Revista Qué Pasa acaba de publicar un artículo de Pablo Ortúzar, titulado “La otra reforma agraria”. Por lo visto, dicho artículo, ha sido bien recibido por algún que otro profesional e intelectual mapuche, originando halagos como: “Muy lúcido”. El texto alienta interpretaciones sobre el conflicto en La Araucanía reduciéndolo a “conflicto entre propietarios”. Esto último, más que el artículo de Ortúzar, me preocupa; pues viene a desafiar lo que el movimiento mapuche autonomista viene construyendo como relato o fundamento de su lucha etnonacional desde inicios de los 1990. Por ello, este escrito tiene por finalidad disentir, desde mi subjetividad, respecto a las ideas de Ortúzar y quienes lo elogian.

Para develar este debate expongámoslo revisando lo escrito por Ortúzar. Este autor tiene por propósito ofrecernos un nuevo meta-relato, originado en los sectores “liberales” de la sociedad política chilena. Meta-relato que suena a algo así como el “socialismo resuelve todo” de la izquierda de “Guerra Fría”, o el “mercado” resuelve todo de la derecha posdictadura (de hecho, la idea no es nueva y ha sido parte del andamiaje del neoliberalismo chileno). Él nos presenta “subsidiaridad” como la receta para mejorar nuestras malas relaciones en tanto sociedad estatonacional, en el contexto de un artículo centrado en etnopolítica. No obstante, fuera de enunciar el asunto, Ortúzar no se da el trabajo de explicarnos qué es subsidiaridad o cómo entiende eso o cómo aplica eso en este conflicto. Por lo anterior, solo haré referencias anecdóticas al asunto.

Mencionado lo anterior, lo que si resulta seductor en el artículo de Ortúzar (imagino para muchos mapuche), se resume a una tesis que se distancia de la derecha clásica y matonesca, y se acerca a las visiones interpretativas del mundo indígena. Afirmará en su tesis que la política indígena de la zanahoria y el garrote ha caído en descrédito. Tesis que argumenta así: 1) El gobierno ha terminado administrando de manera incompetente el conflicto con los mapuche, al no valerse de gente calificada y una colonización cultural ejemplarmente integradora. 2) Los círculos de poder-gobierno solo buscan mantener el conflicto en baja intensidad con zanahorias y garrote, pero no solucionarlo. 3) El conflicto no es de interés de las élites, no tratan de explicárselo en su sentido y méritos propios, de ahí la búsqueda de recetas en el exterior para intentar aplacarlo. 4) Existe un enfoque estereotipado en el tratamiento del tema, que lo reduce a un asunto de indios malos perjudicando a indios buenos que solo quieren integración y progreso. 5) De acuerdo con todo lo anterior el Estado nacional no es neutro en este conflicto. 6) El Estado chileno desde el comienzo usó su poder soberano para conquistar y despojar a los mapuche de sus bienes, no respetando sus derechos de propiedad, especialmente el de su oligarquía.

Hasta ahí, con excepción de lo último, todo digerible. Pero entonces vienen los detalles. A qué me refiero: 1. El autor nos pasa la idea sin discusión, de que lo ocurrido a fines del siglo XIX con la incorporación de La Araucanía, fue la primera reforma agraria en Chile; 2. que ya existía desde el siglo XIX un Estado-nación chileno; 3. que el concepto de soberanía tiene una lectura interpretable como intervención desde arriba y en oposición a subsidiaridad; 4. la derecha golpista buscó oponerse a la soberanía popular –entiéndase impuesta desde arriba- en el derrocamiento del gobierno socialista, para defender la idea de Estado al servicio de estructuras intermedias y de la gente (incluidos los expropiados emprendedores latifundistas); 5. finalmente, la cuestión mapuche pareciera ser un asunto de propietarios expropiados, bienes personales o kullin que no fueron respetados como se debería haber hecho.

