Al entrante gobierno de Sebastián Piñera no le quedó más que reaccionar al hecho político en que se convirtió el Oscar a la Mejor Película Extranjera obtenido por el largometraje chileno “Una Mujer Fantástica”, dirigido por Sebastián Lelio y protagonizado por la actriz transexual Daniela Vega, que copó la agenda pública e hizo insostenible que la derecha siguiera resistiéndose al Proyecto de ley que reconoce y da protección al Derecho a la Identidad de Género, que lleva casi cinco años de tramitación en el Congreso.

Es así que el mismo día que inició sus funciones, el gobierno entrante anunció que dentro de los 12 proyectos que serán priorizados estará el de Identidad de Género, que, sin embargo, no mantendrá la discusión inmediata que le dio la Presidenta Bachelet (que implicaba que el proyecto fuera conocido y despachado en 6 días) como consecuencia del impacto generado por la discriminación que sufren las personas trans en Chile evidenciada por “Una Mujer Fantástica”, sino que tendrá urgencia simple (30 días para despacho). El proyecto ya había tenido ese estatus legislativo durante su larga tramitación, por lo que no implica que efectivamente se vaya a transformar en ley, en razón de lo cual las organizaciones de diversidad sexual no deben bajar la guardia.

La semana pasada, el mismo día que llegaba al país desde Los Ángeles el equipo del largometraje ganador, la Sala del Senado había acordado omitir el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, realizar la votación y rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, pasando el proyecto a Comisión Mixta; dicha instancia legislativa representa la oportunidad de llegar a acuerdo en las discrepancias entre el texto aprobado por el Senado y la Cámara (como reponer el cambio de identidad de niños, niñas y adolescentes transgénero rechazado por los/as diputados/as), pero también el riesgo de retroceso en lo avanzado.

Al final de la jornada y luego de que la presidenta Bachelet recibiera a los/as realizadores/as en La Moneda generando alto interés mediático, el gobierno saliente había logrado instalar el mensaje (a cinco días del término del período presidencial) de que las felicitaciones y el orgullo de diversos sectores políticos por el triunfo de la película debían traducirse en apoyo al proyecto de ley, que había sido persistentemente resistido por Chile Vamos.

Tensión entre liberales y conservadores

No es casual que el encargado de definir las prioridades legislativas, el nuevo ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, milite en Evópoli, tal como el senador Felipe Kast, que en diciembre pasado -siendo diputado- logró con su voto aprobar en general el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, desoyendo la señal en contrario del presidente electo y desatando la indignación de Chile Vamos. En ese momento, Kast debió explicar su voto señalando que empatizaba con aquellas personas que sienten una identidad distinta a la que nacieron y que, en su etapa adulta, deciden dar una solución a su dolorosa situación. Es justamente la posibilidad de incluir en la ley a niños, niñas y adolescentes trans (y no sólo a los adultos) la que fue rechazada en la Cámara de Diputados, a la que se opone Chile Vamos y la que representará el principal punto de desacuerdo en la Comisión Mixta.

Antes de asumir, el ministro de la Segpres ya había adelantado que se debe legislar al respecto porque el cambio de género registral es engorroso, sumándose a otros dirigentes de Chile Vamos que entienden que se debe avanzar en los derechos de la diversidad sexual, como Cristián Mockeberg o Andrés Allamand (ambos de Renovación Nacional). Si bien anteriormente Chile Vamos había dejado en libertad de acción a sus militantes en los mal llamados “temas valóricos” (que, en definitiva, son derechos civiles), la decisión de dar urgencia simple al proyecto seguramente será uno de los temas que pondrá en tensión a los sectores más liberales y a los conservadores de la coalición.

Es así que la presidenta de la UDI e integrante de la Comisión de DDHH del Senado, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, había sido una férrea opositora a este proyecto, el que calificaba como  “muy malo” y al que no consideraba como prioridad legislativa porque creía que a Sebastián Piñera lo eligieron para resolver los problemas cotidianos de la gente, como si la discriminación y violencia que sufren las personas trans no fuera de todos los días.

El proyecto de Identidad de Género se inició a partir de una moción presentada en 2013 por Lily Pérez (entonces RN y luego Amplitud), Ximena Rincón (DC), Camilo Escalona (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS), en colaboración con la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD) que propuso el texto, que buscaba terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre y la apariencia y vivencia personal del cuerpo.

Legislar sobre identidad de género no sólo será una necesidad de la agenda política dado el impulso que le dio el triunfo de Una mujer fantástica, sino que es un imperativo producto del Acuerdo por la Diversidad, que es una solución amistosa ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado de Chile se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la adopción homoparental y medidas antidiscriminatorias en salud, educación y trabajo para la diversidad sexual. El acuerdo surgió en relación al caso presentado en 2012 ante el organismo internacional de tres parejas del mismo sexo que no tuvieron acceso al matrimonio civil y al reconocimiento legal de matrimonios contraídos en otros países por parte del Estado de Chile, en que éste reconoció los hechos que dieron origen a la denuncia de los peticionarios.

