Ayer, Felipe Larraín presentó al que será su equipo de colaboradores más cercanos en su segundo período como ministro de Hacienda, que se iniciará el próximo 11 de marzo.

Son varios los que posaron para la foto junto a Larraín. Francisco Matte será el jefe de gabinete, Hermann González, ex economista jefe del banco BBVA, será el coordinador macroeconómico; Francisco Sánchez será coordinador laboral y Carolina Fernández será asesora en materias tributarias.

Sin embargo, fue el último nombramiento el que llamó la atención: Julio Dittborn, ex subsecretario de Hacienda, será asesor para servicios del ministerio.

Dittborn no es un desconocido en la arena política. Fue presidente de la UDI en 1990, sucesor de nada menos que Jaime Guzmán y antecesor de Jovino Novoa. Fue diputado desde 1997 hasta 2009 y en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, asumió como subsecretario de Hacienda, ministerio del que será asesor a partir de la próxima semana, pese a mantener el cargo de concejal por Las Condes.

En su período como subsecretario se dio uno de los episodios más polémicos de la carrera política de Dittborn. Esto fue en el marco del llamado “Caso Litio”, donde se investigó al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner -también militante UDI-  por modificar las bases del proceso de licitación del litio para favorecer a SQM.

En el marco de la investigación, el fiscal Carlos Gajardo dio con un intercambio de correos entre Wagner y Dittborn, entonces subsecretarios de Minería y Hacienda. La fecha era septiembre de 2012 y Dittborn envió  un correo a Wagner con un link de la noticia de la adjudicación del primer contrato de operación del litio para SQM.

“Felicitaciones querido amigo por este primer éxito!!!”, le escribió Dittborn. “Gracias hermano por el constante apoyo, no era fácil pero salió y les van a caer sus milloncitos“, respondió Wagner.

Wagner fue formalizado por el delito de falsificación de instrumento público, al igual que ex jefa de división jurídica del ministerio de Minería, Jimena Bronfman. Finalmente, la causa terminó con una suspensión condicional del procedimiento, lo que permitió que ambos evitaran el juicio oral pagando un millón de pesos por tres meses. Quedaron con la prohibición de ejercer cargos públicos por 18 meses.