El 25 de septiembre de 2015 fue asesinado en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, Víctor Rojas Astorga, quien fue acuchillado por otro interno, mientras hacía su rutina de ejercicios. Esta es una de las 9 muertes que se han registrado desde aquel año en el recinto.

Alto Hospicio fue parte del Programa de Concesiones de Infraestructura del gobierno de Ricardo Lagos, donde el Estado licitó por primera vez cárceles, con el fin de solucionar los problemas de hacinamiento y calidad de vida de los internos. El primer proyecto, llamado Grupo I correspondía a Alto Hospicio, La Serena, y Rancagua.

La licitación se la adjudicó la Sociedad Concesionaria BAS, empresa que, según su memoria anual de 2015, no tiene un controlador, y sus acciones se reparten de igual manera entre Besalco Concesiones S.A., Sodexo Chile y la Sociedad de Concesiones Chile Ltda. Para prestar servicios de explotación y conservación a los tres recintos, se creo la empresa Siges Chile S.A.

El Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Alto Hospicio comenzó a operar el 1 de enero del 2006, con una capacidad inicial de 1679 internos, luego fue ampliada a 235 repartidos en 36 módulos. Una de las novedades que tenía era un sistema de tecnología de pinta con más de 450 cámaras de seguridad, que ayudarían a combatir los problemas de riñas, típicos de las cárceles públicas.

La fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena ha trabajado en la oficina del Ministerio Público de la ciudad desde su creación en 2004. Ella ha estado a cargo de un total de nueve homicidios en la cárcel desde 2015. Según lo que indica la persecutora, la falta de pruebas visuales es uno de los mayores problemas al momento de investigar estos casos. “En cualquier régimen carcelario, ningún interno va a contar algo porque corre el riesgo de que le vaya a pasar algo. El único medio objetivo que tenemos son las cámaras”, señaló a la Revista Sábado.

“En todos los homicidios desde que llevo trabajando aquí nunca hemos tenido una grabación donde se vea el hecho y que ayude a aclararlo. Cualquier avance en una causa es porque algún gendarme lo pudo ver o porque algún interno confiesa,debido a que está finalizando su condena o a que los trasladamos a otra ciudad, pero nunca ha sido por el apoyo de las cámaras”, agregó.

La concesionaria BAS fue consultada por los hechos pero comunicó que “no nos encontramos facultados para pronunciarnos sobre el contenido que se consulta , dado el inciso de las bases de licitación que se refiere a la reserva y confidencialidad de la información por parte del concesionario”.

“Ni a la concesionaria ni a Gendarmería les importan los internos, ser condenado en Alto Hospicio es parecido a ser sentenciado de muerte. A la persona que mató a mi hijo la pusieron ahí para asesinarlo. Cuando fui a hablar a la Dirección Regional de Gendarmería me dijeron que a ese interno lo cambiaron al módulo de mi hijo el día anterior por buena conducta, pero no me dejaron ver los papeles que acreditaban que se portaba bien, señaló Carlos rojas, padre de Víctor quien fue asesinado en el centro penitenciario.