En forma sucinta quiero discutir estos puntos, para dejar establecida otra perspectiva (la mía). Primero, en La Araucanía o “frontera” del siglo XIX no hubo una reforma agraria (punto de vista de un nacionalismo asimilacionista chileno, que parte de la premisa de que ese territorio y su gente ya eran chileno, por voluntad de no sé qué ser humano o sobrenatural, derecho o confabulación de astros). En La Araucanía o frontera lo que hubo en el siglo XIX fue una guerra, llevada a cabo por un Estado, contra un pueblo o nación indígena que hasta ese entonces conservaba su independencia. Guerra de tipo imperial, anexionista y colonizadora. A ese pueblo o nación se lo derrotó militarmente, se expolió su territorio e incorporó a su gente como ciudadanos de tercera categoría (segunda eran los pobres chilenos), en tanto en forma racista y supremacista se los considera inferiores-salvajes (ideología y lenguaje de la época). Entonces, ¡cuidado!, la cuestión nacional mapuche no es un asunto de “pacificar” y de “expropiación” injustificada de sus tierras. Es ante todo un asunto de expoliación territorial e incorporación política de los mapuche independientes, sin derechos colectivos sino solo individuales (además impracticables durante gran parte del siglo XIX y XX).

Segundo, si bien no discuto el significado de la frase “El Estado nacional chileno no es un aparato de dominación neutro…”, no concedo que me pasen gatos por libres pretendiendo que Chile es un Estado-nación. El sentido que tiene la reivindicación de declarar plurinacional al Estado en Chile viene de reconocer que en Chile hay más de una nación. Esto es, que los chilenos o la nación estatal son solo una más de las varias naciones que alberga el Estado, aunque las élites en control de este no lo reconozcan (léase conflicto de interés). En relación con esto, huelga recordarles a los chilenos, que a diferencia de los europeos que vienen de grupos étnicos que evolucionaron a naciones, y de naciones configuraron Estados; el modelo americano supuso lo inverso. Esto es, que los invasores y súbditos rebelados de las coronas europeas configuraron Estados a partir de las administraciones coloniales. Desde allí comenzaron a crear naciones estatales y en consecuencia a generar nuevas etnicidades (un lavado de cerebro del nacionalismo estatal de cada país vía la escuela, la milicia la iglesia y otras instituciones, para crear un estado de la mente en los “ciudadanos” de cada país, que los hace percibirse diferentes, aunque sus diferencias lingüísticas, religiosas, históricas, o culturales sean menores).

Tercero, soberanía no solo tiene una lectura de imposición (leyes mandatorias al interior de un Estado) respecto de “autonomía de cuerpos intermedios”. Es sobre todo un principio de no injerencia de un Estado en los asuntos de otros (las leyes de un Estado aplican al interior de sus fronteras y no pueden servir para juzgar en otros Estados con sus fronteras). De esa manera se preserva la paz entre Estados (idealmente). Por lo demás, el federalismo implica soberanía compartida y/o co-gobierno con entidades intermedias e incluso más abajo (municipios, otros). En el caso de USA, las 13 colonias fundantes del primer Estado constitucional moderno, si bien estuvieron de acuerdo en la unión para enfrentar los embates de la reconquista colonial de su ex metrópoli de origen, se aseguraron de que hacia el interior de la unión cada colonia mantuviera su propia soberanía y gobierno (léase poder político o hacer leyes propias). Esto hace que la toma de decisiones dentro de la unión sea más compleja que en un país centralista como Chile. Más cuando el ingrediente democracia está consagrado a todos los niveles (cada unidad de poder tiene competencias propias, delimitadas).

