El “gran acuerdo por la infancia” y los temas ausentes

Saludamos que el recién asumido gobierno de Sebastián Piñera tenga como una de sus prioridades a los niños, niñas y adolescentes vulnerados, aunque las medidas propuestas nos dejan dudas respecto a la real eficacia de las mismas, tanto en el corto como en el mediano plazo.

Dentro de los 12 proyectos de ley catalogados como urgencias legislativas, aparecen dos vinculados a niñez: El proyecto de ley de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile y el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, ambos actualmente en el parlamento. Nos llama la atención, sin embargo, que otro de los pilares de la restructuración a Sename, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada para Niños y Niñas, no aparezca dentro de las prioridades.

En el mismo ámbito, el gobierno propone aumentar significativamente la subvención que reciben los organismos colaboradores del Sename. Ello no asegura per se elevar la calidad de las atenciones. Peor aún, nada se dice de aquellas residencias en los que hay vulneraciones reiteradas de derechos de niños y niñas a su cuidado. Tampoco de alguna reforma al sistema de voucher por niño/a atendido/a, que concibe al niño o niña como un producto que genera utilidades. De otra manera no se entiende la presunción de que existan cobros de subvenciones utilizando la identidad de niños/as fallecidos/as.

Respecto a los Cread (Centros de Administración Directa de Sename) se menciona la mejora en infraestructura. Esa es la mitad del problema. Ni una línea a los/as trabajadores/as de Sename, principalmente educadores/as de trato directo, con poca capacitación, alta carga laboral y bajos sueldos, lo que incide en el alto números de renuncias y de rotación de profesionales que interrumpen los vínculos terapéuticos con los/as niños/as.

Por otro lado, creemos que dentro del gran Acuerdo por la Niñez y la Adolescencia que se ha anunciado era indispensable partir por una ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, como “ley marco” que permita coordinar normas, instituciones y políticas para la protección del ejercicio de los derechos de la niñez. Sólo una institucionalidad de ese tipo, de carácter intersectorial, facultará al Estado actuar de manera más eficiente para la prevención de las vulneraciones, haciendo seguimiento y actuando antes de que estas ocurran. Actualmente existe un proyecto de ley de este tipo en el congreso, en segundo trámite constitucional. Hubiese sido lógico que, con algunas indicaciones, este proyecto de ley haya tenido igualmente prioridad.

Pero quizá la omisión más grande para un gobierno que propone medidas urgentes en niñez y adolescencia es no plantear un plan de desinternación desde centros de residencia, que permita a cientos de niños y niñas, previa evaluación, reintegrarse a sus familias nucleares o extendidas o en su defecto a programas de cuidados alternativos no residenciales. Es fundamental entender que, como lo señalan todas las organizaciones internacionales competentes en niñez, los centros e instituciones de residencia sólo deben tener un carácter momentáneo, no permanente. Sabemos además que la mayoría de los niños y niñas que llegan a estos centros provienen de familias de bajos ingresos. Sename por tanto debe dejar de ser el “quita niños” de los pobres.

Consideramos que las prioridades en materia de niñez del nuevo gobierno son insuficientes. Más aún, tienden a acentuar un paradigma de atención tutelar y asistencial, focalizada en el niño vulnerado, sin considerar las causas que generan esa vulneración. Predominada un enfoque “senamizado” que obnubila los problemas estructurales, aunque tampoco da solución del todo a los problemas de mayor urgencia vinculados al Sename. Hacemos un llamado al nuevo gobierno entonces a que pueda estar llano a discutir estas cuestiones, en el entendido que estamos hablando de un acuerdo transversal para restituir los derechos vulnerados de nuestras niñas, niños y adolescentes.