Jaime Campos se transformó en la cara visible del no cierre de Punta Peuco, después de conocerse que el otrora ministro de Justicia se negó en dos oportunidades distintas a firmar el decreto que trasladaba a los genocidas condenados en el exclusivo penal hacia la cárcel de Colina I.

Ante las múltiples críticas hacia su persona, Campos salió a justificar su posición en distintos medios.

“Hasta el viernes a las 17:00 horas que me retiré del ministerio nada recibí. No me llegó a mí ni al ministerio nada vinculado con lo anterior (Punta Peuco). Y si hubiese sido así y yo no lo hubiese conocido, debería haber algún registro en el ministerio, pero ya el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dice que no hay nada. Y si alguien lo tiene que lo muestre”, afirmó el ex ministro.

Según se ha conocido, el ex ministro de Interior, Mario Fernández, convocó el sábado 10 de marzo a Campos a La Moneda para que firmara el decreto de traslado de los presos de Punta Peuco, que además transformaba el recinto de Til Til en uno de reclusión para presos de necesidades especiales.

Entonces, Campos se negó a firmarlo. Un día después, antes de la última foto oficial como gobierno, la propia Michelle Bachelet le exigió que lo firme. Se negó de nuevo.

“El sábado y domingo yo en la práctica ya no puedo ejecutar actos administrativos vinculados con el ministerio, porque sábado y domingo está cerrado. Y cualquier acto que hubiese ejecutado esos días iba a carecer de eficacia jurídica, puesto que si lo firmaba el domingo debía entrar el lunes y ya no era ministro”, dijo Campos para justificarse.

Además, el ex ministro reveló que a las conocidas negativas de Punta Peuco y del indulto de Jorge Mateluna, se suma otra bastante importante para el mundo de los derechos humanos del país. Se trata del compromiso de la presidenta Bachelet de elaborar una nueva comisión de verdad y justicia respecto a los hechos ocurridos en la dictadura militar, que recopile -y de forma definitiva- los testimonios de todas las víctimas.

Esto, mencionado como Campos como una “comisión Valech III”, se lo presentó la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries. “Me había propuesto un decreto, pero le hice una serie de observaciones jurídicas que a mi modo de ver hacían inviable lo que me estaban proponiendo”, aseguró el ex ministro.

“No es que me haya negado, le hice observaciones por escrito que no se corrigieron y tampoco se transformó en norma. Fue a comienzos de enero”, agregó.