El 10 de abril de 2014, unos jóvenes Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Gabriel Boric presentaron su primer proyecto de ley como diputados: rebajar la dieta parlamentaria hasta la mitad.

Fue un anuncio polémico desde el primer minuto. “Son solteros, sin hijos, sin esposas, sin ex esposas”, les dijo Pepe Auth (PPD). Felipe Ward (UDI), hoy ministro de Bienes Nacionales, afirmó que “es una medida populista que no llega a ninguna parte“. Mientras que Mario Venegas (DC) los acusó de ser “desleales” con los otros diputados.

El proyecto es simple. Un artículo único que le quita el rango constitucional al sueldo de los parlamentarios, que dice que debe ser igual al de los ministros de Estado. La propuesta es rebajarlo a la mitad, con un tope de 20 sueldos mínimos.

Han pasado cuatro años y la iniciativa muestra un avance nulo. No se ha discutido más.

Los más altos de la OCDE

Con una dieta bruta que ronda los 9 millones, la Cámara de Diputados gasta mes a mes mil 870 millones de pesos en sueldos de los honorables. Esta cifra se reduciría a la mitad si es que se llegase a aprobar la iniciativa.

Las cifras son grotescas por donde se mire, sobre todo ante las poco favorables cifras comparativas: la dieta parlamentaria chilena corresponde a 12 veces el PIB per cápita, 40 veces el sueldo mínimo y se sitúa entre las más altas de toda la OCDE, por sobre países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Canadá.

“Es muy representativo del carácter social del Congreso que esta iniciativa no se haya discutido, porque hay una mayoría que todavía entiende este abultado sueldo como parte inherente de sus privilegios a la que no están dispuestos a renunciar”, comenta el diputado Gabriel Boric, autor del proyecto que lleva 4 años sin actividad legislativa.

El pasado 11 de marzo, el Congreso vio varias caras nuevas, pues la ley electoral se estrenó ampliando los diputados a 155 y los senadores a 43. Fue una promesa del gobierno anterior que el aumento no significara nuevos gastos para el Estado. Por eso, la Cámara de Diputado redujo las asignaciones parlamentarias de cada honorable en 2 millones de pesos.

Este ítem corresponde a la contratación de personal, asesorías externas,  gastos operacionales en traslados y arriendo de oficinas distritales.

La rebaja ya se siente en los pasillos del Congreso: algunos diputados, y sobre todo sus equipos, reclaman que la Cámara ya no costea el almuerzo del equipo de la diputación -se limitó al congresista y dos personas más-, además de que tienen que redistribuir los dineros para mantener asesores sin malos salarios.

La paradoja, dicen, es evidente: se prefirió precarizar a quienes acompañan la labor que rebajar el ostentoso sueldo parlamentario.

“Es inaceptable con lo que salieron, el fin de las asignaciones es realizar un buen trabajo parlamentario, pero la rebaja implica precarización laboral para los funcionarios que trabajan con los parlamentarios, lo que dificulta la debida ejecución de la función de representación“, agrega Boric.

Pese a la rebaja, el gobierno anterior no pudo cumplir con su promesa. Tres días antes de dejar el gobierno, el ministerio de Hacienda inyectó -vía decreto- $1.100 millones a la Cámara de Diputados. En el Senado, en tanto, se transfirieron $2.100 millones.

Se discutirá en este período

Según adelanta Gabriel Boric, al Frente Amplio le corresponde durante la actual legislatura tener la presidencia de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, lugar donde se mantiene intocable el proyecto de rebaja a la dieta parlamentaria.

El propio Boric o Tomás Hirsch (Partido Humanista) serán los encargados de presidir la comisión en un año por definir. Para entonces, ya se fijó en el Frente Amplio que se le pondrá prioridad inmediata al proyecto de ley, para que así salga de la comisión y pase a discutirse en Sala.

El actual presidente de la comisión de Constitución es el comunista Hugo Gutiérrez, quien se ha manifestado a favor del proyecto.