Además de los ya conocidos estudios que, este lunes se supo, encargó la saliente administración de Michelle Bachelet para medir el impacto del caso Caval, también se conoció de una serie de mediciones que la ex mandataria encargó para ahondar en la opinión de la población sobre variados temas, entre ellos, el conflicto del Estado con el pueblo mapuche.

La medición –elaborada por Go Research Ltda.– se realizó los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017, mismos días en que el gobierno cargaba con gran presión sobre sus espaldas. Uno de los temas más comentados era la huelga de hambre que sostuvieron –y que se extendió por 117 días– los cuatro comuneros mapuche imputados por el caso Iglesias, el atentado incendiario que afectó a un templo evangélico en junio de 2016 en la comuna Padre Las Casas.

Benito, Ariel y Pablo Trangol, y el lonko Alfredo Tralcal adoptaron la iniciativa después de cumplir más de un año y medio bajo la medida cautelar de prisión preventiva y sin luces de que se iniciara un juicio pronto con respecto a los hechos de los que reiteraban su inocencia. Además, solicitaban que el gobierno retirara la calificación de “terrorista” de la querella que los sindicaba como los autores del atentado.

En ese contexto, los resultados que arrojó el estudio revelaron que muchos de los supuestos o enunciados que usualmente están presentes en los discursos públicos –palabras como “terrorismo” o “mano dura”– no están tan arraigados en la población.

Si bien el 47% de los encuestados cree que la quema de camiones son hechos en los que están involucradas personas mapuche y el 67% piensa que durante los últimos tres años el conflicto ha aumentado, por otra parte, el 25% sindicó como responsable de la situación en La Araucanía a los propietarios de grandes extensiones de tierra, seguido de un 24% que culpa al gobierno, un 21% a las forestales y recién, en cuarto lugar y con un 13%, a las comunidades mapuche.

Además, el 74% de los encuestados señaló que cree que son justificadas las demandas del pueblo mapuche; el 68% las apoya y el 71% cree que es injustificado que se use la fuerza o violencia. Por otra parte, el 61% cree que se debería aplicar la ley común para las personas que queman camiones, las que un 58% califica como delincuentes comunes contra un 38% que cree que son terroristas. También, por esos días el 56% creía que no se han protegido los derechos humanos de las personas en huelga de hambre.

Finalmente, fue el mismo 30 de septiembre que desde el gobierno anunciaron que retirarían la calificación de “terrorista” de la querella, hecho que se concretó el 10 de octubre de 2017, y que desató la molestia del entonces subsecretario Mahmud Aleuy –quien por esos días estaba en Argentina y que defendía ña gestión realizada hasta el momento– y que, por ese hecho, estuvo a punto de abandonar su cargo.