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El Partido Radical anunció que ya cuentan con las firmas necesarias para interpelar al ministro Emilio Santelices. La diputada Marcela Hernando cuestionó el cambio en el protocolo de objeción de conciencia institucional por «privar el derecho a acceder a una prestación a una serie de mujeres».
El ministro de Salud, Emilio Santelices, será el primer secretario de Estado del segundo gobierno de Sebastián Piñera en ser interpelado en el Congreso. Esto, tras el polémico cambio al protocolo de objeción de conciencia institucional, en el marco de la ley de aborto en tres causales.
Durante el pasado martes, la diputada radical Marcela Hernando anunció que ya habían reunido las 56 firmas necesarias para exigir la presencia del ministro en la Sala de la Cámara.
«No vamos a permitir que se atropellen aquellas cosas que hemos conquistado», advirtió la parlamentaria, agregando que fue una de las defensoras de la objeción de conciencia personal: «Como médico me interesaba defenderlo, pero eso no es lo mismo que privar el derecho a acceder a una prestación a una serie de mujeres por la vía de hacer un protocolo que en el fondo está haciendo eso«, explicó.
Por su parte, el titular de Salud aseguró sentirse sorprendido por la noticia y dijo que solo hay una explicación posible al respecto: «Las modificaciones se hicieron para proteger a las mujeres que requerían esta ley por aborto en tres causales».
Además, Santelices recalcó que «también se hizo para cuidar y proteger a cientos de mujeres que, en presencia de un embarazo de alto riesgo, tienen que recurrir necesariamente a un servicio privado, dado que nuestro país tiene un déficit de 900 camas de neonatología».
Sin embargo, sus explicaciones no han logrado convencer a la oposición: el diputado del PS Juan Luis Castro presentó un proyecto que tiene por objetivo reinterpretar la objeción de conciencia institucional y hacer que las clínicas privadas tengan que elegir entre convenios con el Estado o negarse a atender a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo.
«Busca zanjar lo que ha sido la polémica reglamentaria respecto a si las clínicas privadas pueden o no acogerse a la objeción de conciencia y, a la vez, recibir fondos públicos por derivación de pacientes», explicó Castro.
