“¡Consagramos la gratuidad, un derecho social que nunca debió estar en manos del mercado!”. Así, la presidenta Bachelet celebraba la aprobación de las leyes de Educación Superior y Universidades Estatales. Sumados al proyecto para reemplazar el CAE por un Crédito Estatal, estos cuerpos legales serían corolario de una Reforma Educacional transformadora que ahora toca defender ante la amenaza de Piñera.

La realidad, sin embargo, es más compleja. Más allá de regulaciones específicas que contribuyen a ordenar el caótico mercado educativo chileno, y del alivio que en el corto plazo los subsidios estatales representan para quienes los reciben, desde las fuerzas de cambio el balance de esta Reforma Educacional no puede sino reconocer el desperdicio de una oportunidad histórica para revertir décadas de avance del mercado y retroceso de la educación pública.

Más allá de las desprolijidades de los proyectos, resulta fundamental evaluar la Reforma desde la política, en tanto pugna de actores sociales. La consolidación de un sistema hegemónicamente privado, socialmente segregado y de mala calidad, da cuenta del avance de los intereses de la educación privada lucrativa, que lograron recuperar buena parte del terreno perdido a partir de las movilizaciones sociales. Adquirir conciencia de la derrota sufrida resulta un paso central para pensar en cómo revertirla e impulsar un horizonte real de desmercantilización de la educación chilena.

De las movilizaciones a ”la Reforma”

Ningún balance sobre las reformas puede desconocer la posibilidad de cambios abierta por las movilizaciones sociales de 2006 y 2011. La centralidad creciente de la educación como mecanismo para acceder a la ciudadanía, y la capacidad del movimiento estudiantil de abrirse a las franjas de jóvenes hijos de la modernización neoliberal-subsidiaria, serían hechos fundamentales para un cuestionamiento profundo a la organización mercantil y subsidiaria de nuestro sistema educativo, poniendo sobre la mesa malestares y reclamos de amplios sectores sociales, invisibles durante décadas.

Las condiciones para este despliegue, además, las entregaría el agotamiento de la vieja política de la transición, y su capacidad de procesar los reclamos sociales dividiendo a sus actores y reduciendo las demandas a su dimensión económica y corporativa. Dicha receta, si bien tendría éxito el 2006, no correría con la misma suerte en 2011. Ello, sin que existiese un avance de las fuerzas de cambio. Precisamente sobre esta situación de bloqueo es que transcurre la reforma educacional de Bachelet, como una apuesta de apropiación y procesamiento del malestar expresado en estas movilizaciones.

Sin embargo, el diseño general que se impuso en “la Reforma” en los hechos no se apartó de los marcos fundamentales de la política subsidiaria. La crisis de nuestra educación fue conceptualizada como una “inflación” de las credenciales debido a su manipulación por parte de una oferta inescrupulosa, situación que debía ser intervenida por medio de dispositivos que permitieran adecuar su precio a parámetros racionales, los que serían costeados mayoritariamente por el Estado.

Tal como el Banco Central en la economía, las reformas de Bachelet buscarían ajustar el desempeño del mercado a través de dispositivos técnicos ajenos a cualquier tipo de deliberación respecto a qué tipo de educación promover. Una suerte de “Banco Central Educativo”, basado en la presión regulatoria hacia todas las instituciones educativas mediante una intrincada institucionalidad de rendición de cuentas, a cambio de más y mejores subsidios. La condición de “motor y sello” de la educación pública, declarada en el Programa de Gobierno, se limitaría entonces al discurso, sin comprometerse con expandir su matrícula ni concentrar recursos en ella.

2014-2018: El “Banco Central Educativo” puesto en marcha

La primera iniciativa sería el proyecto que prohibía el lucro, la selección y el copago en escuelas que recibieran recursos públicos, a través del reemplazo progresivo de este último por aportes estatales. Una apuesta que llamaba a la inclusión, pero sin obligar a “mezclarse” a los altos profesionales, sino sólo a las mayorías trabajadoras. Todo ello acompañado por la ausencia de un fortalecimiento de la educación pública que entregara alguna certeza a las familias.

Las acusaciones de “arribismo” del ministro Eyzaguirre serían expresivas de una ceguera tecnocrática incapaz de comprender las condiciones sociales bajo las cuales se materializa la exclusión. De ahí lo inesperadas que resultaron para el Gobierno las resistencias que la reforma generaría entre estas propias mayorías trabajadoras. Así, el gobierno acabaría celebrando sólo la aprobación de esta ley. Tal soledad permitió a los intereses privados imponer sus términos, modificando o posponiendo indefinidamente la entrada en vigencia de aspectos sensibles.

