios de nuestras riquezas sean para toda la gente. La aprobación de este acuerdo posterga –sino sepulta- este programa de trabajo por años. Ojalá que la oportunidad no sea frustrada. Es de esperar que nuestras máximas autoridades confíen en las capacidades de sus ciudadanos, y podamos al fin superar  la tragedia del salitre, esta vez usando nuestros recursos naturales como palancas para desarrollos productivos que tengan incorporada la inteligencia de los chilenos.

[1] Como miembro del Directorio de este Comité, al enterarme del acuerdo por la prensa, tuve que exigir por escrito a la ministra de Minería que E. Bitrán se dignara a informar al respecto, lo cual hizo solo parcialmente invocando “confidencialidad”.