Cuando faltan apenas una semana para el cambio de mando, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó la poca voluntad política del gobierno de Michelle Bachelet ante el compromiso -anunciado por Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados- sobre el cierre del penal Punta Peuco.

A juicio de Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, la Presidenta no cumplirá su promesa de cierre, pese a que en agosto de 2015 Bachelet le habría mencionado a Quintana que en septiembre de ese año cerraría el recinto especial para ex uniformados responsables de crímenes de lesa humanidad.

A dos años de la reunión, Pizarro criticó duramente a Bachelet: “El Penal Punta Peuco es sinónimo de una cárcel de impunidad y quien no lo cierra, teniendo la potestad de hacerlo sin pedir la opinión ni al Parlamento ni al Poder Judicial, significa que está a favor de la impunidad que representa Punta Peuco”, señaló.

En la misma línea, Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, recalcó que es importante cerrar el recinto penal, ya que representa “la impunidad de los criminales de la dictadura”.

En agosto de 2017, el ministro de Justicia Jaime Campos desconoció las palabras de Quintana sobre el compromiso de Bachelet de cerrar el penal, aunque más tarde señaló que la situación era objeto de “estudio”.

Por su parte, el futuro ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, descartó de plano que sea un objetivo del nuevo mandato y acusó que los rumores sobre el cierre de Punta Peuco es “ciencia ficción”.