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Opinión

El silenciamiento no deshace el pasado ni puede detener el derecho a la verdad

Por: Loreto López | Publicado: 21.03.2018
El silenciamiento no deshace el pasado ni puede detener el derecho a la verdad si no hay justicia hay funa |
Manifestar la indignación públicamente también es restituir una moral que ha sido lesionada, que por décadas ha sido educada en la conveniencia de la mentira, en la preferencia de dañar a otros que responder por el daño causado, y en el mensaje de que tras el daño infringido es posible continuar con la vida como si nada hubiese pasado.

La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron creadas por la dictadura para perseguir y eliminar a quienes ésta consideró sus enemigos. Para llevar adelante esos propósitos perpetraron crímenes de lesa humanidad. No se trata de organismos o servicios públicos que sólo contribuyeron burocráticamente a  la represión, como en muchos casos ocurre con otras reparticiones del Estado, sino que sus funcionarios y funcionarias, con independencia de sus tareas, formaron parte de una intensa y probada actividad delictual.

Conocer las identidades de esas personas es un imperativo para la verdad y la justicia, cuya consecución no sólo se reduce a las cortes del sistema judicial. La sociedad tiene otros juzgados donde esas personas rendirán cuentas, se trata del escarnio social y la sanción moral. Eso es lo que desde 1998 ha venido haciendo la Comisión Funa.

Ahora, en un fallo dividido, la Corte Suprema ha establecido mantener la reserva de información de ex agentes de la DINA y la CNI que prestarían funciones en el Ejército. Argumenta que “la revelación de su identidad redundará, con toda probabilidad, en la afectación de su seguridad y la de su familia y en la perturbación de su vida privada y familiar”. Lo de afectar la seguridad es dudoso, no se han conocido casos en que la integridad personal haya sido amenazada o lesionada y mucho menos ajusticiamientos, si es que a eso se refieren, sin embargo es evidente que el conocimiento público de lo obrado en el pasado por estas personas puede afectar su vida privada y familiar. Es más, si algo de conciencia moral hay en estas personas y su entono inmediato, se diría que han vivido afectadas y perturbadas por décadas, porque aunque la justicia no les haya dado alcance, han debido convivir con sus propios actos todos estos años.

Porque ¿cómo es posible continuar la vida luego de haber contribuido a perseguir, torturar, matar y desaparecer? Como se ha presenciado desde el Golpe en adelante, el argumento de la violencia necesaria contra la amenaza marxista puede ayudar a apaciguar sus conciencias, pero no borra lo obrado. Eso es lo que prevalece, y que con toda justicia, jurídica o no, les perseguirá, al menos, en la arena del espacio público.

La dictadura lo sabía, y por eso ha sido tan importante promover el olvido o en su defecto el silencio, como lo hace ahora la Corte Suprema, porque sólo olvidando se evita el remordimiento y es posible seguir viviendo consigo mismo tras los crímenes cometidos. Lo que se quiere entonces es evitar “importunar” a estas personas con el recuerdo público de sus actos, que ni siquiera sus nombres aparezcan asociados a la actividad delictual de la DINA y la CNI.

El escenario político ha cambiado y por ello es posible que en el futuro presenciemos más acciones de silenciamiento como la recién ejecutada, las que se unen a la renovada energía con la cual se ha restituido públicamente la justificación de los crímenes por la vía de la contextualización histórica, la revisión o negación de éstos por la reposición de la propaganda y la minimización por medio de la búsqueda de beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad.

Sin embargo, los imperativos morales de la verdad y la justicia, no pueden reducirse únicamente al orden político, que sólo requiere de ciudadanos respetuosos de la ley, el repudio a los crímenes cometidos y a los criminales, puede sin duda trascender los límites jurídicos, como lo demostró la funa, que por demás es la reacción a una falta de justicia jurídica: “si no hay justicia, hay funa”.

Manifestar la indignación públicamente también es restituir una moral que ha sido lesionada, que por décadas ha sido educada en la conveniencia de la mentira, en la preferencia de dañar a otros que responder por el daño causado, y en el mensaje de que tras el daño infringido es posible continuar con la vida como si nada hubiese pasado.

Y por último, a cada cual le toca responder por el pasado, toda la sociedad chilena, las generaciones anteriores, actuales y futuras, cargarán con los crímenes que el Estado perpetró en su nombre durante la dictadura, mientras los/as hijos/as y nietos/as de los perpetradores cargarán con sus nombres, porque sus padres, madres, abuelos o abuelas accedieron a participar de organizaciones dedicadas al crimen. Podrán negar lo que ocurrió, podrán silenciar sus identidades, pero el pasado no se puede deshacer.

Loreto López