Seguro que los asistentes a la reunión entre el entonces presidente electo Sebastián Piñera y Chile Vamos realizada en enero pasado, no lo tuvieron en consideración al acordar rechazar algunos proyectos emblemáticos de la administración de Bachelet, como el de la ley de identidad de género (además de la reforma a las pensiones y al capítulo XV de la Constitución), argumentando que “son malos” y se contraponen a lo propuesto durante la campaña presidencial.

Personas trans, entre los grupos más vulnerados

La imagen de la actriz Daniela Vega (su nombre social) viajando por el mundo con un pasaporte con nombre masculino (nombre legal) tuvo enorme potencia en evidenciar la distancia entre un cine nacional que cumple con un rol social de denunciar la discriminación de las personas trans y el conservadurismo de un país que mantiene los obstáculos para el cambio de nombre y el reconocimiento de su derecho a la identidad de género.

En la película “Una mujer fantástica”, Marina, que es una mujer nacida en el cuerpo de un hombre (o más bien, que hizo el tránsito de género hacia el femenino porque no se identificaba con el asignado al nacer, tal como Daniela) busca el reconocimiento de su identidad de género y el respeto a sus derechos fundamentales, en igualdad y no discriminación. Es su corporalidad la que es juzgada por el médico que atiende a Orlando (Francisco Reyes) -el hombre mayor del cual estaba enamorada, con el que vivía y que sufre un aneurisma cerebral-, cuando le pregunta si Marina Vidal es su “apodo”. O cuando un carabinero le pide su carnet de identidad en el que dice que se llama Daniel y ella le tiene que explicar que su cambio de nombre es un asunto en trámite. Hasta ir al baño de mujeres es una pequeña y simbólica lucha para una mujer transexual.

Las personas trans son probablemente uno de los grupos de la población más discriminados, que ven más vulnerados sus derechos humanos y se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Dada la discordancia entre su nombre legal y su identidad de género, tienen barreras de acceso básicas al mundo laboral, enfrentan abuso, discriminación, persecución, violencia, discursos de odio y exclusión, poniéndolas en una situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos por obstáculos legales o de hecho. Según el XV Informe Anual de Derechos Humanos sobre Diversidad Sexual y de Género en Chile del Movilh, durante 2016 hubo 332 casos o denuncias de homofobia o transfobia, lo que constituye un incremento de 28,6% en relación al año anterior, y por primera vez en 12 años, las personas transexuales y las lesbianas denunciaron más abusos que los gays.

En febrero recién pasado, la Asociación OTD Chile “Organizando Trans Diversidades” en su Informe para el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sobre la situación de mujeres y niñas transgénero e intersex en relación a las obligaciones del Estado de Chile como firmante de dicha convención, señala que las personas trans enfrentan una barrera de acceso al momento de solicitar el cambio de nombre y sexo registral que les permita el reconocimiento de su derecho a la identidad de género. Como no existe una ley que reconozca ese derecho, la ley que regula el cambio de nombre y apellidos es interpretada por jueces civiles que acceden o rechazan solicitudes de mujeres y niñas transgénero e intersex bajo criterios arbitrarios y fundados en patologización u obligación de diagnosticar disforia de género y trastornos del desarrollo sexual para acceder al reconocimiento de su identidad de género, señala el informe.

Hace una semana, el Comité Cedaw acogió propuestas de los informes alternativos presentados por organizaciones sociales y de diversidad sexual chilenas y en sus Observaciones Finales recomendó al Estado chileno “adoptar el proyecto de Identidad de Género con las enmiendas propuestas por la sociedad civil organizada”, así como avanzar en la ley de matrimonio igualitario, adopción homoparental y la reforma a la Ley Zamudio, entre otras recomendaciones.

Identidad de género como categoría protegida

En conformidad con los Principios de Yogyakarta (sobre la aplicabilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la identidad de género y la orientación sexual), la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente  profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la  modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la identidad de género de las personas [corresponde a una de las] categorías protegidas por la Convención [Americana de Derechos Humanos]”. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha entendido a la orientación sexual –interpretación que puede extenderse a la identidad de género y expresión de género– dentro de las características personales en el sentido que son innatas o inherentes a la persona (tales como la raza o la etnia) e inmutables, entendiendo por inmutabilidad una característica difícil de controlar de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sacrificar su identidad”.

El proyecto de ley actualmente en Comisión Mixta entiende la identidad de género como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, lo cual puede corresponder o no al sexo y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento. Es así que establece una acción específica que será conocida por los Juzgados de Familia (no por jueces civiles como en la actualidad) para el efectivo reconocimiento a la identidad de género de las personas trans, el cual permitirá el cambio de nombre y sexo en las partidas de nacimiento y documentos públicos.

Es de esperar que el impulso dado por una película chilena a la necesidad de dotar de derechos a las personas que no tienen conformidad entre su sexo biológico y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste, para que puedan construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos, no sólo responda a una ventana de oportunidad en la agenda pública, sino que abra la puerta de la igualdad y no discriminación a las personas trans para convertirlos en ley. Parafraseando a Daniela Vega, es de esperar que vengan nuevos tiempos de “Rebeldía, resistencia y amor” para lxs más discriminadxs entre lxs discriminadxs.