“Todos los querellantes del caso Caval, entre los que se encuentran varios diputados de la República, ministros del actual Gobierno y subsecretarios; esas personas tendrán que responder ante la Justicia por todas las injurias, calumnias y desames que me hicieron pasar durante tres años”, dijo Sebastián Dávalos Bachelet cuando el pasado miércoles el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazara su solicitud de sobreseimiento definitivo respecto a la arista del Caso Caval que indaga el presunto delito de estafa al empresario Gonzalo Vial Concha.

En la audiencia también se le decretaron las medidas preventivas de arraigo nacional y firma mensual en contra de Dávalos. Los principales hechos que lo involucran son los flujos de dinero indagados sobre esa época, además de correos que darían cuenta que el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet estuvo involucrado en los negocios que se hicieron con Vial Concha.

“(Dávalos) no está siendo imputado por el ejercicio de un cargo, o por el nombre que pueda tener, sino por las actuaciones que hemos podido acreditar y hacen que no pueda no tener conocimiento de los negocios de Caval”, señaló el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en conversación con T13 Radio.

Luego agregó: “El 99,9% de ingresos de Sebastián Dávalos provienen de Caval. El resto eran 400 mil pesos, de unos estudios de tesis”.

El fiscal también explicó las razones que esgrimen para establecer el tipo de delito que se cometió por parte de Caval contra Gonzalo Vial Concha: “Lo que atendemos nosotros para decir que hay una estafa es que nunca hubo siquiera una intención de cumplir. A él se le dijo ‘tenemos un equipo de profesionales’. Falso. Él confió que tenían un equipo de expertos, que nunca tuvieron y que tampoco pagaron por el tiempo. Así que nunca se tuvo la intención de cumplir y por eso es que estas actuaciones las hemos catalogado como estafa”.