Uno de los temas más debatidos y criticados por estos días es la decisión que anunció el gobierno de Sebastián Piñera de rebajar los cambios a las contribuciones de los bienes raíces no agrícolas que realizó la administración de Michelle Bachelet a través de un decreto supremo en enero pasado.

El pasado lunes 2 de abril, el ministro de Hacienda Felipe Larraín anunció con bombos y platillos la medida, y en la ocasión subrayó que ella iba principalmente en beneficio de la clase media.

Sin embargo, desde que se conoció de su implementación no han parado de salir voces críticas, entre ellas, la del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien señaló que con la decisión, el gobierno “vuelve a transitar por el camino de profundizar las insoportables asimetrías que los municipios más pobres”. En tanto, el diputado Giorgio Jackson (RD), fue enfático en que “no es verdad que esta medida vaya en ‘beneficio directo de la clase media o jubilados’, sino que favorece con creces a los sectores más ricos del país“.

Con peras y manzanas

Contribuciones, bienes raíces, terrenos no agrícolas, decretos, ¿de qué se trata toda la polémica? De acuerdo a la ley, cada cuatro años, el gobierno que esté al mando debe hacer un Reavalúo de los Bienes Raíces No Agrícolas, es decir, actualizar el valor que asigna a las propiedades que son usadas de forma habitacional (casas y departamentos) o comercial (oficinas), lo que sirve de base para determinar cuál será el impuesto territorial o contribución que cada una debe pagar.

Las contribuciones se pagan cuatro veces al año (abril, junio, septiembre y noviembre), aplican tanto para predios agrícolas como no agrícolas, y los fondos que se recaudan se distribuyen de la siguiente forma: entre el 35% y 40% de los fondos obtenidos van para la municipalidad correspondiente, y el porcentaje restante va directo al Fondo Común Municipal (FCM), que es la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos.

No todos pagan contribuciones, de hecho, de acuerdo a cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), el 77% de los terrenos con destino habitacional están en el tramo que no paga impuesto territorial, dado que su avalúo fiscal es menor a $33 millones. En tanto, el porcentaje que deben pagar como contribución las propiedades que superan ese monto se ordena por tramos.

En simple, en enero pasado Bachelet decidió realizar cambios (rebajas) a dichos porcentajes debido a que la ley dice que la recaudación por pago de contribuciones de cada año no puede superar el 10% respecto del período anterior. Y luego de realizar el reavalúo fiscal, el monto de recaudación arrojaba un 35% más, así que se bajaron las tasas para que no superar el tope legal.

Como explicó el diputado Jackson, la recaudación de 2017 permitió a municipios contar con US$1.900 millones, recursos que en su mayoría se destinaron al Fondo Común Municipal (FCM). Por eso, al reajustar las tasas justo lo necesario para que el aumento fuera un 10% más, la recaudación para municipios –sobre todo los más pobres– aumentaría en aprox US$190 millones”, agregó.

La razón de por qué esta medida beneficia a quienes más tienen está relacionada con las tasas que debe pagar cada tramo en la propuesta de la Nueva Mayoría en contraste con las de Chile Vamos. Piñera decidió rebajar el 9,75% propuesto por Bachelet a un 9,33% (es decir, en un 0,42%) la tasa que deben pagar el tramo de viviendas cuyo avalúo se ubique entre $33 y $118 millones, mientras que se rebajó de un 1,138% a 1,088% (es decir, un 0,5%) el porcentaje a pagar por las viviendas que superan el último monto.

Así, en un ejemplo concreto, con las tasas propuestas con Bachelet una casa avaluada en $45 millones debía pagar $115.050 y con la de Piñera $110.094, es decir, se ahorra casi 5 mil pesos. Pero en contraste, quienes ven un mayor beneficio son las propiedades con mayor avalúo: en el caso de una propiedad cuyo monto alcance los $500 millones, con la propuesta de la Nueva Mayoría pagaría $8.891.959, y con la de Chile Vamos $8.505.188, es decir, se ahorrará $386.770.

Fuente: @GiorgioJackson

Según el relato de Jackson, “los municipios más pobres, que basan parte importante de sus recursos en el Fondo Común Municipal, verán disminuidos sus ingresos por esta medida -agregadamente- entre US$30 millones a US$50 millones”.