A pocos meses que nuestra legislación sacara un pie de la edad media con la aprobación de ley de aborto por tres causales –lo que nos permitió dejar la vergonzosa lista de países que prohíben el aborto a todo evento– hemos sido testigos de cómo este nuevo gobierno de derecha –fiel a su tradición conservadora– quiere volver al tiempo de las cavernas, con triquiñuelas administrativas de baja monta.

Este hecho solo refleja un deseo de seguir incrementando la apropiación y dominación de los cuerpos y vidas de las mujeres por parte del Estado, buscando restringir nuestras libertades y derechos.

Y es que en este caso, nuestra institucionalidad solo ha demostrado ser un puñado de procedimientos y estructuras destinadas a darles en el gusto a clínicas privadas ligadas a los sectores más conservadores de nuestra sociedad, permitiéndoles sin ninguna condición, ser objetoras de conciencia institucional.

En palabras simples, este hecho demuestra que los derechos de las mujeres están por debajo de los intereses económicos de los privados, lo cual es visto como un acto muy violento por cualquier mujer que esté pasando por un embarazo difícil y tortuoso, pues durante su embarazo verá cómo administrativamente las clínicas se encargarán de hacerle aún más difícil su proceso.

Considerando lo anterior, no resulta exagerado afirmar que este ejemplo de agresión simbólica, incentiva en la sociedad la violencia en contra de nosotras. Paso a paso, los poderes fácticos de nuestro país –como los grupos religiosos que están detrás de las clínicas objetoras– han ido perpetuando la violencia contra las mujeres, con la complicidad de un Estado que pareciera no importarle que se siga debilitando nuestra libertad y autonomía.

Hace más de 150 años, Charles Fourier –filósofo socialista francés– ya afirmaba que en toda sociedad, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Esta crítica de Fourier resulta muy válida en nuestra actual sociedad. Tómese otro ejemplo a este respecto: El Estado no ha sido capaz de castigar, con firmeza y decisión, diversos actos de violencia contra de la mujer, por lo cual seguimos viviendo en una sociedad que todos los días se entera de nuevos femicidios, hechos de discriminación salarial, trato desigual en el ámbito de la salud privada y las pensiones, entre otras tantas situaciones de opresión por razón de género. Y, vuelvo a decirlo claramente: esta realidad no es inocua, pues si el Estado nos violenta con su indiferencia y complicidad con los opresores, ¡cualquier persona se siente, naturalmente, con el derecho de hacerlo también!

Todos somos testigos de este incremento de violencia contra las mujeres, originada por hombres que se creen dueños de nuestras vidas. Pero, ¿por qué un hombre se cree con el derecho de terminar con la vida de una mujer? ¿Cuál es la raíz de esa violencia? ¿Y por qué continúa manteniéndose en el tiempo?

Creo que esto no va cambiar verdaderamente para las mujeres si el Estado nos sigue doblegando, discriminando y actuando de manera paternalista. Si el Estado sigue creyéndose con la autoridad para decirnos qué hacer o no hacer con nuestras vidas y cuerpos. A este sistema de violencia, que ha permeado tanto profundamente en nuestras sociedades desde siempre, pueden colocarle el nombre que quieran –objeción de conciencia institucional, por ejemplo– pero en el fondo se esconde algo más profundo que tiene que ver con cómo algunos políticos desean que el Estado siga siendo un instrumento de dominación de las mujeres, principalmente de las más desposeídas.

Teniendo en cuenta esto, es muy importante tener presente que existen y han existido demasiadas trampas para llegar a nuestra real emancipación. Una de estas trampas puede visualizarse en el ámbito laboral, si consideramos las palabras de una gran filósofa feminista italiana, Silvia Federici, quien nos advierte del engaño de considerar al trabajo asalariado una herramienta para conseguir la libertad de las mujeres, pues esa ansiada libertad, que llegaría con la incorporación de la mujer en el trabajo, no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Pues porque los grupos económicos –avalados ya sabe usted por quién– no poseen un interés genuino por el bienestar de las mujeres, sino que solo tienen intereses de índole económica.

En fin. La violencia hacia la mujer se ha naturalizado con la complicidad del Estado, que no ha sido lo suficientemente firme –sino todo lo contrario– para impedir que nos maten, nos discriminen, nos maltraten. Pero, tarde o temprano, las cosas cambiarán. Por lo pronto, todo el mundo mira expectante cómo las mujeres gritamos a los siete vientos: ¡Ya basta!


Activista y Autora del libro"Mi Testimonio, Aborto, Estado e hipocresía en Chile"