Expertos en derechos digitales rechazan estudio del Servel que busca implementar el voto electrónico

Este martes el Servel inició una consulta en Mercado Público por un «Estudio Comparado de Tecnologías para el Voto Electrónico», donde empresas relacionadas al rubro podrán presentar propuestas respecto a distintos modelos de este método de sufragio. Uno de los motivos para la consulta es realizar una comparación entre las experiencias en torno a este mecanismo alrededor del mundo.

El organismo puso un plazo de 20 de días que finalizará este 2 de abril e indicaron que «el voto electrónico y sus distintas variantes puede ser un avance en términos de la universalidad del voto, permitiendo soslayar las situaciones antes mencionadas a través, por ejemplo, de la implementación de un modelo de voto anticipado en determinados puntos».

En esa línea, el Servel estableció un cronograma tentativo entre marzo y octubre, mes en que se esperan tener listo un prototipo de este nuevo mecanismo, que inicialmente sería probado en «organismos intermedios» como consultas ciudadanas municipales, elecciones internas de partidos políticos o centros de estudiantes en establecimientos de educación superior. 

A partir de esto, distintas han sido las organizaciones que se han referido en contra que esta medida que el Servel busca implementar y que anteriormente había sido esbozada por parlamentarios del PPD o por el mismo presidente Sebastián Piñera. El Desconcierto conversó con Romina Garrido de Datos Protegidos y Pablo Viollier de Derechos Digitales y te explicamos por qué migrar a este nuevo sistema no es precisamente una buena decisión.

«Si no está roto, no se arregla»

Respecto al actual sistema de sufragio en Chile, los expertos indican que es un mecanismo que funciona y tiene validación internacional. Para Viollier, un detalle muy importante es que en nuestras votaciones «la sociedad en su conjunto participa de la fiscalización del proceso».

«Acá aplica el dicho ‘si no está roto, no hay para qué arreglarlo’, porque la implementación del voto electrónico introduce una serie de variables que ponen en entredicho no solo la seguridad, sino también la transparencia de las elecciones, porque este voto es rastreable y verificable, porque desde el momento en que se imprime, siempre hay muchos ojos fiscalizando físicamente que los votos se establezcan de forma correcta», comentó el abogado.

En ese sentido, califica el actual sistema como «sumamente eficiente», donde es «muy dificil que se produzca un fraude electoral». «Con el voto electrónico tu reemplazas esta fiscalización social por una caja negra a la que solamente tiene acceso la empresa que se ganó la licitación«, critica.

Sobre lo mismo, Garrido respalda estos planteamientos, agregando que «hoy no tenemos ningún problema con la gestión del voto mismo. Es increíble que cuando hay elecciones en Chile los datos están en dos horas, y ya puedes tener tendencias. No hay niveles de corrupción en ese sentido, entonces estas compras tienen que estar muy bien justificadas».

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Seguridad digital primero

Para la abogada de Datos Protegidos, un tema igual de importante que la validación social del sistema es la seguridad digital, argumentando que en Chile existe una regulación muy precaria en relación a este tema. «Hay problemas bien delicados en cuanto al tratamiento de los datos de las personas del padrón electoral y en el país tenemos polémicas y casos no resueltos respecto a la publicación de éstos», comentó.

En misma línea, Viollier agrega que «al incorporar un componente informático, lo que tu haces es cambiar un sistema seguro por uno que introduce nuevas vulnerabilidades«.

Con este sistema electrónico que se propone, Garrido cuenta que es difícil poder garantizar la confidencialidad y el secreto del voto. «Podría prestarse para descubrir las tendencias políticas de las personas, porque hoy se disocia de manera muy simple tu papeleta del numero de ella. Con sistemas electrónicos, hacer esa disociación, si bien es simple, también es muy fácil volver a vincular la intención del voto con la persona que lo emitió», indicó.

«En Chile tenemos una norma que tiene mas de 10 años y recién se sometió a consulta pública una norma que sube esos estándares. Si el estado primero no hace más robusta su infraestructura digital, no es posible ponerse a hablar de sistemas que de por si son una gran tentación para la industria o los políticos de vulnerarlos para poder manipular elecciones de alguna forma«, agregó.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Los pasos legales

La actual consulta de mercado del Servel es el paso anterior a una licitación para la adquisición de estas nuevas tecnologías, pero cabe destacar que este sistema no puede ser aplicado así como así a elecciones generales (municipales, gobernadores, parlamentarias y presidenciales), ya que el actual mecanismo de sufragio está respaldado como ley orgánica constitucional. 

Según Viollier, para hacer este cambio a voto electrónico no solo se necesitaría una ley que lo reforme, sino que también una ley de quorum calificado.

Por su parte, Garrido igualmente indicó que «la ley no autoriza este tipo de tecnologías, por tanto pasaría por una modificación legal primero». En este sentido, considerando que ya existen motivaciones reales de adquirir prototipos o pilotos, la abogada cree que «si esto se fuera a licitar como compra, ahí la Contraloría tendría que pronunciarse sobre cuáles serían las facultades legales que tiene el Servel para poder evaluar comprar tecnología que no va a poder usar», sostuvo.

En otra línea, los representantes de Datos Protegidos y Derechos Digitales han indicado que la implementación del voto electrónico en otros país no ha sido exitosa. Es más, cuentan que dicho sistema está en retirada en países europeos, y en un caso más cercano, en Argentina la propuesta de Macri respecto al mismo tema no prosperó en su discusión durante el 2017.