Ahora, si garantizar bienes y derechos intermedios (subsidiaridad) es permitir que asociaciones como la del Rifle continúen fomentando la venta de armas a jóvenes de 19 años, que no pueden comprar una cerveza, pero si un rifle de asalto AR-15 para matar a sus compañeros en la escuela, es un tema de debate en este mismo instante en USA. En situaciones concretas como esa los ciudadanos enfrentan dilemas como: ¿por qué habría que subsidiar a entidades intermedias que, aunque tengan adeptos, en realidad le hacen un mal a la sociedad? ¿Por qué habría que subsidiar a entidades autónomas que cuando las cuentas les sonríen son felizmente capitalistas, pero cuando les va mal socializan las pérdidas (los bancos, por ejemplo)? ¿Por qué habría que subsidiar a entidades intermedias que ejercen un lobby potente comprando políticos a su antojo (las pesqueras o SQM son un excelentes ejemplos en el caso corrupción en Chile), capturando a servidores del Estado o al Estado mismo para su servicio antes que la sociedad en su conjunto? Pretender que el Estado pone en peligro las tradiciones republicanas al normar las relaciones y encuadrar los derechos y deberes de cada ciudadano y organizaciones intermedias (lo que habría hecho el gobierno de Allende con la reforma agraria supeditando la propiedad sin límites a la soberanía popular), es cuando menos un despropósito. Las reformas agrarias, contexto en el cual me mete esta idea en el artículo de Ortúzar, se dan perfectamente bien dentro de las tradiciones republicanas y dentro de repúblicas. Corresponden no solo a un acto de justicia social sino además a terminar con delirios aristocráticos de ciertos “ciudadanos”, que además han mostrado ser incompetentes en el uso económico de esas tierras. Por eso hasta Gran Bretaña -cuna del capitalismo- realizó una reforma agraria en beneficio de Escocia el 2000, que nadie discute como imposición de la “soberanía popular” del régimen comunista británico.

Cuarto, no me es claro que el golpe militar del 1973 se haya hecho en función de “reconocerse -el Estado- al servicio de las organizaciones menores y de las personas”, asumiendo esas como nobles ideas de la derecha chilena (ancladas en un cristianismo medieval). Si ello hubiera sido así no hubieran destruido y desarticulado organizaciones sociales intermedias como los sindicatos o juntas de vecinos y otras. Ni asesinado, torturado, vejado a los ciudadanos (recodar la Biblia: “no matarás”). Es más, la dictadura militar ni siquiera echó pie atrás de manera sustantiva en la reforma agraria impulsada por gobiernos anteriores. Solo un 30% de las tierras expropiadas al latifundio en gobiernos anteriores fueron devueltas a propietarios originales. Otro 30% fue vendida a nuevos propietarios originando la industrialización modernización del agro en la zona central. Otro 30% reconocido en propiedad a beneficiarios de la reforma agraria, que después terminarían vendiendo. Finalmente, El Estado se reservó un 10% de esas tierras (sigo a Javier Martínez y Álvaro Díaz en esto: “Chile, The Great Transformation”, 1996). En otras palabras, las motivaciones de los golpistas de 1973 han de haber sido otras y haberse inscrito más bien en la contradicción del periodo de “guerra fría”: ¿Capitalismo o socialismo? Autonomía de cuerpos intermedios no hubo en la dictadura (el concepto mismo en contradictorio con dictadura), al menos en términos políticos de participación democrática en la toma de decisiones (quizá los empresarios partidarios del régimen la tuvieron en el mundo de los negocios, lo que explicaría como algunos terminaron con el país en sus bolsillos sin que nadie pudiera oponérseles. Ejemplo, Julio Ponce Lerou).

