A través de un escrito presentado ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, esta mañana la ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos (UDI) dio a conocer la decisión de la cartera de no participar en el proceso de conciliación por el proyecto minera Dominga, cuyo inicio estaba fijado para este miércoles, y en el que la postura del gobierno estaría representada a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

De este modo, el gobierno optó por resguardarse ante una iniciativa en la que podría salir perdiendo tanto si el proyecto era aprobado como si salía rechazado, y dejó la decisión en manos del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que dará a conocer su dictamen el próximo 30 de marzo. “Creemos necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación”, explicó Cubillos.

En octubre de 2017, Dominga fue rechazada por el Comité de Ministros –instancia integrada por los titulares de las carteras de Salud, Economía, Agricultura, Energía, Minería y Medio Ambiente, y que resuelve en última instancia el futuro de los proyectos–, con el argumento de que el proyecto está a pocos kilómetros de la zona donde se concentra el 80% de la población de pingüinos de Humboldt, además de afectar poblaciones de guanaco y loros tricahue.

Como contrarrespuesta, Andes Iron –la empresa detrás de la minera– presentó un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, acusando que el proceso de evaluación fue “irregular y viciado”. Y curiosamente, el presidente del tribunal (ex candidato a diputado por RN) estableció como medida intermedia iniciar el proceso de conciliación entre ambas partes, que estaba fijado para hoy.

Dominga es un proyecto que complica a Sebastián Piñera y su entorno en su posición de gobierno. La iniciativa contempla la construcción de una mina de hierro y cobre en el sector de La Higuera, al norte de Coquimbo, supone una inversión de 2.500 millones de dólares, y quién está detrás de la propiedad de Andes Iron es Carlos Alberto Délanoíntimo amigo del presidente e icónica figura detrás de los escandalosos casos de financiamiento irregular de la política a través de Penta.

Además, el ex subsecretario de Minería del anterior gobierno de Piñera, Pablo Wagner, se encuentra formalizado por cohecho por favorecer precisamente a Dominga en su tramitación, e incluso el propio Piñera estuvo involucrado en la propiedad del proyecto en sus inicios.

Por eso, desde su arribo a La Moneda, se comenzaron a hacer los primeros reajustes y jugadas para enfrentar el proceso. El lunes, Marcela Cubillos removió al entonces director del SEA, Juan Cristóbal Moscoso –quien había llegado al cargo por Alta Dirección Pública–, y en su lugar se nombró a Hernán Brücher Valenzuela, abogado medioambientalista cercano a la derecha.

Dicho nombramiento fue uno de los 12 cargos que tiene la posibilidad de hacer Sebastián Piñera sin la necesidad de utilizar el sistema de Alta Dirección Pública, marcando así la importancia que tiene para actual gobierno el hecho de tener a alguien de confianza al mando del SEA.

Así, ante la disyuntiva sobre su actuar, desde el gobierno explicaron que la decisión de no participar en la conciliación se debe a que dicho proceso “no ayuda a fortalecer la institucionalidad del país”. “Lo queremos corregir por la vía legal, por la vía de las potestades más bien institucionales y no por esta vía, o si no corremos riesgos de que haya mucha mayor incertidumbre en los proyectos, porque a la larga cualquier proyecto puede pensar que la judicialización lo va a terminar a ayudar en una negociación directa y, por lo tanto, todas las etapas anteriores pueden perder bastante fortaleza”, agregó Cubillos.