| Foto: La Tercera
Mónica Palma, y el fiscal de La Araucanía Luis Arroyo, fueron sindicados como amantes y quienes filtraron información a los comuneros mapuche detenidos en el marco de la Operación Huracán. «Yo soy soltera, quizás por eso lo hicieron y decidieron involucrarme con mi jefatura», aseguró.
Cuando salió a la luz el escándalo de la Operación Huracán, fue por una pugna entre Carabineros y la Fiscalía Nacional. El fiscal de La Araucanía, Luis Arroyo, acusó a los uniformados de usar pruebas falsas para armar el operativo que finalmente detuvo a ocho comuneros mapuche, entre ellos Héctor Llaitul (líder de la CAM), acusados de una serie de atentados incendiarios que ocurrieron en la zona.
Y la razón por la que Arroyo se querelló contra ellos fue porque las indagatorias de Huracán lo sindicaban a él y a su abogada asistente Mónica Palma –a quien la Dipolcar señalaba como su amante– como quienes realizaron supuestas filtraciones a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que eran objeto de seguimiento policial.
En dicha demanda estaban contenidos todos los escandalosos detalles que salieron a la luz y pusieron en cuestión el operativo que parece sacado de una película, como el trabajo de Álex Smith –alias «el profesor» (aunque sus títulos fueron desmentidos)– y su software de avanzada «Antorcha», cuyas supuestas virtudes no han podido ser desarrolladas ni siquiera por el FBI.
Casi tres meses después de eso, y ya sobreseída por las investigaciones en su contra, Mónica Palma decidió hablar por primera vez con La Tercera, donde nuevamente descartó sus vínculos con la CAM. «Nunca he estado vinculada siquiera en años de juventud universitaria a la temática mapuche. Yo estudié en la Universidad Católica en Santiago, totalmente alejada de toda esta temática (…) No conozco a ninguna persona acá de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) u otra organización a la que me dijeron yo estaba filtrando información. De hecho yo en Alta Complejidad veo delitos económicos y funcionarios, ni siquiera soy de los abogados que trabajan los casos que se denominan de violencia rural», dijo.
La abogada de 34 años cuenta que llegó al Ministerio Público en 2016 «porque quería hacer carrera» y que su objetivo es ser fiscal pero que, tras una denuncia tan grave como haber filtrado información en el marco de la Ley de Inteligencia, «no sé ahora si podré cumplirlo, el daño que me hicieron es irreparable«.
Palma cree que fue involucrada en el caso porque «necesitaban la imagen de una mujer para poder vincularla con otras personas» y reconoce que «es duro lo que me ha pasado. Yo soy soltera, quizás por eso lo hicieron y decidieron involucrarme con mi jefatura que es un hombre casado y de familia«. «El invento es claramente para dañar a mucha gente, pero me gustaría que al final de todo esto se sepa cuáles fueron las motivaciones de estas personas», agrega.
Finalmente, la abogad afirma que cree que «este caso debe hacer reflexionar a Carabineros de la calidad de profesionales que hay en sus filas y los civiles que contrata. De lo que he conocido por la prensa, claramente su personal ha dejado que desear».