Quinto, reducir el problema mapuche a un asunto de oligarcas terratenientes chilenos y mapuche, que no se comprendieron ni fueron solidarios entre ellos respetándose en sus derechos de propiedad y bienes en una situación de “primera reforma agraria” un poco violenta, es cándida como explicación. Ello supone -usando la imaginación sociológica- que podríamos resolver el conflicto hoy, abuenándonos y buscando entre los mapuche a esos descendientes de grandes longkos, para restituirles sus propiedades, disculparnos con ellos, compensarlos y así crear un orden de grandes, alegres y pluriétnicos propietarios de tierra en la Araucanía. Eso borra la idea de mapuche peleando como sociedad nacional por detener el avance del wingka, con estrategias que van desde la colaboración a cambio de respeto (Kolipi) o de la guerra directa (Mañinwenu), ambas fallidas al final. Pero los hechos son los hechos: la guerra de conquista, derrota militar e incorporación política de los mapuche se hizo contra todos, porque eran indios, salvajes no civilizados, infrahumanos. Significó un quiebre en la historia mapuche de proporciones inconmensurables y duraderas hasta el presente, en tanto sociedad política e individuos. Trastocó todo incluido las diferencias sociales entre mapuche (si las hubo con el mismo sentido que en una sociedad capitalista de clases).

Sexto, si algo hizo por nosotros la conquista militar, la derrota y la incorporación en calidad de sujetos de tercera categoría; es unirnos -aunque no todos tengamos conciencia de ello aún- como categoría: los indios (hasta hace no mucho) o los mapuche (identidad nacional por sobre las identidades pequeñas locales). Cuando nos quitaron 10 millones de hectáreas, por decir lo menos o dar un número, y les dieron a los colonos 500 más otras regalías, y a nuestros bisabuelos o abuelos, 6.1 en promedio (hablando en términos generales), nos igualaron a todos en la pobreza, así no fueran Kalfukuras, Mañinwenus o Kolipis o quien sea. Por lo tanto, de esta situación colonial-(interna) o salimos todos juntos asumiendo que nos igualaron y somos otra realidad social ahora (los ciudadanos del país mapuche), o cada uno luche por su feudo sin esperar la solidaridad de otros, porque yo no veo porque tendría que luchar cualquiera que ha sido desheredado de la tierra y que vive de otros modos (un urbano, por ejemplo, hijo del mismo proceso de desposesión), por la propiedad del sr. mapuche X que a mí me reporta nada si la recupera (y si le ayudo me expongo gratuitamente a recibir los palos en el lomo de nuestros reformistas agrarios en el poder a cambio de nada).

Termino. ¡A no olvidar! El problema nuestro es un problema nacional, es el problema de una nación conquistada, expoliada materialmente, usurpada más encima en las pocas tierras que le dejaron (y ojo no tenemos por qué aceptar ser medidos como nación por estándares europeos, es decir, que nos exijan “unidad”, “autoridades únicas” y esos cuentos). El nuestro no es un problema de derechos humanos, al menos en términos de la comprensión clásica de los DD.HH. que los confunde con derechos individuales (el C169 y sobre todo la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU 2007 superan eso). El nuestro es un problema de derechos colectivos en donde el principal de ellos es el derecho a la autodeterminación de los pueblos (bajo la forma de autonomía u otra). Luego, también, del derecho a la lengua propia, la cultura, etc. En eso la subsidiaridad es una política chapucera más, porque no resuelve el problema estructural que significa ser una nación sometida a la expoliación, la usurpación, y el dominio estatonacional; sino que nos trata como un asunto de comunidades intermedias de emprendedores, que deben tener cierta autonomía y apoyo del Estado, para desarrollar sus bienes, negocios o emprendimientos personales o de sociedades limitadas. De hecho, la mentada subsidiaridad ni siquiera operó químicamente pura durante el mejor escenario que disfrutó: la dictadura; que la promovió dentro del paquete neoliberal (aportación de Jaime Guzmán entre otros). Un ministro de Pinochet mando comerse las vacas a los agricultores llorones del sur (“cuerpo intermedio”), cuando querían apoyo del gobierno en un mal momento de los hoy no recordados “éxitos” económicos de Pinochet.


Director Centro de Estudios Rümtun. Director Diplomado en Estudios Indígenas, UAH. Colaborador Fundación Heinrich Böll