Como segunda pieza se inserta la nueva Carrera Docente, que no se hace cargo de elementos sustantivos impulsados por el magisterio, como la expansión desregulada de la formación inicial docente y los agobios del ejercicio profesional. En cambio, se enfatiza la creación de un sistema de certificación y tramos, mecanismo para determinar los sueldos de los profesores conforme a su “productividad” antes que para organizar una carrera profesional. Se completa la expropiación de la tuición del profesor sobre su trabajo, pasando a manos de expertos. Sería otra iniciativa más aprobada “por arriba” por un Gobierno cada vez más solitario, a contrapelo de la oposición mayoritaria del profesorado, expresada en las calles y en consultas nacionales.

Frente a la pérdida sistemática de apoyo social, en 2015 el Gobierno buscó avanzar rápidamente hacia la gratuidad en la educación superior, mediante su incorporación en la Ley de Presupuestos. Se antepuso así la discusión sobre financiamiento al debate sobre una reforma. La idea de “educación pública, gratuita y de calidad” fue fragmentada al concebirse la gratuidad como un voucher focalizado a los más vulnerables, reafirmando así la decisión de profundizar el financiamiento a la demanda a instituciones públicas y privadas por sobre la reconstrucción y ampliación de la educación pública.

Desde estas bases se presentaría en 2016 el primer proyecto de ley de Educación Superior. Se pone en el centro la “gratuidad”, al mismo tiempo que aumenta la determinación estatal en el sistema de educación superior (fijando precios, controlando vacantes, estableciendo regulaciones contra el lucro, etc.). Paradójicamente, el proyecto resultaba al mismo tiempo estatista y privatizador, manteniendo intacta la hegemonía privada, al mismo tiempo que introduce un alto grado de control tecnocrático sobre las instituciones. Mal podría extrañar entonces el transversal rechazo que motivó este proyecto.

La necesidad de finalizar el gobierno con una reforma a la educación superior llevaría a dividir y recortar el proyecto original. Con retórica progresista, se presentaban en financiamiento institucional, calidad y marco regulatorio varios aspectos ya propuestos incluso en el primer gobierno de Piñera. La soledad del gobierno y la profundización de la pérdida de apoyo social a las reformas, nuevamente posibilita el avance de los intereses privados. Expresión clara de aquello es el hecho de que sea una Universidad privada, masiva y lucrativa como la Universidad Autónoma haya sido la mayor beneficiaria con la “gratuidad” durante el año 2017.

Con un rechazo cada vez más transversal a la Reforma, se tramitarían “a la rápida” proyectos de ley relacionados con la Educación Pública. En educación escolar, se termina aprobando un proyecto de “desmunicipalización” que lograría ser poco más que un acotado traspaso de algunos sostenedores municipales a servicios locales estatales, manteniendo inalterado el financiamiento competitivo entre instituciones. En educación superior, se aprueba un proyecto circunscrito únicamente a las actuales Universidades Estatales, orientado a consolidar una organización y financiamiento de éstas a la medida del mercado, junto con consolidar su participación minoritaria en la matrícula.

Más allá de la defensa del “legado”

En definitiva, más allá de regulaciones puntuales, el cierre de las reformas reproduce la obstinación de concebir los subsidios al mercado como única vía posible. La “educación pública, gratuita y de calidad” se ve desplazada como horizonte por una suerte de “mercado gratuito” sin parangón en el mundo, organizado y supervigilado por el “Banco Central Educativo”. Las insuficiencias al proyectar políticamente la lucha social expresada en 2011, y la dispersión de las fuerzas de cambio en la disputa educacional, permitieron el avance de los intereses privados beneficiados con el mercado educativo.

Expresión de este fracaso es también el actual estado de la discusión educacional. Lejos de las amplias expectativas abiertas por los procesos de lucha, se ha impuesto una crisis de imaginación tal que, nuevamente, el conservadurismo y el progresismo neoliberal se presentan como únicas alternativas posibles. Ya resuenan entre las fuerzas de cambio los cantos de sirena para circunscribir la futura oposición a la mera defensa del “legado de Bachelet”, omitiendo el avance de la educación privada lucrativa y la muerte lenta pero sin pausa de la educación pública, tendencias que “la Reforma” finalmente ha contribuido a profundizar.

La lucha por la educación es una por nuestro derecho como sociedad a decidir nuestro futuro. Sobrepasar la estrechez de pensar en mejores mercados, y construir y defender un horizonte específico de cambios sigue siendo una tarea pendiente entre las fuerzas sociales. Una tarea sólo posible con la más amplia unidad entre quienes buscamos realizarla, con autonomía de los intereses beneficiados por décadas con nuestro sistema educativo y sus representantes políticos. Construir esa unidad, una afirmativa y no solamente “defensiva”, resulta un desafío más urgente que nunca.


Miembros de Izquierda Autónoma y Fundación Nodo XXI