El próximo 11 de marzo no sólo se hará el traspaso del bando presidencial, sino que también el Congreso se verá renovado con el aumento de la cantidad de parlamentarios a 155 diputados y 43 senadores.

Sin embargo, a pesar de que aún no se instalan en Valparaíso ni comienzan con sus labores legislativas, ya aparecen las primeras irregularidades. Una publicación de Ciper Chile reveló que 20 de ellos no incluyeron sociedades en las que aparecen como controladores o accionistas en su declaración de patrimonio e intereses, y de este modo, transgredieron la ley que los obliga a dar cuenta del detalle de sus propiedades (Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia).

De las sociedades omitidas, 14 registran multas por infracciones a distintas normas laborales, algunas de ellas vinculadas con derechos mínimos, como el no pago de remuneraciones, exceso de jornadas de trabajo y no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones.

Entre los casos más llamativos se encuentran los de Rodrigo Galilea Vial (ind-RN), el ex intendente de Talca durante la primera administración Piñera, quien es propietario de siete empresas que acumulan un total de 130 sanciones de la Dirección del Trabajo (DT) entre 2013 y 2018 y el diputado del Partido Comunista Boris Barrera Moreno, socio de dos empresas (una no incluida en su declaración de patrimonio) que en conjunto suman 15 multas de la DT.

Las empresas de Galilea sancionadas son: Constructora Pehuenche (61 multas); Constructora Galilea (36 multas); Aguas y Riles (17 multas); Aguas San Pedro (11 multas);Aguas y Riles Servicios (2 multas), Inversiones e Inmobiliarias Comerciales (2 multas) y Agrícola y Comercial El Volcán (1 multa).

En el caso de Barrera, el parlamentario comunista no declaró su Sociedad Industrial Sami, dedicada al servicio de aseo, y ante la consulta sobre por qué no lo hizo, señaló que “a lo mejor me traspapelé”, y agregó que hizo su declaración el último día.

En un comienzo, la investigación arrojó que 35 de los nuevos parlamentarios figuraban en sociedades que no fueron registradas en sus declaraciones, pero 15 aclararon que se trataba de sociedades que fueron disueltas; que no tienen inicio de actividades en el SII; que tenían término de giro o bien que habían vendido su participación en ellas, y por esa razón el número se redujo a 20.

Por otra parte, la ley también establece que los parlamentarios en ejercicio deben desprenderse de todos sus negocios –tanto como personas naturales o a través de sus sociedades– con cualquier organismo del Estado, por lo que cinco de ellos deberán poner término a sus vínculos. Entre ellos se encuentra el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch (PH), quien a través de dos sociedades se ha adjudicado licitaciones con organismos públicos por cerca de $300 millones.

La Declaración de Patrimonio es requisito para que una postulación al Congreso sea aceptada por el Servel. La norma indica que esa declaración no debe contener errores ni imprecisiones para que sea válida, por lo que el Servel establece un plazo para correcciones. Si los errores no son subsanados, la declaración se considera como no presentada, lo que implica el rechazo de la candidatura. Para un mejor control, se envían copias a Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).